Han transcurrido doce días desde que el Gobierno decretó el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao como respuesta a la alarmante criminalidad que sigue arrebatando vidas y que llevó a los transportistas a realizar un paro en busca de mayor seguridad. El último lunes, en el Callao, una combi fue atacada por un sicario presuntamente contratado por extorsionadores. Como resultado de la balacera, murieron cuatro personas y otras tres resultaron heridas.
Infobae Perú conversó con los ex ministros del Interior Rubén Vargas y Cluber Aliaga, quienes reflexionaron sobre la situación que enfrenta el país, advirtiendo que, de no tomarse medidas eficaces, el panorama podría agravarse en los próximos meses.
Perú está en manos de la criminalidad
Según el exministro del Interior Rubén Vargas, el crimen organizado ha secuestrado a las principales ciudades del Perú. Pataz y Trujillo son claros ejemplos de esta realidad, con más de un año bajo estado de emergencia. Piura, Loreto y otras regiones también reclaman la intervención del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
“Las organizaciones criminales están en un proceso de consolidación y expansión en todas las regiones del Perú, particularmente en la franja costera. En algunas, como La Libertad y ciertos distritos de Lima, tienen control territorial, y ese mismo proceso se está observando en otras ciudades”, señaló.
Por su parte, Cluber Aliaga, también exministro del Interior, señaló que el aumento de la criminalidad es consecuencia de la percepción, tanto de ciudadanos como de delincuentes, de un “Estado dividido”, donde cada poder público prioriza sus intereses personales, dejando de lado el fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia.
“La población y los propios delincuentes se dan cuenta de que estamos frente a un Estado dividido, donde los titulares de los poderes públicos actúan cada uno por su lado y los actores políticos anteponen sus intereses a los de la población en su conjunto”, opinó.
También mencionó que la seguridad se venía resquebrajando desde hace aproximadamente 20 años. En esa misma línea, Vargas Céspedes añadió que el Perú enfrenta las consecuencias de la instrumentalización del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional durante los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte.
“El desborde criminal se venía presentando desde hace tiempo, pero este gobierno de Dina Boluarte fue la continuación del de Pedro Castillo, en el que se instrumentalizó el sector del Interior y la Policía Nacional para fines personales”, sostuvo.
Inminente espiral de violencia
El exministro Aliaga Lodtmann anticipa un panorama alarmante si el Estado y los principales actores políticos no adoptan estrategias efectivas para fortalecer a la Policía. A su juicio, mientras no se establezca un imperio de la ley y la justicia, prevalecerá la justicia por mano propia.
“Se va a acentuar la espiral de violencia porque lamentablemente en el mundo criminal el único lenguaje que ellos hablan es el uso de la violencia”, afirmó.
La opinión de su antecesor en el Ministerio del Interior, Rubén Vargas, es similar. Para él, si continuamos en esta misma línea, podríamos acercarnos al escenario ecuatoriano, país vecino que ha sido víctima de un alarmante aumento de la violencia, convirtiéndose en uno de los más violentos de América Latina en 2023, con 45 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes.
“Hay que prepararnos porque nos espera un panorama muy parecido al de Ecuador. Ahí nos dirigimos si consideramos que Ecuador está en esta situación por la cocaína. Nosotros, el segundo productor mundial, además tenemos oro ilegal, contrabando y mercado negro, estructuras criminales de origen extranjero, leyes pro crimen organizado y un Gobierno incapaz”, puntualizó.
Estado de emergencia no es la solución
“El estado de emergencia lo que está haciendo actualmente es debilitar la autoridad del Poder Ejecutivo”, expresó Aliaga Lodtmann. Vargas agregó: “Pensar que un estado de emergencia puede ser una solución a un problema complejo de criminalidad organizada es absurdo”.
Para los expertos en seguridad ciudadana, la declaración de estado de emergencia no resuelve el problema, ya que se trata de medidas sin una estrategia clara para fortalecer el sistema de seguridad y justicia. Estas acciones resultan ineficientes e incluso pueden favorecer a la delincuencia, ya que los estados de emergencia sin resultados significativos generan una pérdida de confianza en esta medida, empoderando, en cierta medida, a los delincuentes.
Una solución que propone el exministro Aliaga es fortalecer la policía desde tres ángulos: otorgarle facultades y atribuciones legales para que actúe con autonomía; mejorar la formación profesional de los policías para garantizar la calidad del personal; y equipar a los agentes brindándoles el soporte logístico necesario para enfrentar a las organizaciones criminales.
Céspedes acotó que la decisión política de enfrentar la inseguridad debe centrarse en establecer una estrategia clara y en la asignación de recursos para la PNP, que debe contar con una ventaja ante los delincuentes. Sin embargo, desde su apreciación este interés de liderar una lucha contra el desborde criminal no existe.
“No existe la decisión política de liderar una lucha contra el desborde criminal. La presidenta y sus ministros no han entendido, lamentablemente, la naturaleza y la magnitud del problema”, lamentó. “Esa decisión política tiene que deducir en dos cosas: en una estrategia integral y en la asignación de recursos para la modernización de la policía. La policía necesita una logística y una tecnología que le permita estar en ventaja ante los delincuentes, pero no hay nada de eso”.
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