El Archivo General de la Nación (AGN) enfrenta un nuevo dilema tras la orden judicial que establece su traslado del sótano del Palacio de Justicia. Esta ubicación, que por más de ocho décadas custodió gran parte de la memoria documental de la República y el notariado, pronto dejaría de ser su sede. La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, anunció que el gobierno buscará una prórroga ante el Poder Judicial, con el objetivo de evitar que los documentos sean enviados a un almacén en el Callao, donde las condiciones técnicas no son apropiadas para su conservación.
La titular de Cultura destacó que en el presupuesto del 2025 se incluyó una partida para iniciar la construcción de un nuevo local destinado exclusivamente al archivo. Sin embargo, la infraestructura adecuada aún no existe y, según la ministra, trasladar los documentos a un lugar provisional y luego realizar un segundo movimiento incrementaría los riesgos para el patrimonio.
Fragmentación y dispersión de los archivos
El AGN no solo enfrenta problemas por su ubicación actual. La ministra reveló que los archivos están fragmentados en varias sedes, lo que dificulta su manejo y conservación. Mientras el Palacio de Justicia alberga documentos del periodo republicano y notarial, la Casa del Telégrafo custodia archivos coloniales. A su vez, otro local en Pueblo Libre también almacena parte de este acervo. Esta dispersión refleja las carencias estructurales que el país no ha logrado subsanar en décadas.
Urteaga reiteró la necesidad de contar con un edificio que centralice y garantice la adecuada preservación de los archivos. “La mejor decisión es que el Perú tenga un edificio idóneo”, mencionó, haciendo hincapié en la urgencia de una infraestructura cultural que resguarde de manera integral la memoria documental. Aunque la ministra destacó los avances en el proceso judicial, la situación sigue siendo incierta, y cualquier nuevo traslado implicaría fragmentar aún más los archivos.
Necesidades de infraestructura y presupuesto
Uno de los mayores retos es la falta de espacios adecuados en Lima y el resto del país para albergar documentos históricos de tal magnitud. La ministra indicó que incluso en el caso de encontrar un lugar temporal, este tendría que ser acondicionado con estrictos estándares de seguridad y conservación. Esto solo sería viable de manera provisional, hasta que el nuevo edificio esté listo.
Durante la entrevista con el Diario Oficial El Peruano, la ministra expresó la esperanza de que las autoridades judiciales comprendan la situación y permitan que los documentos permanezcan en su actual ubicación por algunos años más. Mientras tanto, destacó la voluntad del Ejecutivo, encabezado por la presidenta Dina Boluarte, de priorizar la construcción de la nueva sede del AGN. El plan contempla que la convocatoria para los contratistas se realice el próximo año, una vez aprobados los fondos en el Congreso.
Digitalización e inventario en marcha
Otro de los grandes pendientes es el inventario y la digitalización de los documentos. Según la ministra, gestiones anteriores no avanzaron en este aspecto clave para la preservación y accesibilidad del archivo. Solo durante la actual administración se inició este proceso, el cual, según Urteaga, ya se encuentra bastante avanzado. Además, se han adquirido equipos que permitirán la digitalización de los documentos, un paso fundamental tanto para la preservación como para facilitar el acceso a investigadores y al público en general.
La ministra afirmó que el objetivo de su gestión es no solo completar el inventario, sino también garantizar que el archivo esté disponible en formato digital para ser consultado desde cualquier parte del mundo. Aunque la situación es compleja, Urteaga resaltó que se está trabajando en varios frentes para asegurar que la memoria documental del país se mantenga segura y accesible.
“La prioridad es resguardar nuestro patrimonio documental y evitar que se siga fragmentando”, reiteró Urteaga,
Decisión en manos del Poder Judicial
En cuanto al futuro inmediato del AGN, la ministra indicó que la decisión final recae en el Poder Judicial. Urteaga espera que la reflexión y la compresión de la importancia del patrimonio documental prevalezcan en las autoridades judiciales. Asimismo, confía en que el Congreso respaldará la asignación presupuestaria para el nuevo edificio, lo que permitiría avanzar con los trámites y convocatorias necesarios para iniciar la construcción.
El archivo, que abarca más de 33 kilómetros lineales de documentos, continúa fragmentado y en riesgo. La situación demanda una solución urgente que permita no solo su conservación, sino también su accesibilidad para las generaciones futuras.
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