Una de las instituciones que el Congreso de la República, cuya desaprobación bordea el 90% a nivel nacional de acuerdo a varias encuestas, se ha encargado de debilitar es la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Sin embargo, para el flamante defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, no se habría dado tal situación.
En entrevista con el diario La República, Gutiérrez Condor señaló que la representación nacional no ha “desmontado la reforma universitaria” pese a los cambios notables que se han dado para que, por ejemplo, universidades sin licencia institucional tenga una nueva oportunidad para seguir operando con el fin de ofrecer sus servicios a los jóvenes.
A juicio del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo, la contrarreforma que se impulsó desde el Parlamento lo que hizo fue democratizar la designación de los directivos de la Sunedu. “El resto no se tocó nada: no se tocaron estándares mínimos, no se tocó el licenciamiento”, refirió.
Además, Gutiérrez manifestó que el Congreso tiene las prerrogativas para realizar los cambios que se requieren en la entidad, adscrita al Ministerio de Educación, que tiene la tarea de garantizar la calidad de la educación universitaria.
“Si queremos recortar las funciones del Congreso, que solo puede legislar para esto o lo otro, entonces tendríamos que modificar la Constitución y quitarle sus atribuciones. Eso no fortalece la institucionalidad”, anotó Gutiérrez Condor.
Despilfarro de recursos
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) se encuentra nuevamente en el centro de los cuestionamientos. Ahora se conoció que la gestión de Manuel Castillo Venegas hizo uso de una considerable cantidad de dinero en los últimos meses.
Según una investigación del portal Epicentro, la Sunedu gastó más de tres millones de soles entre marzo y abril. Un ejemplo es que, de acuerdo al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), hay personas que realizaron cinco servicios para un mismo trabajo.
Se trataba de la elaboración de matriz de análisis de información que contenga la sistematización, reporte y análisis de la información remitida por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo que costó entre los 10 000 a 17 000 soles.
Los beneficiados son Antonio Geldres Hidaldo (11.600 soles); Diana Flavia Becerra Espinoza (10.000 soles); José Salcedo Panesi (14.000 soles); Fioretti Llanina Saavedra Grandez (17.000 soles) y Vladimir García Contreras (16.000 soles).
Sin embargo, no fue el único. Juan Antonio Bazán Chávez facturó 7 500 soles por ser moderador de un evento organizado por la Sunedu. Hay que mencionar que este personaje tuvo sendas reuniones con el superintendente Castillo y también quiso llegar al Congreso de la República para, paradójicamente, desaparecer la institución que le pagó una elevada suma de dinero.
Otro caso cuestionable es de Gerardo Eto Cruz, exmagistrado del Tribunal Constitucional, que fue acusado de haber recibido un soborno de 80.000 dólares en efectivo de Roberto Torres, exalcalde de la ciudad de Chiclayo, que hoy purga prisión por actos de corrupción.
Eto ofreció una conferencia a rectores de universidades privadas y nacionales por un costo de 5 000 soles. Adicionalmente, el evento fue transmitido y de ello se benefició la empresa KMJK S.A.C. que cobró 57 419 por la filmación y el buffet ofrecido a todos los presentes en el evento organizado por la Sunedu.
La gestión de Castillo gastó más de 20 mil soles para la contratación de un servicio de dos días de almuerzo buffet “costa, sierra y selva” (cinco platos de fondo) para una mesa de trabajo con universidades públicas y privadas.
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