En 2022, la cantidad de personas afectadas por la pobreza monetaria en Perú superó los nueve millones, a raíz de diversos factores como la inflación y un crecimiento económico insuficiente que no logrado reducir esta condición de vulnerabilidad. A esto se suma que hoy en día una persona necesita como mínimo S/ 415 al mes para poder sobrevivir y costear su canasta básica de alimentos.
Ante estos preocupantes resultados presentados por el INEI, Infobae Perú conversó con José Ignacio Távara, economista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), quien analiza las razones que han agudizado la situación de pobreza en el país y las brechas sociales que generará este problema social en los próximos años. Además, plantea reformas que pueden encaminar al país a un mejor bienestar.
¿Cuál es su reflexión acerca del último resultado del INEI con respecto a la pobreza monetaria en el Perú?
Según la evidencia presentada por el INEI, hemos retrocedido aproximadamente 11 años en cifras de reducción de la pobreza. Hemos regresado a cifras del 2011 cuando el porcentaje de la población pobre era 28%, ahora estamos en 27.5%. Para ser más ilustrativos, la pobreza monetaria se define en una línea, específicamente en el gasto mensual de 415 soles, los que están por debajo de este gasto son considerados pobres. Para entenderla un poco mejor, es como si una persona tuviera agua hasta el cuello y saca con las justas la cabeza y puede respirar; pero luego, el agua sube un poquito por alguna razón, ya sea por el shock de la guerra en Ucrania, sube el precio de los alimentos, y por esa situación se agudiza la pobreza, cuando en realidad se trata que la gente salga del agua.
¿Qué factores han llevado a que estas cifras de pobreza aumenten aún más? y ¿qué no está funcionando bien?
Durante tantos años, hemos estado discutiendo un poco la concepción o esta idea absurda de pretender que el crecimiento económico es monetario o suficiente para que detenga la pobreza. Se supone que efectivamente hubo una reducción del 60% a casi 20% de pobres en ese periodo de expansión económica desde los comienzos de los 90, pero luego tuvimos la pandemia, la guerra en Ucrania, y ahora se suman los conflictos sociales, el cambio climático que genera sequías o heladas y suben los precios de los alimentos.
Debido a ello, tenemos una pobreza bien grave, sobre todo como sabemos de las familias pobres, una mayor proporción de los ingresos se dedica a gastos de alimentos. Entonces, al ver esta situación, muestra la precariedad y la falsedad del argumento de que salud económica es definida como el PBI per cápita de toda la solución. Un crecimiento explosivo no es condición suficiente.
¿Qué impactos se derivan de esta situación de pobreza?
Un país que tiene 33 millones de habitantes, más de 9 millones de personas pobres y 2.7 millones más en esta condición que antes de la pandemia, quiere decir que algo está fallando Es evidente y las cifras hablan por sí mismas. Detrás de estas cifras que estamos comentando hay personas, seres de carne y hueso que están sufriendo, y sobre todo los niños.
Y lo peor es que esa pobreza se reproduce en términos intergeneracionales, porque las probabilidades de que un niño que nace en una familia pobre, son altas las probabilidades que siga siendo pobre. Esto lleva a tener una población más vulnerable a robos, extorsiones y más desprotegida.
¿De qué manera se ve empeorada la calidad de vida de las personas que llegan a esta situación de pobreza?
Este indicador de la pobreza monetaria se refiere básicamente a los recursos disponibles de las personas; y es muy importante que el INEI haya definido estas cifras para saber cómo estamos. No obstante, también hay otros indicadores como la pobreza multidimensional que evidencia las necesidades básicas insatisfechas al no tener acceso a servicios esenciales o un mínimo nivel de calidad garantizada en salud, educación y condiciones de vivienda. En ese sentido, vemos que una familia, por ejemplo, hace un esfuerzo enorme para pagar un poquito de plata y enviar a su niño a un colegio; también tiene que utilizar sus escasos recursos para el acceso a servicios públicos esenciales que, en nuestro país, lamentablemente, se han mercantilizado.
