Dina Boluarte se atribuye logros de Julio Velarde y destaca como propios control de la inflación y el tipo de cambio

¿Un nuevo intento por capitalizar, políticamente, los resultados de un organismo autónomo? La presidenta Dina Boluarte se atribuyó logros del presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, durante la inauguracion de la comisaría “Nuevo Progreso” de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Villa María del Triunfo.

En el marco de la presentación de la nueva sede policial, a la cual no asistió ningún vecino por decisión de seguridad del Estado, la mandataria resaltó las proyecciones económicas del país para los próximos años, afirmando que el Perú continuará liderando el crecimiento en América Latina. Sin embargo, sus declaraciones no se ajustan a la realidad, ya que ajudica al Ejecutivo logros que, según la Constitución Política del Perú, corresponden al máximo ente emisor.

De acuerdo con las palabras de Boluarte, el año 2024 será clave para la recuperación económica, mientras que 2025 consolidará al Perú como líder regional en crecimiento económico. “El Perú continuará creciendo por encima del 3% y estará por delante de países como Chile, Colombia y México”, afirmó la dignataria.

“Estos logros no son cuestiones del azar, como dicen aquellos que nos critican y piensan solo en negativo, sino que son el resultado de las políticas del gobierno adecuadas y un entorno macroeconómico estable que incluye una inflación controlada y un tipo de cambio favorable. Estos elementos son clave para mantener la competitividad y el dinamismo económico de nuestro país”, manifestó la jefa de Estado.

No es así. Según lo establecido en el Capítulo V de la Constitución Política del Perú, el control de la inflación y la estabilidad del tipo de cambio son responsabilidades exclusivas del BCRP. Este organismo, autónomo por mandato constitucional, tiene como finalidad preservar la estabilidad monetaria del país. Para ello, implementa políticas monetarias bajo un esquema de metas explícitas de inflación, con un rango de tolerancia entre el 1% y el 3%.

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que forma parte del Poder Ejecutivo, tiene competencias distintas y se encarga de las políticas fiscales del país, incluyendo áreas como tributación, finanzas públicas, endeudamiento, presupuesto y promoción de la inversión privada. Incluso, alguna vez el ministro Arista se ha enfrentado públicamente al BCRP por sus políticas restrictivas de emisión.

El artículo 84 de la Constitución dicta que el BCRP es una persona jurídica de derecho público con autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica. Entre sus funciones principales se encuentran regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales y garantizar la estabilidad monetaria.

Estas atribuciones son fundamentales para mantener la competitividad y el dinamismo económico del país, aspectos que Boluarte destacó como pilares del crecimiento proyectado.

Justamente, la autonomía del BCRP, garantizada por la Constitución, ha sido un factor clave para la estabilidad económica del Perú en las últimas décadas.

Su capacidad para implementar políticas monetarias independientes ha permitido al país enfrentar desafíos como la inflación y las fluctuaciones del tipo de cambio. Por su parte, el MEF, bajo la dirección del Ejecutivo, se enfoca en áreas complementarias que buscan promover el crecimiento económico y la inversión.

En realidad, el MEF está jalado. El crecimiento de 3% destacado por la presidenta Dina Boluarte para 2024 es insuficiente, e incluso “mediocre”, según diversos especialistas, calificadoras de riesgo y organismos multilaterales, como el Banco Mundial.

Durante su participación en el evento empresarial CADE 2024, celebrado en noviembre, Norman Loayza, director del Grupo de Indicadores Globales de esta institución, destacó que el país enfrenta importantes desafíos estructurales que limitan su capacidad de alcanzar un desarrollo económico sostenido.

Según Loayza, Perú debe superar lo que denominó “la trampa del ingreso medio” y aspirar a un crecimiento superior al 5% para garantizar un progreso significativo.

Además, el Gobierno peruano enfrenta un escenario de déficit fiscal -es decir, está gastando más de lo que tiene- que alcanzará el 3,2% al cierre del ejercicio 2024, bastante por encima del 2,8% que el propio MEF se había fijado. Esta situación ha sido advertida por el Consejo Fiscal como una bomba de tiempo.