José Arista, ministro de Economía, también se pronuncia a favor de debatir la pena de muerte: “Es momento de tomar decisiones firmes”

Cada vez son más los integrantes del Ejecutivo que manifiestan su apoyo a debatir la implementación de la pena de muerte en el país, reavivando una discusión que genera controversia en Latinoamérica. A través de su cuenta oficial en X, el titular del Ministerio de Economía, José Arista, esbozó la medida en respuesta a un incremento en los índices de criminalidad y delitos de alto impacto social, como feminicidios y violaciones a menores de edad.

“Es momento de tomar decisiones firmes y abrir debate de la pena de muerte a violadores de menores de edad”, escribió y mencionó que “la inseguridad ciudadana nos cuesta 2 puntos del PBI al año”. “Hemos destinado S/3 820 millones en el Presupuesto 2025 para acciones destinadas a reducción del crimen. […] Nuestras niñas y niños son lo más sagrado que tenemos”, agregó.

Su publicación se da horas después de que el titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, proponga incluir a los sicarios en la lista de personas a las que se podría aplicar y la presidenta Dina Boluarte se pronuncie sobre la misma materia.

“Es momento, que ante hechos de esta magnitud, que deberían ser inconcebibles para una sociedad, planteemos medidas drásticas. Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores. No podemos permitir que en las calles caminen libres tipos como estos”, expresó la jefa de Estado durante un evento en la Fuerza Aérea del Perú.

Cabe mencionar que la implementación de la pena de muerte en Perú enfrenta obstáculos significativos. En primer lugar, el país es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, que limita severamente la aplicación de la pena capital. Para que Perú pueda aplicar la pena de muerte, tendría que denunciar este tratado internacional, un acto que podría desacreditar su compromiso con los derechos humanos en la escena internacional.

Además, se requiere una reforma constitucional, lo que implica la aprobación del Congreso, un proceso legislativo complejo y a menudo largo. Los defensores de la pena de muerte argumentan que se debe considerar una excepción en casos graves. Sin embargo, los detractores advierten sobre el riesgo de errores judiciales y la imparcialidad de la justicia peruana.

Janet Tello Giraldi, presidenta electa del Poder Judicial, y Javier Arévalo, todavía titular de la entidad, se han mostrado en contra de la medida impulsada por el Congreso de la República.

Mientras la magistrada aclaró que no está de acuerdo “porque el Perú ya ha suscrito convenios internacionales donde se ha derogado totalmente”, el representante de la Corte Suprema consideró que no cree en su restablecimiento. “Yo rechazo contundentemente la pena de muerte; creo que es algo que ya hemos superado y que no se puede restablecer en el Perú”, manifestó.

Incluso, la próxima presidenta del PJ instó al titular del Ministerio de Justicia, Eduardo Arana, ha reflexionar. “Respeto al ministro de Justicia y estoy segura de que en los diálogos que vamos a sostener él va a analizar de mejor manera”, mencionó.

“Tenemos que sentarnos a trabajar. […] Somos los jueces quienes tenemos las experiencias y la práctica. Entonces, hago un llamado de apertura de que voy a liderar para que los magistrados, junto con los congresistas y ministros de Estado, tengamos diálogos para dar respuestas”, agregó.

Como se recuerda, durante la interpelación a la que fue sometido ante el Congreso de la República, el ministro Arana fue consultado por el parlamentario Jorge Montoya sobre la aplicación de la pena de muerte.

“Aunque como ministro de Justicia no solamente soy cultor y defiendo el sistema interamericano de derechos humanos, en lo personal no puedo dejar de expresar mi estupor para aquellos que, en efecto, como él (congresista Jorge Montoya) bien ha mencionado y señalado con claridad, violan niños o ejercen este execrable atentado contra la sociedad a través del sicariato o aquellos que atentan contra las mujeres abusando de su posición de poder. [...] Como ministro y a veces como persona siento también la misma preocupación de que esto debe ser revisado”, acotó e indicó que estudiará “con mucho detalle” la propuesta .