La exsecretaria de la Secretaría del Consejo de Ministros, Teresa Ramírez, afirmó este domingo que las firmas de documentos oficiales de la presidenta Dina Boluarte durante su recuperación postoperatoria de una rinoplastia fueron gestionadas por el Secretario General del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez.
“El trámite de firma de los documentos de la señora directamente no los veía yo, sino el secretario general, el señor Vílchez. Yo entregaba los documentos a la Secretaría General para la toma de firmas. No he gestionado la firma directamente”, subrayó al programa Cuarto Poder, al ser consultada sobre una presunta falsificación de las rúbricas.
La controversia ha aumentado ante la aparición de documentos con rúbricas que presentan variaciones extrañas. En particular, el acta del Consejo de Ministros del 7 de julio de 2023, adoptada durante la ausencia de Boluarte, muestra discrepancias con un decreto supremo relacionado con el aumento de casos de Guillén Barre.
La sesión del 5 de julio de 2023 también se ha convertido en un punto crítico. Ese día, se registraron trazos distintos en dos documentos oficiales que se supone fueron firmados por la presidenta. “Ese día nos avisaron que teníamos que coordinar con el área de informática un link porque la señora se iba a conectar virtualmente. Estaba conectada y se escuchó, creo que no tenía cámara, se escuchó la voz. Estuvo conectada, pero no se vio. Intervino, pero se le escuchaba como gangosa, como cuando uno está resfriado”, dijo Ramírez.
Vílchez, quien ha sido una figura de extrema confianza para Boluarte desde sus tiempos como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, es descrito por diversos actores políticos como una de las personas más influyentes dentro de Palacio de Gobierno. Ha acompañado a la jefa de Estado en viajes internacionales y es responsable de restringir la información relacionada con la seguridad presidencial.
Junto con Gonzalo Borda, jefe de la Casa Militar, implementó medidas para clasificar como “reservada” información relacionada con la seguridad de la presidenta, incluida la ruta del cofre presidencial que presuntamente habría comprometido la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
El exteniente alcalde de Pueblo Libre, Carlos Arana, afirmó que el secretario del Despacho Presidencial es un estrecho amigo de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria y actualmente no habido después de que el Poder Judicial ordenara 36 meses de prisión preventiva en su contra por presuntamente liderar una red criminal de tráfico de influencias.
Aunque Vílchez no brindó declaraciones al dominical, la Presidencia aseguró que Boluarte firmó de manera legítima las normas aprobadas durante el periodo de recuperación y que las versiones de falsificación “carecen de fundamento y solo buscan desestabilizar al gobierno, afectando seriamente la gobernabilidad del país”. Anteriormente, la gobernante había mencionado que la decisión de someterse a una rinoplastia, necesaria por razones de “funcionalidad respiratoria”, fue tomada con la certeza de que podría continuar con sus funciones.
“No me generó ningún tipo de impedimento para ejercer mis funciones como presidenta de la República, el acto médico no me lo impidió. Una persona incapacitada, que está impedida de determinar funciones intelectuales, motoras, de coordinación y circulación, no suscribe 91 normas. Ahora dicen que fueron falsificadas las firmas; ya no saben qué más inventar”, dijo en un mensaje a la nación desde el Palacio de Gobierno.
Sin embargo, no mencionó por qué no informó al Congreso, como lo establece la Constitución. Cuarto Poder también localizó a Melissa Borda, quien fue trabajadora de la clínica donde la gobernante se sometió a la operación, aunque se negó a proporcionar detalles. “No puedo dar ningún tipo de información. Cuando trabajé en la clínica, todo quedó ahí”, zanjó.
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