Comunidades y defensores ambientales denuncian que el Gobierno “no hace nada” para proteger sus vidas

A pesar que Perú se sitúa entre los países con mayor índice de crímenes de este tipo a nivel mundial, los pueblos indígenas denuncian que el Gobierno continúa sin fortalecer acciones para reducir las amenazas. En los últimos 10 años, han sido asesinados 33 defensores

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Líderes indígenas hacen nuevo llamado al Gobierno para exigir protección. Video: RPP

El apu Julio Cusurichi, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a más 2.000 comunidades de la Amazonía peruana, afirmó que el Gobiernono hace nada” para proteger a las comunidades indígenas y defensores ambientales que se enfrentan con los grupos dedicados a las economías ilegales, tales como narcotráfico y tala ilegal, en la selva.

En un reciente diálogo con RPP, Cusurichi informó que las comunidades indígenas, que defienden más de 18 millones de hectáreas de bosques, siguen viviendo bajo constantes amenazas y, pese a que se ha alertado a las autoridades sobre estas actividades ilícitas, no se ha tomado ninguna medida efectiva para fortalecer su seguridad.

“El Gobierno casi nada ha invertido en titular, reconocer, ampliar, georreferenciar, aprobar o reconocer las reservas territoriales. No hay una solución. Los líderes que defienden la Amazonía nos encontramos con una gran serie de problemas por defender los bosques. Somos asesinados, muertos, judicializados, denunciados por empresas madereras. Eso es lo que está pasando y sobre eso no hay ninguna iniciativa”, alertó el apu.
Aumento de tala ilegal preocupa
Aumento de tala ilegal preocupa a líderes indígenas en Perú. Foto: EFE/Paolo Aguilar

La resistencia indígena frente a las economías ilegales

Ante esta realidad, Cusurichi explicó que, si bien las comunidades se están organizando en guardias indígenas, vigilantes y veedores forestales para proteger su territorio, la estrategia de defensa requiere de un mayor presupuesto y equipamiento adecuado, como embarcaciones y dispositivos de monitoreo en tiempo real para identificar amenazas y peligros en sus territorios.

“[Los líderes indígenas] no tienen logística para recorrer su territorio y creo que eso es importantísimo para que esa respuesta de las comunidades tenga mucho más resultado. Si hubiera todos esos equipos creo que se minimizarían las amenazas en los pueblos indígenas. Y, aunque Aidesep y algunos aliados estamos haciendo esos trabajos, el Gobierno peruano aún debe fortalecer estas iniciativas”, indicó Cusurichi.

Por otro lado, en cuanto a las amenazas, la autoridad indígena subrayó que el narcotráfico y la tala ilegal continúa incrementándose, afectando tanto a las comunidades como a las áreas naturales protegidas y reservas territoriales.

En estas últimas viven y se desplazan los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, considerados los más vulnerables del planeta, ya que dependen exclusivamente de los recursos que hay en sus territorios.

Entre ellas está la Reserva Indígena Kakataibo, ubicada entre las regiones amazónicas de Loreto, Ucayali y Huánuco, donde, desde su establecimiento en 2021, se han identificado más de 1.500 hectáreas de deforestación ilegal, como resultado de la expansión del narcotráfico mediante la presencia de cultivos ilegales de hoja de coca.

En tanto, la resistencia indígena
En tanto, la resistencia indígena se fortalece para seguir haciendo frente a los grupos ilegales en la Amazonía. Foto: Mongabay Latam

Entrada de ‘Ley Antiforestal’ incrementa amenazas a líderes

Durante la entrevista con el medio radial, el apu shipibo de Madre de Dios también se pronunció acerca de la denominada ‘Ley Antiforestal’, promulgada el pasado 10 de enero, que continúa siendo fuertemente criticada por otros líderes y lideresas indígenas.

Esto debido a que, según indican, avala la depredación de la Amazonía. “Esto va, pues, para avalar la depredación en la Amazonía y eso es un premio que dan a los invasores, a los depredadores, a la tala ilegal”, declaró.

Finalmente, Cusurichi instó al Gobierno de Dina Boluarte a destinar recursos para la seguridad jurídica de los territorios y la defensa de los defensores ambientales, además de implementar programas sociales que mejoren las condiciones de vida de las comunidades indígenas.

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