En varias situaciones, vemos que una persona tiene que comprar sus propias medicinas cuando se enferman o médicos que están pagados con sueldos a tiempo completo en hospitales públicos, pero luego abandonan a sus pacientes para irse a clínicas privadas. Y lo mismo ocurre en la educación y otros sectores. En esta situación es difícil no sentirse pesimista en un escenario como el que vivimos, casi como una situación distópica.
¿Cómo evalúa al Gobierno de Dina Boluarte? ¿Considera que tiene un plan serio para preocuparse por esta situación de pobreza que se agrava aún más en el país?
Me temo que no, salvo a algunas excepciones en el Gabinete; sin embargo, veo que no hay mayor voluntad ni disposición para avanzar con alguna reforma porque el actual Gobierno es producto de una alianza entre sectores muy conservadores que básicamente, ahí, el término que utilizan ahora es mercantilistas. Y ahora somos testigos que se están trayendo abajo lo poco que tenemos de institucionalidad.
Hace poco se tiraron abajo el Indecopi, incluso vulnerando sus propias normas establecidas que impiden remover a los funcionarios de los programas resolutivos sin expresión de causa. Esto es negativo al tener un mercado altamente concentrado en productos como el arroz, la leche evaporada y el aceite, donde el actor principal es la empresa más grande. Y al tener el Indecopi debilitado vemos la desaparición de la competencia y la aparición de carteles que tanto daño hacen a los consumidores.
También, vemos esta situación en el transporte público, por ejemplo, en el debilitamiento de la ATU, ahora vemos colectiveros informales compitiendo con empresas que ganaron la licitación de rutas críticas en Lima. Y lo mismo sucede con la Sunedu. En ese sentido, vemos que el Estado sigue siendo un botín y los que nos gobiernan es una alianza de mercantilistas.
¿Y cómo evalúa el rol actual del Ministerio de Economía y Finanzas?
El Ministerio de Economía ha tenido un mejor desempeño, digamos, en temas macroeconómicos y fiscales, pero no se han puesto al día en determinantes como la productividad, el desarrollo local y sectorial o crear espacios de cooperación Estado y empresa que son fundamentales para promover inversiones sostenibles.
Tampoco vemos que haya mayor preocupación por la retención, la promoción de profesionales calificados al servicio del país. Por ejemplo, desde hace 20 años, se mantienen congeladas las dietas que reciben los directores de organismos reguladores. Esta situación desanima a muchos funcionarios calificados y a gente comprometida con el servicio público.
¿Los bonos entregados por el Gobierno a la población vulnerable han funcionado?
Creo que su magnitud no ha sido suficiente, naturalmente, es una medida paliativa, una medida de emergencia; pero una medida efectiva es fortalecer y apoyar a los comedores populares, ya que apuntan directamente a la nutrición. O también los recursos se deben focalizar en el programa Pensión 65. Sin embargo, la mayor parte de recursos para la población han provenido de los ahorros acumulados en sus cuentas de AFP y CTS para hacer frente a esta gravedad. Pero es preocupante, ya que en los próximos años vamos a tener una población desprotegida que ya consumió sus ahorros previsionales. Esto va a tener un impacto fuerte sobre todo en las nuevas generaciones.
¿Qué medidas se deben tomar para que el país vuelva a reducir las cifras de pobreza a niveles prepandemia?
Hay que avanzar en varios frentes. Por el lado de la política macroeconómica, el Perú, felizmente, tiene fortalezas, que obviamente hay que mantener. No se trata solo de llevar a cabo una farra fiscal, de actuar de manera irresponsable, pero sí creo que hay un espacio fiscal para aumentar el gasto social, sobre todo en los programas que han probado tener mayor efectividad. También se tiene que responder a las urgencias relacionadas con el hambre y la malnutrición. Además, es fundamental, fortalecer esos sectores con políticas consistentes, robustas y asignar más recursos; y luego, en un momento, se debe empezar a discutir los problemas de fondo, que tienen que ver con las reformas sociales, empezando con los servicios esenciales como la salud, la educación y la seguridad que es lo más urgente, pero también lo es el transporte. Si no tomamos con firmeza y con energía estas reformas va a ser difícil tener un mejor país.
