En medio del escándalo por la presunta red de prostitución en el Congreso, el presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, anunció que propondrá a los integrantes de la Mesa Directiva el retorno del Estatuto Parlamentario, un instrumento modificado durante la gestión del fujimorista Luis Galarreta.
“Precisamente, en la conferencia que hemos dado el día 2 de enero, hemos señalado que vamos a proponer a la Mesa Directiva —porque no es una decisión solo de la presidencia— que se vuelva a aplicar el Estatuto Parlamentario. ¿Qué es esto? Es un instrumento que permite garantizar que los trabajadores que ingresen, de confianza o contratados al servicio parlamentario, tienen que entrar básicamente por su capacidad profesional, por su competencia e idoneidad”, afirmó Salhuana.
En declaraciones a RPP, el presidente del Congreso recordó que, antes de que estallara el escándalo generado por el asesinato de Andrea Vidal, presentó un proyecto de ley para reinstaurar esta herramienta en los procesos de contratación.
“El que habla es autor de un proyecto de ley para poner en vigencia el Estatuto del Servicio Parlamentario, y ese proyecto, presentado por el que habla, tiene dictamen favorable de la Comisión de Constitución. Ya nos hemos reunido con los dos sindicatos del Congreso para implementarlo, y vamos a plantearlo a la Mesa Directiva. De aprobarse, con eso iremos y corregiremos en gran medida lo que ha venido sucediendo hasta ahora”, agregó.
La gestión de Eduardo Salhuana ha sido objeto de múltiples cuestionamientos en las últimas semanas. En primer lugar, sectores de la oposición critican lo que consideran un manejo inadecuado para iniciar las investigaciones sobre el supuesto entramado de compra de votos y favores sexuales en el Congreso.
A ello se suma la polémica relación entre Jorge Torres Saravia y Alianza para el Progreso, el partido al que pertenece Salhuana, lo que ha generado descontento y motivado la recolección de firmas para presentar una moción de censura en su contra.
Contrataciones
El retorno del Estatuto del Servicio Parlamentario no es una idea nueva. Durante las sesiones de la Comisión de Fiscalización, los funcionarios del Congreso no pudieron explicar cómo Jorge Torres Saravia, un hombre con antecedentes por violación, llegó a ser jefe de la Oficina Legal y Constitucional.
Asimismo, el semanario Hildebrandt en sus trece evidenció la falta de experiencia de Isabel Cajo Salvador, quien habría sido contratada por recomendación de Alejandro Soto. Cajo, quien trabajó hasta diciembre en el Congreso y ganaba más de 7,000 soles, no contaba con grado de bachiller. Edwin Martínez, parlamentario que la contrató, justificó su decisión al afirmar que para las funciones requeridas en su despacho no era necesario ser bachiller.
“Isabel Cajo presentó su carta de renuncia en un momento difícil para ella, por toda la repercusión que está sufriendo, pero todavía tiene un trabajo pendiente. Yo le dije que una vez que termine el trabajo, se le aceptará la renuncia”, declaró Martínez.
Mientras las investigaciones sobre la presunta red de explotación sexual avanzan, se pone en evidencia otra grave deficiencia del Parlamento: la contratación de funcionarios con escasa preparación para ocupar puestos de alta dirección.
Comisión de Fiscalización
Es en este contexto que, Tulio Vizcarra, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso (SITRACON), instó a las autoridades a reinstaurar el Estatuto del Servicio Parlamentario, argumentando que la ausencia de esta normativa es la principal causa de las deficiencias en los procesos de contratación y los recientes cuestionamientos en la institución.
El funcionario indicó que desde 2019 sostuvo reuniones con los diferentes titulares del Legislativo y a todos les expuso la necesidad de volver a implementar la citada normativa.
Sobre el caso de presunta prostitución, agregó que no existen pruebas concluyentes que respalden las denuncias sobre la presunta red de prostitución dentro del Parlamento. Asimismo, denunció que los hijos de las trabajadoras del Congreso están siendo víctimas de bullying debido a la difusión de estas acusaciones.
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