El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, ha reconocido que la demora en la obtención de permisos ambientales está perjudicando la competitividad del Perú, durante la primera Cumbre de Minería Responsable y Desarrollo Territorial en Moquegua, evento que se llevó a cabo la semana pasada.
De acuerdo a Castro, actualmente, se tarda entre tres y cuatro años en aprobar un proyecto, una cifra que posiciona al país en desventaja frente a otros países en materia económica. En ese sentido, el titular de dicha cartera ha mostrado su respaldo a que se establezca un plazo máximo de ocho meses para certificar proyectos vinculados a las grandes industrias.
“De 3 a 4 años le toma a un proyecto poder salir adelante, eso no hace al Perú un país competitivo frente a otros países”, afirmó a RPP.
Estas serían las pérdidas en cifras, según Castro
En la misma línea, el ministro detalló que, hoy en día, existen 93 proyectos en espera de certificación por parte del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente encargada de evaluar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados de los principales proyectos de inversión del país.
Estos, según Castro, acumulan un valor de 21.000 millones de dólares, de los cuales 32 corresponden al sector minero y representan 18.000 millones.
En ese sentido, para acelerar los procesos, el representante del Ejecutivo anunció la implementación del Decreto Supremo 004-2024, que modifica el reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que identifica, supervisa y anticipa los impactos ambientales negativos ante cualquier proyecto de alta envergadura.
Además, dicho decreto establece que la admisibilidad de documentos no deberá exceder los cinco días. Con ello, explica Castro, se busca eliminar demoras innecesarias en la evaluación de estudios, las cuales podían tardar hasta un año solo en la admisión.
Postura preocupa a la sociedad civil
En el marco de este anuncio, expertos han expresado preocupación por la posible falta de rigurosidad en estos procedimientos, lo que podría poner en riesgo los derechos de las comunidades afectadas por la actividad minera y la protección del medio ambiente.
De acuerdo a Paul E. Maquet, vocero de la ONG CooperAcción, la postura del Gobierno de Dina Boluarte debilita la capacidad de fiscalización ambiental y no hay evidencia concreta que demuestre un aumento en las inversiones debido a estos cambios normativos.
Maquet señala que “la flexibilización debilita la autoridad ambiental al acelerar procesos sin incrementar el presupuesto para una mayor planta técnica y científica de las autoridades ambientales”. Asimismo, añadió que la rapidez en la aprobación de permisos frecuentemente no viene acompañada de un aumento en los recursos asignados para el análisis técnico y científico.
Bajo esa declaración, la misma organización resalta que estos cambios se están implementando sin evidenciar que con ellas se contribuya, efectivamente, al crecimiento de las inversiones. Esto debido a que los flujos de inversión están más asociados a las fluctuaciones en las cotizaciones de los minerales que a los cambios en la normativa ambiental. Por ello, existe una preocupación latente sobre el impacto ambiental y la salvaguardia de los derechos.
“Nunca se ha podido demostrar con cifras concretas que estas normas hayan hecho crecer la inversión. Los hechos muestran que los flujos de inversión están más asociados a los cambios en las cotizaciones de los minerales que a la normativa ambiental”, opina Maquet.
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