ONPE propone nuevos mecanismos de recuento de votos para las elecciones generales del 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha presentado un proyecto de ley para implementar mecanismos adicionales en el recuento de votos, con el objetivo de mejorar la transparencia y fortalecer la confianza en los próximos procesos electorales en el Perú, según informó la entidad a través de un comunicado oficial.

Este anuncio adquiere especial relevancia en el contexto de las elecciones generales de 2026, para las cuales la presidenta Dina Boluarte tiene como plazo máximo el mes de abril de 2025 para convocarlas, de acuerdo con las disposiciones constitucionales.

La iniciativa responde a la necesidad de garantizar mayor confianza en el sistema electoral frente a cuestionamientos surgidos en procesos anteriores. La ONPE busca prevenir controversias mediante el establecimiento de procedimientos más sólidos que aseguren un escrutinio claro y confiable de los votos emitidos por la ciudadanía.

Según la entidad, estos cambios tienen como fin último “consolidar la legitimidad de los resultados electorales y reforzar la participación de la población en el ejercicio democrático”.

La propuesta de la ONPE se enmarca en los lineamientos de las leyes electorales vigentes en el país y busca fomentar la colaboración de todas las partes involucradas en el proceso electoral. Su propósito principal es garantizar que los procedimientos de recuento sean precisos, transparentes y libres de controversias, sentando las bases para un ejercicio democrático sólido en el 2026.

De acuerdo a la propuesta de la ONPE, el nuevo esquema del proceso de recuento de votos está diseñado para garantizar la transparencia y la confianza en los resultados electorales. Este procedimiento se lleva a cabo bajo estrictas normas y participación de diversas entidades:

• Personal encargado: El recuento sería realizado por personal de la ONPE, siguiendo estrictas medidas de seguridad y transparencia, con la participación del JNE y de los personeros de las organizaciones políticas que lo soliciten.
• Procedimiento: En un acto público, se abriría el sobre lacrado que contiene las cédulas de sufragio, se repetiría el escrutinio y se elaboraría una nueva acta definitiva, que no estaría sujeta a ningún recurso posterior.

Estos son los principales escenarios en los que se podría recurrir a este procedimiento:

• Errores materiales en el acta: Si se detecta un error en la consignación de los datos (como una suma equivocada), este puede ser corregido para evitar que el acta sea declarada nula y, con ello, se pierdan todos los votos de la mesa correspondiente.
• Datos incompletos o ilegibles: En caso de que un acta presente datos incompletos o ilegibles que impidan su uso en el cómputo, se podría revisar el contenido de las otras copias del acta para solucionar el problema. Si esto no fuera posible, se procedería a un recuento.
• Ausencia de actas: Si ninguna de las copias del acta está disponible, se podrían utilizar las cédulas de sufragio para reconstruir el acta extraviada.

Para garantizar que el proceso electoral se desarrolle de manera eficiente y sin demoras, la ONPE precisa en su propuesta ciertos aspectos relacionados con el recuento de votos:

• Expeditividad del recuento: El recuento debe efectuarse de forma rápida y única para no alterar los plazos establecidos en el proceso electoral. Esto es clave si hay posibilidad de una segunda vuelta, ya que la ley exige realizarla 30 días después de la proclamación de resultados y fija la fecha de asunción del mandato de las autoridades electas.
• Decisión del recuento: Según la propuesta, el recuento podría ser solicitado mientras las actas estén bajo la administración de la ONPE, para corregir errores materiales, o podría ser ordenado por un Jurado Electoral Especial (JEE) para resolver observaciones.
• Conservación de cédulas: Las cédulas de sufragio no impugnadas serían resguardadas hasta el día siguiente de la publicación oficial de los resultados por el JNE.
• Transparencia: La ONPE garantiza la transparencia en los procesos electorales mediante la digitalización, procesamiento y publicación de las actas de cada mesa de sufragio. Esta información está disponible en su página web para el acceso de toda la ciudadanía.

Este anuncio ocurre en un momento en que el sistema electoral peruano enfrenta presiones para fortalecer su credibilidad. Las recientes elecciones han estado marcadas por cuestionamientos a los mecanismos de conteo y la demanda de mayor transparencia por parte de los electores. En este contexto, la convocatoria de elecciones generales por parte de la presidenta Dina Boluarte será un evento clave en el calendario político del país, con un impacto significativo en la estabilidad democrática de los próximos años.

En este escenario, el panorama electoral peruano se caracteriza por una amplia diversidad política. Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un total de 39 partidos políticos se encuentran actualmente habilitados para participar en las elecciones generales del 2026. Este elevado número de agrupaciones refleja no solo la pluralidad del sistema político del país, sino también los desafíos logísticos y organizativos que esto implica para las autoridades electorales.

La última actualización del ROP señala que aún existen 34 agrupaciones políticas en proceso de inscripción. De culminar su trámite antes de la fecha requerida, estos podrían participar en las elecciones generales de 2026. En caso todas logren sumarse a la lista de partidos inscritos, se tendrá 73 organizaciones habilitadas para disputar los cargos de elección popular.

Para poder participar, los partidos deben cumplir con requisitos estipulados por la normativa electoral, como la actualización de padrones de afiliados y la realización de elecciones internas que deberán llevarse a cabo entre enero y marzo de 2025.

El alto número de organizaciones políticas habilitadas plantea el riesgo de una mayor fragmentación del voto, un fenómeno que ha caracterizado las elecciones recientes y que complica la formación de mayorías en el Congreso. Según analistas, este panorama podría influir significativamente en los resultados de los comicios del próximo año.

No obstante, la lista definitiva de organizaciones que podrán competir en los comicios se conocerá recién el 12 de abril de 2025, fecha límite para la convocatoria oficial de las elecciones generales.