El poder de Juan José Santiváñez: chats revelarían injerencia del ministro del Interior en los procesos de bajas en la PNP

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tendría más poder del que asegura. Según los chats entregados por capitán PNP Junior Izquierdo Yarlaqué, más conocido como ‘Culerba’, el titular del Mininter disponía los cambios y pases al retiro de efectivos policiales que le eran incómodos a la presidenta Dina Boluarte.

En uno de los mensajes, Santiváñez habría dado instrucciones al comandante general de la Policía, el general Víctor Zanabria Angulo, para el relevo de generales en diferentes regiones del país, una función que corresponde exclusivamente a este último.

Por ejemplo, en una conversación fechada el 4 de junio de 2024, el ministro indica que está trasladando a un general de Lima a Iquitos y viceversa. Este acto, formalizado días después mediante una resolución suprema, contradice sus propias declaraciones, donde afirma que no tiene “mando ni comando” en la institución.

Según José Carlos Mejía, abogado de Junior Izquierdo, Santiváñez estaría admitiendo, por lo menos, la presunta comisión de dos delitos, el de usurpación de funciones y abuso de poder. Además, que los mensajes son prueba objetiva de que el titular del Mininter estaría ejerciendo un poder fáctico dentro de la PNP, lo cual pone en entredicho la legalidad de sus decisiones.

Claro que desde que Santiváñez cumplió su sueño de llegar a la cartera del Interior nunca ocultó su intención de hacer cambios en las altas esferas de la PNP. En sus primeras entrevistas, aseguró que se retiraría a todos aquellos generales que no se alineen a las políticas de su gestión, que estaba centrada en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Aunque los hechos recientes, parecen dar a entender que el objetivo central de su trabajo es proteger a la presidenta Dina Boluarte y a su entorno de las investigaciones que tiene pendiente en el Ministerio Público.

El escándalo no termina en las órdenes de traslado. Los diálogos también sugieren una amenaza hacia los efectivos que integran la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), que estarían próximos a pasar al retiro, en pocas palabras, habría una supuesta “lista negra” de oficiales incómodos para Palacio de Gobierno, quienes serían forzados a retirarse de la institución.

Esta lista incluiría a efectivos que participaron en investigaciones sensibles, como el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte en el marco del caso “Rolex”. Entre ellos destaca el coronel Harvey Colchado, quien enfrenta múltiples procesos disciplinarios que podrían truncar su carrera.

Como se recuerda, Colchado fue separado de sus funciones tras difundirse una fotografía de una torta de cumpleaños con la imagen de un policía usando un ‘torito’ para derribar una puerta. Aunque el oficial participó en varios operativos de allanamiento, se relacionó este hecho con el ocurrido en la casa de la presidenta Boluarte.

Asimismo, se menciona al coronel Franco Moreno Panta, señalado por no haber proporcionado información clave a Palacio de Gobierno sobre el caso de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria y actualmente prófugo de la justicia. Otro nombre es el del coronel Walter Lozano, conocido como “Bica”, quien rechazó presuntas ofertas de ascenso, hechas por el entonces abogado de la presidenta, Mateo Castañeda, a cambio de interceder en procesos judiciales contra allegados al Ejecutivo.

Y claro, el capitán Junior Izquierdo también podría estar incluido en esta lista, por haber traicionado a Santiváñez y dado información que ubicaría a Dina Boluarte como la principal ‘protectora’ de Vladimri Cerrón.

En medio de estas controversias, el gobierno de Boluarte ha impulsado modificaciones al Decreto Supremo 006-2024, que regula la Ley de la Carrera y Situación del Personal de la PNP. Estas reformas, según expertos, facilitarían el retiro de efectivos considerados problemáticos para el gobierno. Entre las modificaciones destaca la creación de un comité especial encargado de evaluar la “idoneidad” de los policías, integrado por figuras cercanas al Ejecutivo, como el inspector general Johnny Veliz y el director de inteligencia Augusto Ríos Tiravanti, ambos ascendidos recientemente durante esta administración.

La normativa también incluye un nuevo requisito para el retiro: haber sido sancionado al menos una vez por una falta grave o muy grave. Este cambio podría ser utilizado para justificar la salida de oficiales con sanciones menores, como en el caso del coronel Colchado, sancionado por su torta.

En este entrampado, el congreso no se queda atrás. Parlamentarios de Acción Popular, vinculados al caso “Los Niños”, un grupo acusado de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo, han promovido un proyecto de ley que establece sanciones disciplinarias como causal de retiro automático para policías.

Edwin Martínez, parlamentario acciopopulista, negó cualquier motivación política detrás del proyecto, aunque reconoció la necesidad de “limpiar” la PNP. Además, atribuyó este esfuerzo al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, a quien destacó por su labor en este aspecto.