La congresista Norma Yarrow, miembro de la bancada de Renovación Popular, ha pedido a la Comisión de Fiscalización del Congreso citar cuanto antes a Rosa Vicky Navarro Rivera, quien denunció por violación a Jorge Torres Saravia. “Aún hay mucho por saberse en este caso”, sostiene la parlamentaria.
Navarro Rivera denunció en enero de 2020 al exdirector de la Oficina de Asesoría Legal del Parlamento, Jorge Luis Torres Saravia, por presunta violación sexual. Esta citación se enmarca en las investigaciones relacionadas con el caso Andrea Vidal, un complejo entramado que incluye la muerte de la extrabajadora del Congreso, quien recibió 70 disparos de arma de fuego, y la posible existencia de una red de proxenetismo dentro del órgano legislativo. Según informó Perú 21, la sesión extraordinaria para tomar su declaración podría realizarse la próxima semana.
El caso ha generado gran atención debido a las graves acusaciones que involucran a Torres Saravia, quien además ha sido señalado por presuntos actos de amedrentamiento hacia la denunciante. La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, reveló durante una sesión reciente que el exfuncionario habría enviado una carta notarial a la mujer el pasado 14 de octubre, lo que podría interpretarse como un intento de intimidación. Este documento ya se encuentra en manos de la Comisión de Fiscalización como parte de las pruebas que se están evaluando.
Además de la denunciante, también será citado su esposo, para brindar su testimonio en el marco de las investigaciones. La fecha exacta de la sesión extraordinaria deberá ser confirmada por la Comisión a cargo de Juan Burgos, de Podemos Perú.
Presuntas irregularidades y denuncias de amedrentamiento
El pasado jueves, durante una sesión de la Comisión de Fiscalización en la que Torres Saravia fue interrogado, Norma Yarrow denunció públicamente que la mujer que lo acusa de violación estaría siendo víctima de hostigamiento. Según el medio, la congresista presentó como evidencia la mencionada carta notarial, la cual habría sido enviada por el exfuncionario con el aparente objetivo de presionarla. Este hecho ha generado preocupación entre los legisladores, quienes buscan garantizar que las investigaciones se desarrollen sin interferencias ni actos de intimidación hacia las partes involucradas.
El caso Andrea Vidal no solo ha puesto en el centro de atención a Torres Saravia, sino que también ha destapado sospechas sobre la posible existencia de una red de proxenetismo dentro del Congreso. La gravedad de estas acusaciones ha llevado a que diversas bancadas soliciten medidas para asegurar la transparencia en el proceso. En este contexto, el congresista Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso (APP), ha declarado que no renunciará a su cargo, a pesar de las presiones, con el fin de evitar cualquier percepción de encubrimiento por parte de su partido.
Un caso que sacude al Congreso
El Congreso de la República se encuentra en el centro de un escándalo que ha generado indignación en la opinión pública. Según informó El Comercio, una presunta red de prostitución operaría dentro de esta institución, y el caso ha tomado mayor relevancia tras la muerte de Andrea Vidal, quien trabajaba en el despacho de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento.
Torres Saravia ha sido señalado como el principal implicado en esta red, lo que ha llevado a la apertura de investigaciones tanto administrativas como penales. El caso salió a la luz tras el fallecimiento de Andrea Vidal el pasado 17 de diciembre. La joven había sido víctima de un ataque a balazos el 10 de diciembre en el distrito de La Victoria, mientras se desplazaba en un taxi. Vidal permaneció siete días en la unidad de cuidados intensivos del hospital Dos de Mayo antes de sucumbir a sus heridas.
Este hecho marcó el inicio de una serie de revelaciones que vinculan a Torres Saravia con actividades ilícitas dentro del Congreso, incluyendo el presunto proxenetismo y su posible relación con el crimen de Vidal. Otras mujeres también han sido mencionadas en el caso, entre ellas Alexandra Gil, Karla Ruiz e Isabel Cajo Salvador, quienes habrían tenido algún tipo de vínculo con las actividades investigadas. La gravedad de las acusaciones ha llevado al Parlamento a iniciar un procedimiento administrativo disciplinario contra Torres Saravia por la presunta comisión de una falta grave laboral. Además, se ha conformado una comisión ad hoc para investigar los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
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