El Poder Judicial admitió este lunes el recurso de apelación presentado por la defensa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, quien se encuentra prófugo desde que se le impuso una prisión preventiva de 36 meses en el marco de un caso de tráfico de influencias denominado Waykis en la sombra.
El juez Richard Concepción Carhuancho, del 1° Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, aceptó la apelación contra las resoluciones que habían ordenado la medida cautelar por cargos de corrupción y crimen organizado. Según el magistrado, el recurso cumple con los requisitos necesarios para su admisión y será evaluado por la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional.
El grupo, conocido como “el grupo de confianza de Dina”, habría infiltrado la Dirección General del Gobierno Interior del Ministerio del Interior, con el fin de realizar designaciones ilícitas de autoridades locales. El grupo supuestamente operó en regiones como San Martín, Cajamarca, Lima, Apurímac, Puno, Junín, Ica y Cusco.
El abogado Luis Vivanco, quien defiende al hermano de la gobernante, declaró que esperará la decisión de la Corte Suprema sobre la apelación antes de decidir si su cliente se entrega a las autoridades. Consideró que la prisión preventiva para su cliente era “arbitraria” y afirmó que mientras no haya una decisión firme, no se le puede considerar un prófugo.
Otro integrante de su defensa, Josep Campos, sostuvo que Boluarte tomó personalmente la decisión de no presentarse a la audiencia y que no está recibiendo asesoría legal.
“Consternada”
Desde el Ejecutivo, el premier Gustavo Adrianzén expresó que la mandataria está “consternada” por la orden judicial contra su hermano, aunque aseguró que ella se mantiene firme en sus responsabilidades. En una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), aseguró que ni él ni la gobernante conocen el paradero de Nicanor.
Criticó, además, que las decisiones judiciales tengan un “estándar de libertad muy bajo” y sugirió que se está construyendo una narrativa que podría vincular a la presidenta con una organización criminal. Adrianzén también denunció que la medida formaba parte de una campaña para acusar a la jefa de Estado de “incapacidad moral” con el fin de destituirla del cargo.
El jefe de Gabinete agregó que “en cualquier otra parte del mundo se podría decir que es una pretensión de derrocar al gobierno de manera inconstitucional”. Sostuvo que la “afiebrada tesis” que pretende vincular a la gobernante en la investigación tiene su origen en “quienes se han visto afectados por las decisiones del gobierno”.
Mencionó, entre estos, a las organizaciones criminales vinculadas con la minería ilegal, los promotores permanentes de la vacancia, las personas que aún piden la libertad del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), a quien calificó de “golpista y corrupto”, y “los que han venido sosteniendo la equivocada tesis de que se vayan todos”.
“Esos son, en mi opinión, los que están detrás de estos intentos de vacancia”, remarcó. Finalmente, expresó que existe una “actitud política desde el Ministerio Público y desde el Poder Judicial” y que “un fiscal no puede ser un actor de cinema, un rockstar”, ni intentar ser “figuras mediáticas que pretenden convertirse en la noticia”.
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