La suspendida fiscal Elizabeth Peralta se encuentra en la clandestinidad desde que el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra ante su posible participación en una red de tráfico de influencias y sobornos junto al presentador de televisión Andrés Hurtado, mejor conocido como ‘Chibolín’.
En un principio, tras conocer la decisión judicial, trascendió que se iba a entregar a la justicia pese a estar en desacuerdo con la sentencia del juez supremo Gustavo Álvarez. Sin embargo, con el pasar de las horas, su abogado Benji Espinoza, confirmó que permanecerá al margen de la ley.
Orden de captura
Luego de conocerse que Peralta no se presentó ante las autoridades, la Corte Suprema de Justicia emitió un oficio con carácter de urgencia a la Policía Nacional del Perú (PNP) para disponer la inmediata ubicación y captura de la suspendida fiscal.
“Declaran fundado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el extremo del auto de primera instancia del 2 de octubre del 2024 que dictó mandato de comparecencia con restricciones a la encausada Luz Elizabeth Peralta Santur, en el proceso que se le sigue por el delito de tráfico de influencias y de cohecho activo específico en agravio del Estado”, se lee en el documento.
Cargos en su contra
Peralta está vinculada a una presunta red de corrupción junto al empresario Javier Miu Lei y el presentador de televisión, actualmente encarcelado en el penal de Lurigancho. Se le acusa de ofrecer sus influencias para gestionar la devolución de oro incautado a Miu Lei, a cambio de un millón de dólares, así como de recibir 80,000 dólares para intervenir en una investigación por lavado de activos contra Paltarumi, competencia del empresario.
Un tercer incidente la involucra junto a Hurtado en el intento de obtener 100,000 dólares de la familia de Iván Siucho, actual testigo clave del caso, para frenar una investigación contra Quantico Servicios Integrados. Ante esta situación, Siucho entregó 20,000 dólares, pero al no alcanzar la suma total, la investigación continuó. La Fiscalía posee un comprobante de depósito a la empresa de Hurtado como prueba.
A finales de noviembre, la fiscal adjunta Alejandra Cárdenas presentó argumentos para apelar la comparecencia de Peralta, destacando un allanamiento en el que se encontró un USB con un audio que sugeriría frenar las investigaciones contra la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, para favorecer a este último.
En esa operación también se hallaron pruebas comprometedoras, como un boleto de avión, anotaciones con números de cuentas bancarias y una maleta con varios artículos. Además, los escritos que contenían instrucciones para borrar el respaldo de su WhatsApp generaron sospechas sobre posible manipulación de evidencias.
La Fiscalía indicó que Peralta se negó a entregar un celular, argumentando que lo tenía su hija, lo cual contradecía su declaración previa en la que aseguraba haberlo perdido. Sin embargo, la magistrada afirmó haber cooperado desde el inicio del proceso.
“Creo que esto debe parar. Todo lo que publican no es cierto, no me corresponde, todo es una obstrucción a la justicia. Doctor, no es así. Pido que se haga una pericia caligráfica para que vean que no es mi letra. Lo que encuentran lo publican todo en la TV porque lo facilita el Ministerio Público. En su momento tendré que ocultarlo, no es mi voz, ni mi letra”, expresó mientras se mostraba visiblemente afectada.
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