En medio de la expectativa en torno a la conferencia de prensa que estaba a punto de brindar el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, agentes de la Dirección contra la Trata de Persona de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes de la Fiscalía se presentaron en el Palacio Legislativo.
Las autoridades ingresaron a las instalaciones del Parlamento ante la denuncia sobre una presunta red de prostitución que operaría dentro del Congreso y que involucraría a altos funcionarios. Luego de casi cinco horas, el personal del Ministerio Público y la PNP se retiró llevándose computadoras y cajas llenas de documentos.
Trascendió que estos objetos pertenecen a la Oficina de Previsión y Seguridad del Congreso, en donde se mantiene el registro de los vídeos que captan las cámaras de seguridad y está el centro de monitoreo. Desde esta habitación, se puede observar cada rincón del Palacio Legislativo.
Mientras se realizaban estas diligencias, Salhuana, en diálogo con los periodistas presentes, indicó que se le está brindando todas las facilidades al Ministerio Público para que ingresen a las instalaciones del Palacio Legislativo y realicen las diligencias que consideren pertinentes.
“También están haciendo diligencias vinculadas a las videocámaras y a alguna documentación, que si ellos consideran, incautarán o decomisarán. Eso ya es decisión de ellos, pero nosotros brindaremos todas las facilidades”, agregó.
Pronunciamiento de la Fiscalía
A través de su cuenta de X, plataforma antes conocida como Twitter, el Ministerio Público informó que la Fiscalía en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro (Equipo 1) acopió información solicitada a diversas áreas del Congreso vinculada con la investigación preliminar contra Jorge Torres Saravia, por presunto delito de explotación sexual.
La diligencia se extendió hasta más allá de las 8 p.m. Las cámaras de ATV captaron imágenes de los encargados de la diligencia retirando material que supuestamente contenía pruebas, tales como computadoras y archivos.
Antecedentes del caso
Según una investigación periodística, Vidal Gómez contactaba, por órdenes de Jorge Torres, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, a modelos para contratarlas bajo cargos ficticios para ofrecer servicios sexuales a funcionarios.
Tras conocerse el caso, las autoridades del Parlamento destituyeron de forma inmediata a Torres Saravia y comenzaron una investigación interna para descubrir qué hay detrás de estas acusaciones.
Ahora, un grupo de congresistas de diversas bancadas solicitó el cese inmediato del oficial Mayor, Giovanni Forno Flórez, por su vinculación con la presunta red de prostitución y falta de transparencia durante su gestión.
Al respecto de esto último, el presidente del Parlamento anunció que la continuidad de Forno en su cargo será evaluada por la Mesa Directiva. Durante la conferencia de prensa, indicó que esta instancia está “evaluando los hechos y las posibles responsabilidades de tomar una decision”.
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