Hace 28 años, el grupo terrorista, el MRTA secuestró a 72 personas durante un ataque a la residencia del embajador japonés en Lima. Este hecho, que duró más de 4 meses, tuvo un desenlace con la intervención de las Fuerzas Armadas y un alto costo humano.
Durante una fiesta de celebración del cumpleaños del emperador japonés Akihito, el grupo insurgente irrumpió en la residencia del embajador japonés en Lima, tomando a 72 personas como rehenes.
El ataque, realizado con una explosión que abrió un hueco en el muro del jardín, fue un golpe contundente para el gobierno peruano, que ya estaba inmerso en una lucha constante contra grupos armados.
Comienza la pesadilla
La escena fue impactante: alrededor de 800 invitados, entre ellos diplomáticos, funcionarios del gobierno peruano, empresarios y académicos, estaban reunidos en el evento organizado por el embajador japonés, Morihisa Aoki.
El acto, que inicialmente transcurría en un ambiente de celebración y confraternidad internacional, se transformó rápidamente en una pesadilla para todos los presentes. En cuestión de segundos, los insurgentes, armados hasta los dientes y organizados con disciplina, tomaron el control de la residencia, obligando a los asistentes a rendirse y alinearse en un improvisado salón de rehenes.
Entre los secuestrados, se encontraban figuras de alto perfil, como Francisco Tudela, Ministro de Relaciones Exteriores; Rodolfo Muñante, Ministro de Agricultura; y Máximo Rivera, jefe de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo.
El impacto fue inmediato, tanto en Perú como a nivel internacional, ya que la situación puso de manifiesto la vulnerabilidad del país ante ataques de tal magnitud, a pesar de los avances previos en la lucha contra el terrorismo liderada por el gobierno de Alberto Fujimori.
El sufrimiento de los rehenes
A medida que los días transcurrían, la situación se volvía cada vez más desesperante. Mientras tanto, los terroristas mantenían a los rehenes bajo un férreo control. La comida era escasa y las condiciones de vida dentro de la residencia se deterioraban rápidamente.
Algunos de los secuestrados, especialmente las mujeres y niños, fueron liberados de inmediato, incluyendo la madre del presidente Fujimori. Sin embargo, la mayoría de los rehenes permaneció cautiva durante más de cuatro meses.
Durante este período, los terroristas, pertenecientes al MRTA, exigían la liberación de sus compañeros presos y la implementación de un plan de amnistía. A pesar de las constantes negociaciones entre el gobierno peruano y los insurgentes, el presidente Alberto Fujimori adoptó una postura inflexible: no habría concesiones. Esta determinación por parte del gobierno peruano y la presión internacional para encontrar una solución pacífica crearon una atmósfera de tensión sin precedentes.
La angustia de las familias de los rehenes, quienes seguían el desarrollo de los hechos desde el exterior, se combinó con la preocupación por la seguridad de los diplomáticos extranjeros atrapados en la residencia.
De hecho, varios gobiernos, entre ellos el japonés, manifestaron su respaldo al gobierno peruano, aunque la comunidad internacional temía que cualquier acción mal calculada pudiera desencadenar una tragedia mayor.
Operación Chavín de Huántar
La tensa espera culminó el 22 de abril de 1997 con la ejecución de la Operación Chavín de Huántar. Este operativo militar, diseñado para liberar a los rehenes, fue llevado a cabo por un grupo de comandos peruanos entrenados específicamente para situaciones de rescate.
La operación, que recibió su nombre en alusión a los laberintos subterráneos del sitio arqueológico de Chavín de Huántar, fue cuidadosamente planificada durante meses.
Los comandos, equipados con tecnología avanzada como micrófonos y cámaras ocultas, lograron infiltrarse en la residencia sin ser detectados. La información recabada durante meses de vigilancia permitió a los militares conocer cada detalle de los movimientos de los terroristas.
La rutina diaria de los secuestradores, que incluía sesiones de fútbol por la tarde, fue una oportunidad estratégica para planificar el asalto. Esta rutina permitió a los comandos sincronizar el ataque y tomar a los terroristas por sorpresa.
El asalto comenzó a las 15:23, con tres explosiones casi simultáneas que devastaron el primer piso del edificio. En menos de una hora, los comandos aseguraron la residencia y liberaron a 71 de los rehenes, con una precisión que sorprendió a propios y extraños.
Sin embargo, el costo fue alto: trece miembros del MRTA fueron abatidos, junto con un rehén y dos oficiales peruanos. La operación, aunque exitosa desde un punto de vista militar, dejó un debate abierto sobre la manera en que se manejaron las rendiciones de los insurgentes, ya que varios de los miembros del MRTA que se entregaron fueron ejecutados.
El presidente Alberto Fujimori, quien supervisó en todo momento el desarrollo de la operación, fue rápidamente aclamado como un héroe nacional por su firme postura ante el terrorismo. Sin embargo, las críticas internacionales no se hicieron esperar.
Mientras algunos destacaron la valentía y eficacia de la acción militar, otros cuestionaron las tácticas empleadas, especialmente el trato dado a los terroristas que se rindieron. No obstante, la opinión pública en Perú celebró el éxito de la operación y el regreso de los rehenes a salvo.
Rehenes de alto perfil y su liberación
A lo largo de los días de cautiverio, algunos de los rehenes capturados por el MRTA fueron figuras prominentes, cuyos nombres resonaban en todo el país y el extranjero. Diplomáticos como el embajador japonés, Morihisa Aoki, y sus homólogos de Alemania, Bélgica, Cuba y Venezuela, estuvieron entre los más destacados de los secuestrados. También, varios congresistas, como Javier Diez-Canseco, Carlos Blanco y Samuel Matsuda, fueron retenidos durante el ataque.
El secuestro, que atrajo la atención de los medios internacionales, expuso la compleja situación política de Perú en ese momento. Sin embargo, la intervención de las Fuerzas Armadas, aunque exitosa, dejó una profunda huella en la memoria colectiva del país.
A pesar de la liberación de los rehenes, las heridas causadas por la violencia del conflicto armado interno se mantuvieron vivas en la sociedad peruana durante años.
Al final, la historia de la toma de la residencia del embajador japonés en Lima y la Operación Chavín de Huántar se convirtió en un capítulo significativo de la lucha de Perú contra el terrorismo, marcado tanto por su éxito militar como por los dilemas éticos y humanos que planteó.
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