OEFA: Petroperú y Repsol acumulan multas por más S/500 millones por daños ambientales con el Estado peruano

Han pasado tres semanas desde el afloramiento de petróleo en la Playa Las Capullanas, ubicada en la provincia de Talara, región Piura, durante las labores previas de embarque de combustibles por parte de Petróleos del Perú S.A. (Petroperú), sin que las investigaciones iniciadas por las autoridades del sector hayan determinado la escala de sanciones que recibirá la compañía pública. No obstante, ahora se conoce que tanto Petroperú como Repsol, el otro gran jugador del mercado local de hidrocarburos, acumulan más de S/500 millones en multas por daños ambientales de diversa índole, aunque con un protagonismo distinto al momento de administrar sus respectivas refinerías.

De acuerdo con información proporcionada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a Infobae Perú, las empresas Petroperú y Repsol han acumulado significativas sanciones económicas debido a infracciones ambientales en diversas unidades operativas. Estas multas, impuestas por la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFAI), ascienden a cientos de millones de soles y reflejan la gravedad de los daños ocasionados al medio ambiente en el territorio peruano.

En el caso de Petroperú, OEFA detalló que las multas totales impuestas alcanzan las 71.185,56 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a aproximadamente S/366 millones 605.644,30. De este monto, 36.552,22 UIT (cerca de S/188 millones 442.933) corresponden a sanciones firmes, mientras que 34.633,34 UIT (S/178 millones 162.711,30) se encuentran en proceso de impugnación. Por su parte, Repsol acumula un total de 27.448,30 UIT en multas, lo que equivale a S/146 millones 848.396,98, de las cuales una parte significativa también está siendo impugnada.

Según detalló el OEFA, Petroperú ha recibido multas que suman un total de 71.185.56 UIT, equivalentes a S/366 millones 605.644,30. De este monto, 36.552,22 UIT (aproximadamente S/188 millones 243.933,35) corresponden a sanciones firmes, mientras que 34.633,34 UIT (S/178 millones 361.710,95) se encuentran en proceso de impugnación.

El grueso de las sanciones impuestas a Petroperú está relacionado con los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano, que representan casi el 98% del total de las multas. En este caso, las multas firmes ascienden a 33.301,19 UIT (S/171 millones 501.133,65), mientras que las impugnadas alcanzan 34.473,16 UIT (S/177 millones 536.753,40). Por otro lado, las sanciones relacionadas con la Refinería de Talara, que incluyen tanto la refinería como su planta, representan apenas el 1% del total, con un monto combinado de 637,97 UIT (S/3 millones 285.540,35).

Además, Petroperú ha recibido sanciones por otras unidades ambientales vinculadas, con multas firmes de 2.695,99 UIT (S/13 millones 884.389,70) y multas impugnadas de 77,25 UIT (S/398.827,20). Estas cifras reflejan la magnitud de las infracciones ambientales cometidas por la empresa estatal en diferentes áreas de operación.

Por su parte, Repsol enfrenta multas que suman un total de 27.448,30 UIT, equivalentes a S/146 millones 848.396,98. Estas sanciones se distribuyen entre cuatro entidades del grupo: Refinería La Pampilla S.A.A., Repsol Comercial S.A.C., Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú, y Repsol Gas de la Amazonía S.A.C..

La mayor parte de las sanciones impuestas a Repsol, un 95% del total, corresponde a la Refinería La Pampilla S.A.A., que acumula multas por 26.146,68 UIT (S/139 millones 884.748,70). De este monto, 13.145,89 UIT (S/70 millones 330.527,55) son sanciones firmes, mientras que 13.000,79 UIT (S/69 millones 554.221,15) están impugnadas o en proceso de impugnación.

En cuanto a las otras entidades del grupo, las sanciones son significativamente menores. Repsol Comercial S.A.C. ha recibido multas por 60,22 UIT (S/322.187,70), mientras que Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú acumula 1.241,01 UIT (S/6 millones 639.427,58). Por último, Repsol Gas de la Amazonía S.A.C. enfrenta una sanción mínima de 0,38 UIT (S/2.033).

Uno de los casos más emblemáticos en las sanciones a Repsol es el derrame de petróleo ocurrido en 2022 en la Refinería La Pampilla, que generó una emergencia ambiental de gran magnitud. Según informó OEFA, las multas impuestas por este incidente ascienden a 25.617,12 UIT (S/131,7 millones). De este total, 12.616,33 UIT (S/64,9 millones) corresponden a sanciones firmes, mientras que S/13.000,79 UIT (S/69,5 millones) están en proceso de impugnación.

Pero no es el único organismo que aplica multas en el sector. Además de las sanciones de OEFA, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) también impuso multas a Refinería La Pampilla S.A.A. por el mismo incidente. Estas sanciones suman 6.756,63 UIT, equivalentes a S/34,8 millones, lo que incrementa aún más la carga económica para la empresa.

El estado actual del oleoducto representa una carga económica y operativa para Petroperú, que se encuentra en una situación financiera delicada. Carlos Gonzáles, especialista de Enerconsult, explica para Infobae Perú que la falta de adecuación de la infraestructura a los estándares internacionales de seguridad y normativas locales, como el Decreto Supremo 081-2007, pone en riesgo no solo su operatividad, sino también el futuro del crudo extraído en la selva norte.

Para Gonzáles, el mantenimiento y la modernización del oleoducto deberían ser asumidos directamente por el Estado peruano. En su lugar, argumenta que exigir a Petroperú que financie estas mejoras es inviable, dado que la empresa enfrenta serias limitaciones económicas.

“Sería un crimen que se pretenda exigirle a Petroperú que ponga el oleoducto en estándar operativo en estos momentos”, señaló. Según el especialista, el Estado debería asumir esta inversión como un préstamo que posteriormente podría ser reembolsado por Petroperú.

Gonzáles advirtió que, de no realizarse las adecuaciones necesarias, el petróleo de esta región podría ser exportado a través de Brasil o Ecuador, en lugar de llegar a la refinería de Talara. Esto implicaría que la millonaria inversión de US$6.000 millones en la modernización se destine a procesar crudo extranjero, como el ecuatoriano o colombiano, en lugar del petróleo peruano. “Sería una locura”, enfatizó el experto.

Además, el especialista destacó que la situación actual también está vinculada a las políticas de Perupetro, la entidad encargada de promover la inversión en hidrocarburos en el país. Según Gonzales, las altas tasas de regalías, que oscilan entre el 20% y el 25% en los lotes de la selva norte, desincentivan la inversión en comparación con países vecinos como Brasil, donde las regalías para lotes marginales son del 5%. Esta diferencia podría llevar a que las empresas opten por invertir en otros mercados más competitivos, afectando directamente la producción nacional.

Para abordar esta problemática, Enerconsult propuso la creación de un comité tripartito que incluya a Perupetro, Petroperú y el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Este comité tendría como objetivo buscar soluciones integrales que beneficien tanto a la industria como a las regiones afectadas. Según el experto, la prioridad debe ser garantizar la operatividad del oleoducto, ya que su paralización tendría un impacto transversal en la economía del país. “Si matas el oleoducto, matas el crudo de la selva norte. Ya no llega a Petroperú”, advirtió.