Benji Espinoza, abogado de Elizabeth Peralta, respondió por el audio hallado por el Ministerio Público, donde se menciona al alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, y a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Este material fue encontrado en su despacho fiscal ante el allanamiento por el caso Andrés Hurtado ‘Chibolín’.
El letrado negó que en los audios se le escuche la voz de la fiscal, por lo cual indicó que solo lo determinará una pericia fonética. Asimismo, precisó que no confía en el Ministerio Público, porque la presentación solo se dio a través de una transcripción.

Además, criticó a la Fiscalía por acudir al despacho de Peralta para allanar con el nombre de “registro de oficina pública”, por lo que calificó que es “una diligencia inventada”. No obstante, fue donde se encontró este material, según la carpeta fiscal.
“Ella es la víctima”
Espinoza detalló que la fiscal recibió un USB y un textual donde se le amenazaba, por lo que Peralta decide guardarlo en su despacho, el cual sucedió en el 2016. No obstante, el abogado señaló que iba a denunciarlo, pero este audio se revela luego de varios años cuando se le investiga por el caso de Andrés Hurtado.
De acuerdo con la carpeta fiscal, aparece un registro donde dos personas mantienen una conversación, donde se le recomienda separar la investigación de Ramírez con la de Fujimori con la finalidad de beneficiar al primero. Este material se le atribuye a la fiscal, quien habría recomendado hacer esta gestión, pero no se ha confirmado su participación.

Espinoza recalcó que Peralta “no acepta que la conversación se dio”. En su defensa, indicó que la suspendida fiscal es la que reabre la investigación —en segunda instancia— al actual alcalde de Cajamarca.
En este sentido, indicó que la persona que le hace llegar este sobre se identifica como un “narcotraficante”. Además, sostuvo que si su defendida tuviera algo que ocultar, “lo viera escondido”.
Este material fue uno de los argumentos de la Fiscalía de la Nación para solicitar prisión preventiva contra Peralta. Pero el Poder Judicial falló en parte, debido a que ordenó comparecencia restringida. Para el Ministerio Público, el audio advierte la “capacidad de delinquir” de la investigada, solo si se confirma que es su voz.

Joaquín Ramírez se encuentra acusado por pertenecer a una presunta organización criminal, donde se le investiga por el presunto delito de lavado de activos en donde se involucra a la Universidad Alas Peruanas. En la carpeta fiscal, se señala a Keiko Fujimori como un “brazo político”. Fuerza Popular negó las vinculaciones con Ramírez.