La revocatoria contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha encontrado como aliadas a las trabajadoras sexuales, quienes se organizan para estampar sus firmas en los planillones entregados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y reunir las casi dos millones de rúbricas necesarias.
“Nosotras nos estamos sumando a la revocatoria. Algunas cabezas vamos a estar en una reunión de mañana en la capacitación del llenado del formato, que es bastante sencillo, y estamos viendo los ‘bolsones’ donde vamos a conseguir las firmas”, dijo a Infobae Perú la activista Angela Villón, presidenta de la asociación ‘Miluska Vida y Dignidad’.
El apoyo surge como respuesta a las políticas municipales que, según Villón, buscan desaparecer los “pocos” locales formales donde laboran sin el acecho de las mafias. “Hay una corriente de querer cerrarlos y eso no podemos permitirlo. Nosotras vamos en vías de formalización y nuestra propuesta se basa en eso, pero están haciendo todo lo contrario, exponiendo nuestras vidas”, añadió.
Hasta 2019, unas 120,000 personas ejercían el trabajo sexual en Perú en un ambiente de inseguridad y con riesgos para su salud y bienestar, según cifras estimadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y difundidas ese año en el V Foro Latinoamericano y del Caribe en VIH/Sida.
La asociación ‘Miluska Vida y Dignidad’ cuenta actualmente con 2,800 trabajadoras inscritas. Dos de ellas, atacadas a balazos por criminales, trabajaban en ‘Las Cucardas’, el emblemático centro nocturno inaugurado en 1973 que fue cerrado de manera forzada hace un mes por la administración del alcalde limeño.
El 15 de abril, inspectores de seguridad realizaron una visita inopinada en la que dejaron 11 observaciones, que fueron subsanadas “en tiempo récord”. Dos días después, confirmaron el cumplimiento de las normas de seguridad. Sin embargo, semanas más tarde, la arquitecta María del Rosario Pflucker informó sobre la falta de aspersores de agua contra incendios, aunque no eran exigibles por ley para el área de entretenimiento de 248 metros cuadrados.
A pesar de cumplir con las normas, el 14 de mayo la Municipalidad de Lima anuló la licencia del local basándose en ese informe, y al día siguiente el establecimiento fue clausurado. En ‘Las Cucardas’, las trabajadoras contaban con limpieza, seguridad provista por la empresa y exámenes médicos mensuales de secreción, trimestrales de infecciones de transmisión sexual (ITS) y anuales de hepatitis.
Ahora, en cambio, están expuestas a ejercer en las calles bajo condiciones inseguras y a merced de redes criminales como el Tren de Aragua y sus facciones sanguinarias. Villón explicó que hasta el momento la Municipalidad de Lima mantiene su postura, pero la comuna no hizo comentarios a este medio.
El caso ha sido tomado por la legisladora Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú). “Ella llegó a hablar con el regidor Aaron Espinoza [crítico de López Aliaga]. Nosotras lo llamamos para hacer un seguimiento y tener una reunión, pero lamentablemente el regidor se fue de viaje y está muy ocupado. Hasta ahora no nos ha podido dar un espacio para tener un acercamiento, porque definitivamente las cosas no van bien”, señaló.
A mediados de julio, la organización que preside la activista lideró un plantón en las puertas del Parlamento ante el cierre de ‘Las Cucardas’ y envió una carta a la Organización de los Estados Americanos (OEA), al Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) y a la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, para solicitar su intervención.
“Si no nos hacen caso, iremos a las internacionales. Y si no, impulsaremos la revocatoria ―dijo en una entrevista previa con Infobae Perú—. La otra vez una compañera me dijo: nosotras sacamos a ‘Porky’. Si nadie puede, las putas lo sacamos”.
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