El último viernes 5 de julio, el Poder Ejecutivo ha decretado el estado de emergencia por los próximos 30 días en la provincia de San Román, zona ubicada en el departamento de Puno, región especialmente afectada durante las protestas en contra del régimen de Dina Boluarte durante el 2023, debido al aumento significativo de actividades delincuenciales en la zona, según lo estipulado en el Decreto Supremo 067-2024-PCM.
Sin embargo, para dichas fechas ya se había anunciado una serie de protestas y actividades en contra del Gobierno, las mismas que han sido respaldadas por los familiares de víctimas y sobrevivientes de la masacre de Juliaca y otras organizaciones regionales.
Disposiciones del estado de emergencia
Durante dicho periodo, la Policía Nacional del Perú será responsable del control del orden interno. Además, se han suspendido y restringido varios derechos constitucionales, incluidos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, y la libertad y seguridad personales.
A su vez, se dio a conocer que, transcurridos cinco días después del término del estado de emergencia, que será luego de 30 días de su implementación, la PNP deberá presentar un informe detallado al Ministro del Interior sobre las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos durante este estado excepcional.
“La intervención de la Policía Nacional del Perú se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.º 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, así como en el ‘Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad’, aprobado por Decreto Supremo N.º 002-2023-MIMP”, recordó la publicación en El Peruano.
Protestas contra Dina Boluarte y su Gobierno
Diferentes organizaciones han alzado su voz de protesta ante las acciones ejecutadas por parte del Gobierno de Dina Boluarte, desde la represión y masacre cometidas durante las marchas del 2023 hasta la falta de respuesta frente a las problemáticas que afectan a las poblaciones más vulnerables, como el creciente índice de pobreza y la incidencia de violencia sexual contra niñas y adolescentes.
En medio de este panorama y también debido al creciente rechazo al Congreso, un gran número de organizaciones sociales y regionales —entre las que destacan el Comando Nacional Unitario de Lucha (CNUL) y Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP)— se han articulado y han convocado a un paro nacional el viernes 19 de julio, así como marchas hacia Lima el sábado 27 y domingo 28 de julio.
Dichas acciones fueron respaldadas por la Asociación de Mártires y Víctimas del 09 de Enero Juliaca (Puno), que utilizó sus redes sociales para invitar a participar de la segunda jornada de lucha en la capital durante las fechas ya mencionadas.
“Para que estos asesinatos extrajudiciales por parte del Gobierno no ocurran nunca más.Hacemos un llamado a nuestros Pueblos que conforman nuestro Perú —quechuas, aymaras, uros, chankas, shipibos, awajún, organizaciones, universidades y a toda la población peruana— porque solo el pueblo salva al pueblo. Por un Perú justo, sin perdón ni olvido”, afirmó.
Formalizan cargos por homicidio en masacre de Juliaca
El Ministerio Público había formalizado la investigación contra 20 agentes del Estado, entre ellos 19 policías y un miembro del Ejército, por la masacre ocurrida el 9 de enero de 2023 en Juliaca.
Las protestas, que se desarrollaban en contra del Gobierno de Dina Boluarte, reunieron a miles de ciudadanos quechuas y aimaras en las inmediaciones del aeropuerto de dicha ciudad. Dentro de su pliego de demandas, los manifestantes exhortaban a la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso y el fin de la represión hacia los detractores de su régimen.
Así, durante las movilizaciones, la Policía disparó contra participantes desarmados, lo que resultó en 18 fallecidos y cientos de heridos. Este acto de violencia ha generado denuncias de entidades internacionales y nacionales, además de la exigencia de justicia por parte de los peruanos y las familias de las víctimas.
El documento fiscal, formalizado el reciente miércoles 8 de mayo, ha identificado y nombrado a los 20 agentes involucrados, quienes son acusados de homicidio calificado y lesiones graves, conforme a los artículos 108 y 121 del Código Penal. La cartera fiscal está a cargo de la Dra. Nancy Soledad Chávez Torres, quien ha señalado a Gabriel Omar López Amanqui y otros como los agraviados en esta investigación.
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