El Poder Judicial ordenó incorporar a la fundación Unidos para Transformar en la investigación preparatoria que se le sigue a la fundadora de esa asociación y exalcadesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán, por los aportes de Odebrecht y OAS a las campañas electorales. Así lo decidió la jueza Margarita Salcedo, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, al declarar fundado el requerimiento formulado por el Equipo Especial Lava Jato.
Según la Fiscalía, Unidos para Transformar habría sido creada con 400 mil soles de los aportes de OAS y Odebrecht que la organización criminal que lideraría Villarán recibió durante la campaña de las Elecciones Regionales y Municipales 2024, comicios donde buscó sin éxito la reelección.
Además, el Equipo Especial Lava Jato sostiene que, una vez creada la fundación, los directivos instrumentalizaron la institución para blanquear el dinero ilícito bajo la fachada de pagos de personal, movilidad, alquileres, entre otros.
La jueza Margarita Salcedo, tras evaluar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, determinó que corresponde incorporar a la fundación Unidos para Transformar como para investigada y, de ser el caso, enfrentar las sanciones que habilita el Código Penal contra personas jurídicas.
“Respecto a la peligrosidad objetiva o peligrosidad potencial, según el artículo 105 numeral 2 del Código Procesal Penal, corresponderá, de ser el caso, como consecuencia accesoria la disolución y liquidación de la Fundación Unidos para Transformar”, estima la magistrada.
La defensa de Villarán había alegado que la fundación no tenía fines de lucros; sin embargo, la jueza Margarita Salcedo aseguró ese argumento no es impedimento para incorporarlo en el proceso penal.
“No existe norma legal expresa que así lo determine, más aún si se verifica la existencia de un delito, los antecedentes y teoría del caso descritos por el Fiscal en su requerimiento de incorporación de la persona jurídica, que dan cuenta de la formalización de investigación preparatoria contra directivos de la fundación y la instrumentalización de la persona jurídica en las conductas de lavado de activos que se atribuye a los representantes, por lo que se desestima las alegaciones en estos extremos”, indicó la magistrada.
Por ello, la titular del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el requerimiento del Equipo Especial Lava Jato, incorporó a Unidos para Transformar al proceso penal y ordenó a la fundación con designar a un representante.
Piden millonaria reparación civil a Villarán
En el caso Vías Nuevas de Lima, la Procuraduría Ad Hoc Lava Jato ha solicitado una indemnización que supera los US$267 millones y otro monto mayor a los S/ 7 millones contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otros procesados.
Los cargos atribuidos a Villarán y colaboradores cercanos incluyen colusión, tráfico de influencias y asociación ilícita. Las investigaciones señalan que, mediante acuerdos bajo la mesa con Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, y Raúl Ribeyro Pereyra, de Rutas de Lima, se manipularon contratos y enmiendas pertenecientes al proyecto del Puente San Pedro.
Estas acciones habrían conducido a una elevación fraudulenta en los costos de obras y al aumento de tarifas de peaje, resultando en daños económicos significativos para el tesoro público. Esfuerzos por remediar estas infracciones llevaron a la fiscalía a solicitar medidas correctivas específicas en contra de Villarán, quien reconoció la recepción de fondos de constructoras brasileñas en el año 2019.
El Juez Raúl Justiniano Romero, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, validó la demanda de la procuraduría, destacando que la misma se fundamenta en evidencia documental pertinente y especifica claramente tanto los nombres de los investigados como los delitos examinados.
Además de Villarán, la lista de investigados comprende a exfuncionarios como Miguel Alfredo Flores Dueñas, Norma Ana Montoya Blua, entre otros.
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