La nueva Ley Agraria, que será revisada este viernes por la Comisión Permanente del Congreso de la República, restringe la actuación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en la agroexportación a solo una de cada cuatro inspecciones ejecutadas en el sector agrario, situación que abre la posibilidad para la comisión de infracciones y delitos laborales en uno de los principales motores económicos del país.
El problema surge con la tercera disposición complementaria final del dictamen recaído en los proyectos de ley 2421/2021-CR, 3785/2022-CR, 3954/2022-CR, 5500/2022-CR, 5861/2023-CR, 7149/2023-CR y 8924/2024-CR, “Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna”.
Sin embargo, el dispositivo también establece que estas actuaciones deberán representar, “por lo menos, un 75% del total de las órdenes de inspección, operativos o cualquier actuación de inteligencia e investigación de dicha entidad (en el sector agrario)”.
En otras palabras, Sunafil solo podrá realizar hasta el 25% de sus actuaciones inspectivas en el sector agrario formal, puesto que el otro 75% deberá realizarlo, obligatoriamente, entre los productores informales. Un total despropósito, si consideramos que el grueso del empleo agrícola en este segmento no es asalariado, sino autónomo, explica el exviceministro de Empleo del MTPE, Fernando Cuadros Luque.
De esta manera, los poco más de 800 inspectores con que, únicamente, cuenta la Sunafil para cubrir todo el territorio, tendrían un tope para recibir denuncias laborales desde el sector agrario formal.
Vale precisar que el sector agroindustrial también comete numerosas infracciones laborales vinculadas a prácticas antisindicales, contratos temporales desnaturalizados, entre otros, de acuerdo al especialista.
La nueva Ley Agraria y sus impulsores en el Congreso
No es difícil encontrar la hilación que llevó el dictamen de la nueva Ley Agraria hasta la Comisión Permanente. La multinacional Camposol, principal agroexportadora de arándanos y mangos del Perú, es la primera empresa beneficiaria de los nuevos incentivos del Congreso, según el documento enviado por el MEF a las comisiones para su revisión.
Detrás de ella, se encuentran otras seis compañías: Beta, Damper, Cerro Prieto, Agrokasa, Ecosac y Agrovisión. En total, siete de las diez más grandes empresas agroexportadoras del Perú se verían alcanzadas por la norma; de las cuales, al menos seis, tienen operaciones en el norte, sobre zonas productivas como La Libertad, Lambayeque y Piura.
Si bien el dictamen que revisará la Comisión Permanente del Congreso contiene iniciativas emanadas de bancadas de izquierda y derecha por igual, existe una clara tendencia de legisladores del norte que contribuyeron en su redacción.
Es el caso de Cruz María Zeta Chunga y Eduardo Castillo (Fuerza Popular), Miguel Ángel Ciccia (Renovación Popular), y Roberto Kamiche (Alianza para el Progreso). Los tres primeros por Piura y, el último, por La Libertad.
Es necesario recordar que la Sunafil no actúa exclusivamente en base a inspecciones planificadas, sino también a partir de denuncias recibidas. Al imponerle un límite de 25%, el Congreso está colocando, en la práctica, una mordaza invisible a los trabajadores del agro.
En 2021, Sunafil totalizó 1.160 fiscalizaciones originadas por denuncias en la actividad agroindustrial, además de concretar 1.923 operativos de fiscalización en el sector. En primera instancia, se emitieron 358 multas.
Del mismo modo, un informe de Ojo Público de mayo de este año reveló que Agroindustrial Pomalca S.A.A., la productora de azúcar más grande del mercado, figuraba entre las 10 empresas más multadas por infracciones laborales cometidas entre 2019 y 2023, acumulando un total de S/6 millones 552.310 en tan solo 35 multas.
Impacto fiscal de S/1.850 millones con la nueva Ley Agraria
Esta indefensión de los trabajadores, que será ventilada hoy en la Comisión Permanente, no sería el único impacto negativo que la nueva Ley Agraria. De acuerdo con estimaciones del MEF, la reciente propuesta legislativa, conocida como Ley Chlimper 2.0, podría también representar un costo significativo para el Estado peruano.
Esta normativa, que busca reducir el impuesto a la renta al 15% para las empresas agroexportadoras, tendría un impacto fiscal anual de aproximadamente S/1.850 millones, acumulando un total cercano a los S/20.000 millones en el transcurso de una década.
Según informó Conveagro, el gremio que agrupa a los productores agrarios, las agroexportadoras han registrado un incremento del 74% en sus ganancias durante 2023. Este dato ha sido destacado por Eduardo Zegarra, asesor de la organización, quien cuestionó la necesidad de otorgar nuevos beneficios fiscales a un sector que ya muestra un crecimiento significativo.
“El sector agropecuario es el m·s beneficiado con tratamientos tributarios preferenciales en el paÌs (m·s del 20% del total estimado). Se estima que en el 2025 los gastos tributarios del sector, incluyendo los beneficios del presente Dictamen, superen los S/7.260 millones. Asimismo, es beneficiario de alrededor del 50% del drawback”, señala el MEF en su informe final.
