El expresidente Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo, fue citado para este miércoles por la Comisión de Fiscalización del Congreso con el fin de declarar en la investigación sobre el ‘caso Anguía’, que involucra una supuesta red liderada por el expresidente para conceder obras públicas en beneficio de su familia
Héctor Ventura, presidente del citado grupo de trabajo, informó que Castillo ya fue notificado y su presentación virtual es coordinada con el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). El exmandatario “está en la obligación de comparecer, al ya no tener prerrogativas de jefe de Estado”, señaló el legislador.
La cita será desde las 9.00 horas. “Se han hecho todas las coordinaciones para que sea de manera virtual. Recordemos que cuando era presidente, puso varios inconvenientes tratando de obstaculizar y deslegitimar las investigaciones que hacíamos en la Comisión”, dijo Ventura.
“En más de cuatro oportunidades citamos al expresidente, pero puso pretextos. Hoy no hay pretexto, él tiene la obligación jurídica, de lo contrario podría ser denunciado por desacato”, añadió.
En este caso, donde el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder señala también a la exprimera dama, Lilia Paredes, como parte de una supuesta red de corrupción junto a sus hermanos y el empresario Hugo Espino, Castillo está en la condición de testigo. Sin embargo, Ventura precisó que la situación podría variar a la de investigado en los próximos días.
Informe
El viernes pasado, la Comisión Permanente aprobó el informe que recomienda acusar por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado a Castillo, antesala de la votación en el pleno del Parlamento en el que deben ratificar la decisión.
Aquella denuncia responde a irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II y en otros presuntos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
En la actualidad, Castillo está bajo prisión preventiva desde el 7 de diciembre tras un intento fallido de autogolpe de Estado, el mismo día que el Congreso votaba una moción de vacancia por “permanente incapacidad moral”.
Tras su detención, Lilia Paredes e hijos se asilaron en México, por lo que Lima pidió al embajador mexicano retirarse del país.
La Fiscalía pidió este viernes 36 meses de prisión para la exprimera dama, investigada por integrar esta supuesta organización que traficaba influencias.
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