Betssy Chávez seguirá en la cárcel: Poder Judicial amplía prisión preventiva por 15 meses

El Poder Judicial amplió por 15 meses más el plazo de prisión preventiva contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez.

El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria dispuso que Chávez Chino continúe en la cárcel mientras sigue la investigación en su contra por su participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre del 2022.

Es así que, Betssy Chávez deberá seguir recluida en el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos hasta el próximo 19 de marzo del 2026.

Según el documento judicial, el magistrado también instó a la Fiscalía a presentar el requerimiento de medidas dentro del plazo establecido.

Betssy Chávez señaló que estaba “secuestrada” en el penal de mujeres, pues el plazo de prisión preventiva venció el pasado 19 de diciembre.

Un día antes, el 18, la Fiscalía emitió el requerimiento de ampliación de prisión preventiva contra la política, por lo que el 19 se programó la audiencia para el 26 de diciembre.

La decisión se basa en el peligro de fuga y la posible obstrucción de la justicia, ya que existen antecedentes de intentos de huida y eliminación de pruebas.

En los fundamentos expuestos, la Fiscalía recordó que una vez que se produjo la detención de Pedro Castillo en diciembre de 2022, Betssy Chávez intentó refugiarse en la embajada de México para pedir asilo.

Adicionalmente, tras el fracaso del autogolpe, Chávez Chino dispuso que todos los elementos de su oficina en la PCM, como laptops, documentos y carteras, le sean entregados. Y también, entregó otro celular al Ministerio Público, dificultando así la recolección de pruebas.

Asimismo, la Fiscalía indica que este proceso involucra a varios acusados, incluyendo a altos funcionarios, y se relaciona con un supuesto golpe de Estado, lo que lo hace excepcionalmente complejo.

Como se recuerda, Betssy Chávez, es sindicada como coautora del delito de rebelión, relacionado con el intento de disolver el Congreso y declarar un estado de excepción. Por lo que la Fiscalía pide 25 años de pena privativa de la libertad en su contra.

Betssy Chávez, quien ocupó el cargo de presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, fue una figura clave en los momentos previos al autogolpe de Estado anunciado por el expresidente en un mensaje a la nación.

La abogada, conocida por su estrecha relación con Castillo y su militancia en Perú Libre, tuvo una trayectoria marcada por puestos de alta responsabilidad en el Ejecutivo.

Chávez se desempeñó primero como ministra de Trabajo, cargo en el que enfrentó críticas que culminaron con su censura por parte del Congreso. Posteriormente, asumió la cartera de Cultura, aunque su paso por esta institución fue breve. Su ascenso a la Presidencia del Consejo de Ministros llegó tras la renuncia de Aníbal Torres, pero su tiempo al frente del Gabinete Ministerial duró menos de dos semanas.

Horas después del fallido intento de disolver el Congreso y establecer un estado de excepción, Chávez presentó su renuncia, cerrando un capítulo controvertido de su carrera política.

El Poder Judicial de Perú ha dado un paso crucial en el caso contra el expresidente Pedro Castillo, al ordenar que sea sometido a juicio por el intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022. La decisión fue tomada por la sala presidida por el juez supremo Juan Carlos Checkely Soria, quien emitió una resolución que dispone el inicio del proceso judicial contra el exmandatario y varios de sus exministros.

El expediente completo del caso ha sido remitido a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que será la encargada de programar la fecha y hora para el inicio del juicio oral. Este proceso se centrará en las acusaciones presentadas por el Ministerio Público, que incluyen los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública. Por estos cargos, Castillo enfrenta una posible condena de 34 años de prisión, además de tres años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

Junto a Castillo, otros exfuncionarios de alto rango también serán procesados. Entre ellos se encuentran Betssy Chávez, quien ocupaba el cargo de presidenta del Consejo de Ministros; Willy Huerta, exministro del Interior; y Roberto Sánchez, congresista y exministro de Comercio Exterior y Turismo. Para estos tres exministros, la Fiscalía ha solicitado penas de 25 años de prisión y dos años y medio de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El caso también incluye a Aníbal Torres, quien fue jefe del Gabinete Ministerial antes de que Chávez asumiera el cargo y se desempeñaba como asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el momento en que Castillo anunció el fallido golpe de Estado.