La información no enferma

Cada 2 de junio se conmemora el Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), y vuelve a aparecer una discusión que merece ser abordada con responsabilidad: la idea de que la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, fomenta los TCA, según sostienen parte de los detractores de la norma sancionada en octubre de 2021.

Y cada vez que se repite ese argumento surge la misma pregunta: ¿por qué frente a un problema complejo la solución propuesta es quitar información?

Siguiendo esa lógica, ¿deberíamos eliminar la carta de vinos de un restaurante porque existen personas con alcoholismo? ¿Dejar de informar los riesgos del tabaco porque hay personas con ansiedad? ¿Quitar los precios porque algunas personas tienen problemas de consumo compulsivo?

Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades graves, multifactoriales y con consecuencias potencialmente muy serias para la salud. Precisamente por eso merecen ser discutidos con evidencia y no utilizados como argumento para debilitar políticas públicas que buscan garantizar el derecho a la información alimentaria.

La información no genera un trastorno alimentario. Los TCA tienen causas complejas, vinculadas a factores biológicos, psicológicos, familiares, sociales y culturales. En los TCA, la comida no es el problema central sino el síntoma más visible. Detrás suelen existir factores psicológicos, emocionales, biológicos y sociales.

Así como en el trastorno de pánico el síntoma visible puede ser una crisis de angustia, en los TCA el síntoma visible puede ser la restricción alimentaria, los atracones o las conductas compensatorias. En ambos casos estamos frente a trastornos de salud mental que no se explican únicamente por el síntoma que observamos.

Reducir ese problema a la presencia de un octógono en un envase no sólo simplifica una realidad mucho más profunda, sino que además desvía la atención de los desafíos reales.

Si realmente nos preocupan los TCA, discutamos TCA. Discutamos acceso a equipos interdisciplinarios, tiempos de espera para recibir atención, cobertura efectiva de los tratamientos, formación profesional, abordajes preventivos en el ámbito escolar, que la ley también contempla, y estrategias de prevención. Porque utilizar a las personas con trastornos de la conducta alimentaria para cuestionar el derecho a la información de toda la población termina sin resolver ninguno de los dos problemas.

Para quienes trabajamos desde hace años en la implementación y defensa de esta política pública es importante aclarar algo: quienes defendemos la Ley de Etiquetado Frontal no estamos demonizando a la industria alimentaria ni catalogando alimentos como “buenos” o “malos”. Como nutricionistas trabajamos con personas reales, con historias, necesidades y contextos diferentes. La alimentación es mucho más compleja que un sello en un envase.

Los octógonos no prohíben, no castigan ni obligan a nadie a consumir o dejar de consumir un producto. Simplemente informan. Y la información es una condición necesaria para que las personas puedan ejercer su libertad de elección.

Por supuesto que toda política pública es perfectible. Si hay aspectos de la ley que deben revisarse, discutámoslos con evidencia, con transparencia y con participación de todos los actores involucrados. Pero revisar una norma no debería significar volver a foja cero ni perder herramientas que han contribuido a mejorar el acceso a la información alimentaria de la población.

Necesitamos más educación alimentaria, más acceso a la atención en salud y más información clara para las personas. No menos.