El feroz ataque en la compañía minera Poderosa en Pataz (La Libertad) que dejó a 10 trabajadores muertos y 13 malheridos, revela hasta dónde pueden llegar los tentáculos del crimen organizado estrechamente ligados a la minería ilegal. Estas organizaciones delictivas actúan con impunidad en busca de la posesión de oro en el país.
La minería ilegal genera pérdidas al Perú por más de S/22.700 millones al año, lo que equivale al 2,5% del producto bruto interno (PBI). Además, mueve más recursos económicos que el narcotráfico y pone en peligro la seguridad nacional, la biodiversidad, el ambiente, los derechos humanos y la vida de los ciudadanos.
Las cifras son reveladas por el estudio “Abordaje Integral de la Minería Ilegal e Informal en el Perú” a cargo de la consultora V&C Analistas por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Dicha investigación fue presentada en el marco de la 36.ª edición de Perumin en Arequipa.
Dante Vera Miller, gerente general de V&C Analistas, afirma que la minería ilegal e informal ha experimentado un alarmante crecimiento que abarca a todas las regiones del país, ocasionando la degradación de ecosistemas y provocando serios conflictos sociales, ambientales y económicos.
Minería ilegal supera a la producción de narcotráfico
En detalle, la producción minera no formal, la cual proviene de las actividades ilegales e informales, ha crecido a una tasa anual de 11,7% durante los últimos 10 años. Se estima que el valor de su producción supera a la del narcotráfico.
En una anterior entrevista con Infobae Perú, Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, sostuvo que más de un millón de onzas de oro se producen de manera ilegal, lo que equivale a más de 1.000 millones de dólares.
El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariño, se mostró preocupado porque, a pesar de esta masacre, no ha habido encuentros con representantes del Poder Ejecutivo para tratar la problemática de la criminalidad vinculada a la minería ilegal en la región.
De acuerdo con el economista Juan Carlos Odar, con este reciente suceso ocurrido, el Perú ha alcanzado un nuevo mínimo respecto a seguridad ciudadana, clima de inversión y hasta gobernabilidad.
Además de la pérdida humana y económica, la minería ilegal deja un severo impacto ambiental. Entre los años 2001 al 2020 se depredaron aproximadamente 2 millones 636.585 hectáreas de bosque, es decir, una tasa de 8% anual de deforestación.
“Solo en Madre de Dios, una de las zonas más afectadas por la minería ilegal, los daños ambientales causados por la extracción de oro aluvial superarían los US$526 millones en el año 2022″, indicó Dante Vera, gerente general de V&C Analistas, y considera que es necesario abordar este problema de forma integral, decidida y coordinada.
“Urge del esfuerzo conjunto y de políticas claras para enfrentar el avasallador avance de la minería ilegal, todos los peruanos debemos cerrar filas contra esta actividad ilegal”, apuntó.
Diversos gremios empresariales como la Asociación de Exportadores (ADEX), Confiep, SNMPE, han exigido al Gobierno de Dina Boluarte un real compromiso para acabar con esta problemática. Para la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), este suceso no hace más que alejar las inversiones, que tanto necesita el país.
