Gobierno de Dina Boluarte desactiva Equipo Especial de la Policía que trabajaba con Eficcop: ¿qué implicancias tiene?

A través de una resolución firmada por el titular del Ministerio del Interior, Walter Ortiz, se ordenó la desaparición del grupo conformado por la Diviac y Dirandro, el cual apoyaba las labores del área a cargo de investigaciones contra la mandataria y su entorno

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El Mininter ordenó la desactivación del equipo especial de la Diviac y Dirandro que apoyaba a la fiscalía. | Canal N

El gobierno liderado por la presidenta Dina Boluarte disolvió este jueves el equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Esta medida fue oficializada mediante una resolución ministerial firmada por el titular del Ministerio del Interior, Walter Ortiz.

“Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 0903-2022-IN, rectificada por Resolución Ministerial N° 0904-2022-IN, y modificada mediante Resoluciones Ministeriales N° 0130-2023-IN, N° 1242-2023-IN, N° 0115-2024-IN y N° 0497-2024-IN”, menciona el artículo 1 de la resolución.

El Ejecutivo argumenta una presunta duplicidad de funciones entre las tareas del mencionado grupo policial y las de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). “La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, en el marco de sus competencias, dispone las acciones que resulten necesarias para dar continuidad al apoyo que se viene brindando al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder”, indica.

Como se recuerda, este equipo policial fue instaurado por el exfuncionario Mariano González, en respuesta a una solicitud de la fiscal Marita Barreto, con el fin de aglutinar un grupo de oficiales altamente calificados en técnicas especiales de investigación e inteligencia, especialmente para colaborar en casos significativos como el conocido Caso Rolex, donde la presidenta Boluarte figura entre los investigados.

Resolución Ministerial firmada por el
Resolución Ministerial firmada por el titular del Interior, Walter Ortiz. | Presidencia

¿Qué implicancias tiene?

Al respecto, la abogada penalista Romy Chang mencionó que si bien no debería existir ninguna implicancia directa en las investigaciones contra altos funcionarios, dado que la desactivación afecta a una herramienta de apoyo policial, “por la reserva de la información y lo delicado de los casos, es una pena que el Ministerio Público no pueda contar con policías de alto nivel especializado”.

“Yo entiendo que se hace esto en un contexto de peleas, dichos que han salido a la luz y suspensiones de algunos miembros del equipo especial, pero creo que por encima de algunos efectivos policiales debería estar la institución en sí y la creación de este equipo sí ha dado frutos importantes”, agregó en entrevista con Canal N.

¿Qué dijo el Mininter?

Ante los cuestionamientos, el Ministerio del Interior emitió un comunicado justificando la decisión al insistir de la “existencia de duplicidad de funciones, esfuerzos y medios, considerando que tanto la División de Investigaciones de Alta Complejidad -DIVIAC y el Equipo Especial de EFICOOP vienen ejecutando acciones de inteligencia e investigaciones contra organizaciones criminales a nivel nacional”.

“Como consecuencia de lo advertido, se ha dispuesto el inicio de investigaciones administrativo disciplinarias contra quienes resulten responsables por la emisión de un dispositivo legal sin sustento y que contraviene manifiestamente el marco normativo y constitucional, así como la adopción de medidas legales contra los funcionarios públicos que hubieran dispuesto su emisión de manera manifiestamente ilegal contraviniendo lo previsto en la Constitución Política del Estado”, agregaron.

Comunicado del Ministerio del Interior
Comunicado del Ministerio del Interior sobre la resolución ministerial con la que se desactivó al equipo especial de la PNP. | Mininter

“Es una clarísima obstrucción a la justicia”

Mariano González, extitular del Mininter, rechazó el documento elaborado por el gobierno de Dina Boluarte e indicó que no solo se están dejando a los fiscales solos, sino que es una muestra “clarísima obstrucción a la justicia de parte de Fina Boluarte y compañía”.

“Estamos notificados y hemos iniciado una nueva etapa, ni siquiera pedro castillo se atrevió a tanto. [....] Lamentablemente, la señora Boluarte da lugar a pensar que estaría comprometida con la corrupción y que está buscando es impunidad”, mencionó en diálogo con RPP Noticias.

El exministro Mariano González, indicó que la medida es una "clarísima obstrucción de la justicia". - RPP

En ese sentido, calificó de “engaña muchachos”, la disposición que menciona que el equipo de fiscales no quedaría abandonado, pues será la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, en el marco de sus competencias, la que disponga las acciones que resulten necesarias para dar continuidad al apoyo.

“Lo que está diciendo [la resolución ministerial] es que, de ahora en adelante, cuando tengan un operativo, ‘me avisan para enviar a la policía que yo crea conveniente’”, explicó González.

Asimismo, cuestionó la labor del actual titular del Mininter, a quien describió como un “pobre operador de Dina Boluarte, sin ninguna capacidad de decisión” y alertó de futuras implicancias penales. “Es una persona que no sabe lo que está haciendo y lo único que ha logrado es conseguirse una investigación, denuncia y una condena futura”, sentenció.

Detienen a Nicanor Boluarte

Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte y su abogado, Mateo Castañeda, fueron detenidos este viernes. El arresto se llevó a cabo como parte de una investigación por posibles delitos de tráfico de influencias y organización criminal, según anunció el Poder Judicial. Ambos fueron sujetos a una detención preliminar por diez días y se autorizó el allanamiento de diversas propiedades en la capital.

La sospecha contra los detenidos incluye el intento de manipular la designación de subprefectos y otras figuras administrativas en diversas regiones, incluido el departamento de Cajamarca, con el fin de financiar y expandir una red criminal. Esta red, según se indica, buscaría también el apoyo para la inscripción de un nuevo partido político ligado a la presidenta.

Mientras a Nicanor Boluarte se le acusa de intentar situar en cargos a individuos que contribuirían económicamente y facilitarían la recolección de firmas necesarias para registrar su agrupación política, a Mateo Castañeda se le señala por supuestamente tratar de obstaculizar la investigación en curso, ofreciendo protección a cambio de información privilegiada sobre ella.

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