La canciller Ana Gervasi anunció este miércoles que Alejandro Sánchez, exasesor del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) acusado de corrupción, “se encuentra actualmente sometido a un proceso de expulsión o deportación” desde EE.UU., donde fue arrestado tras intentar cruzar irregularmente la frontera con México, en la localidad de Eagle Pass.
“Los tiempos y los procedimientos los fijan las autoridades estadounidenses, con las cuales estamos en contacto. Hay procesos que seguir. El señor Sánchez se encuentra en la actualidad detenido por ingreso irregular a Estados Unidos”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores durante una rueda de prensa.
Sánchez, dueño de la casa donde Castillo sostuvo reuniones extraoficiales con allegados y empresarios poco después de su elección, está implicado en una organización criminal presuntamente liderada por el exmandatario para obtener “ganancias ilegales” a través de irregularidades en la adjudicación de obras públicas, en un caso denominado ‘Gabinete en la sombra’.
Su paradero se desconocía desde octubre del 2022, cuando debía presentarse ante la Justicia, hasta que a mediados de septiembre fue detenido por agentes estadounidenses. A la fecha, se encuentra detenido en el Centro de Detención Del Río de Texas.
El Ministerio Público también acusa a la presunta organización de construir redes de protección, llevar a cabo el encubrimiento a investigados, actos de difamación y persecución contra las entidades investigadoras.
En diálogo con Punto Final, el cónsul general del Perú en Houston, Jaime Arróspide, estimó que la deportación “puede demorar entre tres semanas o un mes”.
“Esperemos que en las próximas horas, o próximos días, sea expulsado al país y eso es lo que está trabajando la Cancillería. Lo más recomendable es la expulsión”, declaró, por su parte, el ministro peruano del Interior, Vicente Romero.
Según el dominical, desde noviembre del año pasado, Interpol Perú recibió una solicitud para emitir la notificación contra el empresario, sobre quien recae una orden de 30 meses de prisión preventiva.
Sin embargo, la sede central en Lyon (Francia) señaló que el caso era “predominantemente político” y el pedido fue desestimado en febrero pasado en aplicación al artículo 3 de su estatuto.
Ese mismo mes, la justicia peruana volvió a elevar el requerimiento con pruebas e indicios contra el dueño de Sarratea, pero Interpol volvió a rechazarlo en un oficio cursado semanas antes de su detención.
En julio pasado, desde la clandestinidad, el exprófugo adelantó que no se iba a entregar porque, bajo su óptica, no había cometido ningún delito. “Fue una prisión preventiva arbitraria y eso lo puede explicar mi abogado, no con base en generalidades. Si mi abogado lo decide, yo no tengo ningún problema [en entregarme]”, dijo entonces en una entrevista concedida a la periodista Milagros Leiva.
Como ocurrió con Sánchez, otros prófugos de la justicia son el exministro de Vivienda, Juan Silva, y el sobrino de Castillo, Fray Vásquez. El ministro Romero ha referido que la Policía está “trabajando intensamente” para capturarlo.
“Tenemos un programa de recompensas y siempre se dan las capturas. Hay que tener paciencia. En algún momento, habrá una sorpresa” sobre este caso, siguió. Castillo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo por cargos de rebelión y conspiración.
En abril pasado, Estados Unidos extraditó al Alejandro Toledo (2001-2006), quien enfrenta una condena de hasta 35 años de cárcel por presuntamente recibir sobornos millonarios de la empresa Odebrecht.
Reclamado por la Justicia peruana desde 2017, el fundador del partido Perú Posible está imputado por haber recibido supuestamente unos 35 millones de dólares de la firma brasileña, tras favorecerla en la licitación de contratos para la construcción de la Ruta Interoceánica Sur que conecta Perú con Brasil.
La Fiscalía peruana ha solicitado para él penas de 20 años y 6 meses de cárcel por la concesión de los tramos 2 y 3 de esta carretera; 35 años por el tramo 4, y 16 años y 8 meses por supuesto lavado de dinero en el Caso Ecoteva.
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