El Ministerio Público confirmó a través de sus redes sociales que el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva a Andrés Hurtado ‘Chibolín’ por el caso de Migraciones, tras presuntamente haber participado en el trámite de renuncia a la nacionalidad peruana del futbolista Roberto Siucho en el 2019.
“La Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro (Sexto Despacho) consiguió que se dicte nueve meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado Grados como parte de la investigación que se sigue en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias”, escribió la institución en la plataforma X.
De acuerdo a la tesis fiscal existirían irregularidades en el proceso que requería el hermano de Iván Siucho Neira para poder jugar en la liga china. Al exconductor de televisión lo sindican de presuntamente contactarse con Roxana del Águila, exjefa de Migraciones, para solicitarle facilidades en el trámite a la renuncia a la nacionalidad peruana.
Cabe señalar que sobre Hurtado ahora pesan dos órdenes de prisión preventiva: una por presunto lavado de activos que ya lo tiene privado de su libertad por 18 meses y otra por este segundo caso relacionado a Del Águila.
Buscaba dejar la prisión
Este 20 de diciembre, el juez Juan Carlos Checkley realizó una audiencia judicial para justamente evaluar si se disponía que Andrés Hurtado Chibolín recobre su libertad, pero con esta segunda prisión preventiva impuesta en su contra se haría imposible que deje el penal de Lurigancho para pasar la Navidad y el Año Nuevo con su familia.
En la audiencia de este viernes, Andrés Hurtado y su defensa legal utilizaron como principal argumento la necesidad de trabajar para poder sostener económicamente a su hija menor de nueve años.
La diligencia, llevada a cabo ante el juez Juan Carlos Checkley, enfrentó los alegatos de la defensa y la posición del Ministerio Público, representado por el fiscal Luis Zapata Gonzales.
Durante su intervención, Hurtado hizo un llamado directo al magistrado al explicar las dificultades económicas que atraviesaría su menor hija, debido a su imposibilidad de trabajar.
“Mi hijita Lucianita, que tiene nueve años de edad, necesita del trabajo de su padre porque hace dos meses no contribuyo en absolutamente nada. Esa niña necesita desayuno, almuerzo, comida y casa, porque soy el único que se responsabiliza de ella”, dijo Hurtado.
El conductor agregó que, desde el inicio del proceso, colaboró plenamente con las autoridades y muestra de ello es que entregó su pasaporte.
“Desde el día uno entregué mi pasaporte a su juzgado para poder tener una comparecencia restringida y poder trabajar en mi país”, sostuvo.
Además, enfatizó que su intención no es generar un espectáculo mediático y que, pese a la insistente intención de los canales de televisión por entrevistarlo, siempre se ha negado.
Defensa argumenta
El abogado de Hurtado, Russel Robles, defendió la petición de su cliente y señaló la inacción de la fiscalía durante los últimos meses.
Según el letrado, las diligencias realizadas hasta el momento no han aportado elementos nuevos ni suficientes para justificar la prisión preventiva.
“La Fiscalía en dos meses solamente ha realizado pequeñas diligencias. No se ha levantado la reserva tributaria, financiera ni bancaria”, sostuvo el abohado, para añadir que toda la información solicitada por el Ministerio Público se encuentra disponible en las entidades competentes, como la Sunat y la SBS.
Robles también desestimó uno de los principales elementos esgrimidos por la Fiscalía: un cheque por 126.000 dólares emitido a la empresa Los Ceibos.
“Hemos acreditado y adjuntado la copia literal de la empresa. Mi cliente no es socio, no es trabajador, no es nada. Existe una factura electrónica donde se detalla el motivo de ese monto, y esos periodos son auditados cada año por la Sunat”, afirmó Robles.
En ese sentido, el abogado solicitó al juez que evalúe sustituir la prisión preventiva por medidas menos gravosas, como la detención domiciliaria con grillete electrónico o la comparecencia con restricciones.
“Mi cliente se allanará a cualquier condición que el magistrado estime, incluso limitando su movilidad a determinadas cuadras u horarios”, puntualizó.
Fiscalía mantiene su postura
Por su parte, el fiscal Luis Zapata Gonzales rechazó los argumentos de la defensa y sostuvo que no existen elementos nuevos que ameriten la variación de la medida.
Zapata recordó que la gravedad de los hechos y los indicios contra Hurtado ya fueron confirmados en instancias superiores, incluida la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
“La sospecha grave ha sido establecida tanto por su despacho como por la Sala Suprema al resolver la apelación”, afirmó el fiscal.
Asimismo, Zapata cuestionó la conducta del investigado al señalar contradicciones en sus declaraciones y hechos que evidenciarían un riesgo de obstrucción.
El fiscal mencionó que Hurtado declaró tener solo dos líneas telefónicas registradas a su nombre, cuando el reporte de Osiptel revela que cuenta con ocho números. “Esto evidencia la potencial facilidad de ocultar información”, indicó.
El representante del Ministerio Público también mencionó presuntas amenazas proferidas por el investigado en contra del fiscal Juan Castillo y la doctora Alejandra Cárdenas, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de mantener la prisión preventiva.
Además, cuestionó la fiabilidad del arraigo domiciliario presentado por la defensa y precisó que Hurtado ha proporcionado distintos domicilios durante el proceso, incluidos hoteles.
“El contrato de arrendamiento ya fue valorado en su momento y no constituye un elemento novedoso”, aseveró el representante del Ministerio Público.
Juez deberá decidir
La audiencia concluyó tras escuchar las posiciones de ambas partes. Mientras la defensa insiste en la posibilidad de adoptar medidas alternativas a la prisión preventiva, como la detención domiciliaria o la vigilancia electrónica, la Fiscalía mantiene su postura sobre la necesidad de mantener la medida actual debido a los riesgos procesales.
El juez Juan Carlos Checkley deberá emitir en los próximos días su decisión respecto a la solicitud de Andrés Hurtado, cuyo futuro judicial sigue siendo incierto en un proceso que ha captado la atención de la opinión pública.
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