La Defensoría del Pueblo ha señalado que, en lo que va del año, el 35% de los conflictos sociales registrados en el país están relacionados con la minería. Así lo confirmó, en entrevista con Canal N, Luis Alvarado, vocero del órgano constitucional autónomo, destacando que estos se concentran especialmente en las regiones de Piura, Cusco, Arequipa, Junín y Puno, además de Lima Metropolitana.
Asimismo, Alvarado explicó que las actividades mineras, que hoy en día abarcan alrededor de 900 unidades en operación a lo largo de todo el país, son las que más procesos de diálogo han requerido por parte de la población. Pues, de un total de 209 conflictos sociales, 88 se encuentran en dicha etapa. Uno de ellos es el proyecto minero Tía María.
Sobre ello, el vocero de Defensoría del Pueblo indicó que, a pesar de que este cuenta con los permisos para operar, aún existe oposición por parte de un grupo de dirigentes y un sector de la población en la provincia de Islay, que tiene previsto iniciar una jornada de protestas en julio.
“Aún hay reuniones de un grupo de dirigentes que mantienen oposición a la continuidad del proyecto”, señaló Alvarado, añadiendo que, si bien el proyecto de la empresa canadiense Southern Copper ya cuenta con todos los permisos para operar, el diálogo es crucial para resolver no solo problemas directamente relacionados con la minería, sino también otras cuestiones como el acceso a servicios y la lejanía del Estado.
¿Cuándo iniciarán las protestas contra Tía María?
De acuerdo a Red Muqui, un sector del Valle de Tambo iniciarán protestas contra el proyecto minero a partir del 19 de julio. La decisión se tomó tras una asamblea comunitaria en la plaza San Francisco de Cocachacra, con la participación de agricultores, comerciantes y representantes locales de los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, Dean Valdivia y Mollendo.
A pesar de que el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, ha afirmado que el proyecto cuenta con todos los permisos ambientales necesarios para operar, el rechazo sigue latente. Pues, la población en desacuerdo teme que la falta de rigurosidad en el Estudio de Impacto Ambiental y la posible utilización del agua del río para las operaciones mineras impacte de manera negativa en la agricultura y ganadería.
Asimismo, los manifestantes denuncian la criminalización de sus dirigentes. Entre ellos están Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo, quienes cumplen un año de prisión por su participación en las protestas de 2015. Mientras que otros líderes, como Elia Ticona, Gustavo Huanacuni y Marcelino Chasca, se encuentran en la clandestinidad, y Miguel Meza enfrenta nuevas acusaciones.
Ejecutivo reafirma continuidad de Tía María, pese a críticas
Mientras tanto, desde el Ejecutivo, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, recientemente interpelado por el Congreso de la República, ha informado que existe un consenso generalizado en el país para avanzar con el proyecto minero Tía María.
Según declaraciones en una entrevista con RPP, realizada el 6 de junio, el titular de la cartera mencionó que, a pesar de la oposición de algunos grupos, el proyecto sigue su curso.
Específicamente, Mucho enfatizó que los opositores al proyecto han creado una narrativa errónea contra este, afirmando que dicho grupo se opone al desarrollo de Arequipa, resaltando que su implementación será beneficiosa, sobre todo, en términos de generación de empleo. Pues, según sus palabras, se espera que la mina genere alrededor de 7.000 empleos y aumente el potencial comercial de la ciudad de Cocachacra.
“Tía María está caminando bien, creo que por primera vez en mucho tiempo hay un consenso generalizado de todos los actores de la sociedad de que este proyecto debe salir. Existe un grupo de peruanos radicalizados, ideologizados, que todavía siguen pensando en el pasado y hablan de una minería de hace 40 años (...) inclusive ahora han sacado otra narrativa diciendo que Tía María se opone al desarrollo de Arequipa, cosa más falsa y que a veces tienen una narrativa comunicacional que a veces la gente escucha y le hace caso, pero en absoluto interfiere en otro proyecto de desarrollo, porque tiene su área geográfica”, dijo Mucho.
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