La Universidad de Lima despidió este jueves a uno de sus docentes denunciado por agredir a la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País), quien fue expulsada el último fin de semana de un bar de Barranco en medio de insultos.
A través de un comunicado, la casa de estudios señaló que “dicho comportamiento es incompatible con los valores y principios” de la institución, por lo que decidió disolver el vínculo laboral con el docente.
“Este sujeto se llama Juan Paolo Gómez Fernández, actual docente de Estudios Generales de la Universidad de Lima. Tendrá que responder ante la Fiscalía y el Poder Judicial”, publicó Aragón en un mensaje difundido en X, antes Twitter, al que adjuntó un video de las cámaras de seguridad del establecimiento.
“¿Qué dicen al respecto las autoridades de esta prestigiosa universidad? ¿Permitirán que un agresor violento siga impartiendo cátedra a los jóvenes de dicha Universidad?”, añadió. Al anunciar la ruptura del contrato con el trabajador, la Universidad reafirmó “su compromiso con la educación integral, el respeto mutuo y la formación de ciudadanos responsables y éticos”.
El incidente con los legisladores ocurrió a las 2:35 de la madrugada del último domingo en el bar “La Noche” de Barranco. Un grupo de clientes vociferó contra ellos y los obligó a dejar el establecimiento, cuyo personal intentó calmar al público sin éxito. Chirinos señaló que fue “una anécdota más” de un “grupo de desadaptados”.
La Municipalidad de Barranco, presidida por la alcaldesa Jessica Vargas (Renovación Popular), afirmó que ya comenzaron las investigaciones para conocer lo ocurrido. “Rechazamos todo acto de discriminación o agresión, sea por ideologías políticas, sexo, raza o condición social. Todo ciudadano tiene derecho a sentirse libre de acudir a cualquier lugar público para su disfrute”, se lee en la misiva. Además, indicó que notificará al local involucrado para obtener la versión de los hechos de los administradores, y reiteró que en el distrito “no permitirán este tipo de incidentes”.
Además, pidieron a la ciudadanía “promover una cultura de paz y respeto a los derechos humanos”, y exigieron que las autoridades sancionen a los responsables de estos actos “para que no se repitan”.
