Dina Boluarte cierra el 2024 con nueve investigaciones: delitos y casos en los que está implicada

La jefa de Estado iniciará el 2025 como la presidenta con menos popularidad en Sudamérica, sin responder a los medios de comunicación y enfrentándose a la Fiscalía

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Mandataria afronta varias investigaciones. |
Mandataria afronta varias investigaciones. | Presidencia

Dina Boluarte, presidenta de Perú, culmina el 2024 con un complejo panorama judicial con un total de nueve investigaciones. Lejos de enfocarse en esclarecer los hechos y ser abierta con los medios de comunicación, la mandataria ha optado por el silencio y enfrentamientos con el Ministerio Público, encargado de llevar adelante las diligencias.

Entre las acusaciones destacan presuntos delitos como homicidio, lesiones graves, enriquecimiento ilícito, cohecho y abandono del cargo. Estas investigaciones, que abarcan desde su campaña política hasta su gestión como presidenta, han generado un clima de inestabilidad política y una notable desaprobación hacia su figura en el país y la región. De acuerdo a CB Consultora, es la menos popular de Sudamérica, con 76,4% de rechazo.

¿Cuáles son las investigaciones de Dina Boluarte?

Uno de los casos más recientes que involucra a Boluarte es el de abandono del cargo presidencial, iniciado tras las declaraciones del ex primer ministro Alberto Otárola ante el Congreso. Según Otárola, Boluarte se ausentó de sus funciones durante varios días en junio del año pasado debido a una intervención quirúrgica estética (rinoplastia), sin informar oficialmente sobre su incapacidad temporal. Este hecho ha llevado a cuestionamientos sobre el cumplimiento de sus responsabilidades como mandataria.

Otro caso destacado es el conocido como Rolexgate, que incluye acusaciones de cohecho pasivo impropio y enriquecimiento ilícito. En mayo, el entonces fiscal de la Nación, Juan Villena, decidió separar las investigaciones relacionadas con la no declaración de relojes y joyas por parte de Boluarte. Paralelamente, la investigación sobre enriquecimiento ilícito se centra en un presunto desbalance en sus cuentas bancarias y en el origen de depósitos realizados entre julio de 2021 y agosto de 2022.

Vínculo entre Wilfredo Oscorima y
Vínculo entre Wilfredo Oscorima y Dina Boluarte se quebró tras el destape del caso 'Rolexgate'. (Foto: Presidencia del Perú)

En el caso denominado Cofre, las autoridades investigan el uso del vehículo presidencial, conocido con ese nombre, y su posible conexión con la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre. Según un testimonio, Boluarte habría utilizado este vehículo para transportar a un familiar al condominio Mikonos, lugar donde la policía buscaba a Cerrón.

Otra investigación relevante se relaciona con presuntas reuniones secretas entre Boluarte y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Según el exasesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva, ambas se habrían reunido entre cuatro y cinco veces para intercambiar beneficios. Este caso ha generado interrogantes sobre posibles acuerdos que podrían haber influido en decisiones judiciales.

Asimismo, la desactivación del equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que apoyaba al Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) es objeto de otra investigación. En este caso, Boluarte y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, enfrentan acusaciones de encubrimiento personal y abuso de autoridad. La medida de desactivar este grupo ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de obstaculizar investigaciones relacionadas con corrupción.

Dina Boluarte y Juan José
Dina Boluarte y Juan José Santiváñez comparten el 4% de aprobación, según Ipsos Perú. (Foto: Mininter)

El caso conocido como Los Dinámicos del Centro también involucra a Boluarte, quien habría desempeñado un papel en la contabilidad de las cuentas del partido Perú Libre durante la campaña electoral de 2021. Las autoridades investigan el origen del financiamiento de esta campaña, que podría estar vinculado a actividades ilícitas.

A ellas se suman las investigaciones por las muertes en protestas sociales, las cuales se dividen en una carpeta por homicidio calificado, junto a sus ministros, por la muerte de cinco manifestantes, y otra por lesiones graves y lesiones leves, a título de comisión por omisión, en relación con la muerte de 44 personas y 116 heridos, producto de las protestas.

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