
Uno de los desafíos de la bioética del siglo XXI será decidir si un hijo será recibido como alteridad irreductible que llega con dignidad propia, o será seleccionado e incluso diseñado como proyecto, inversión o producto. La vieja eugenesia hablaba el lenguaje del Estado, la raza y la higiene social. La nueva habla de autonomía reproductiva, consentimiento informado, prevención sanitaria, derecho a la salud, mercado biotecnológico y eficiencia genética (Nuffield Council on Bioethics, 2018).
Ya no necesita ministerios ni programas de pureza racial, bastan clínicas elegantes, algoritmos predictivos, padres angustiados, seguros médicos y empresas que prometan elegir el “mejor” embrión disponible o incluso diseñarlo. Lejos de promoverse como política de Estado, la eugenesia ahora se publicita con folletería, contratos y apariencia de libertad, pero tensionando igualmente los principios de dignidad humana (Convención Americana de DDHH; Declaración Universal sobre Bioética y DDHH, UNESCO, 2005).
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Querer hijos sanos es comprensible y legítimo. El problema comienza cuando confundimos vida con mercancía, sanar con optimizar, prevenir patologías con seleccionar probabilísticamente, cuidar con descartar y engendrar con diseñar.
El diagnóstico genético preimplantacional (DGP), en su versión aceptada, detecta patologías genéticas graves o alteraciones cromosómicas relevantes. Pero hoy avanza hacia la predicción poligénica, identificando riesgos estadísticos asociados a múltiples genes, como obesidad, salud mental, estatura o inteligencia.
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Evitar enfermedades devastadoras como fibrosis quística, Huntington o Tay-Sachs no equivale a tasar vidas por scores estadísticos ni a clasificar embriones según probabilidades de inteligencia, complexión física, temperamento o ventajas sociales. El paso de la medicina a la eugenesia es gradual, primero se selecciona para evitar una enfermedad, luego para reducir riesgos moderados y finalmente se diseña para aumentar capacidades.
En Argentina, la Ley 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida no regula suficientemente el DGP ni la selección embrionaria por rasgos poligénicos o no terapéuticos. Habilita el acceso a técnicas reproductivas, pero no define qué puede hacerse con los embriones, bajo qué criterios seleccionarlos, qué límites existen frente a la manipulación genética ni qué estatuto jurídico corresponde al embrión extracorpóreo.
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El CCyCN también expone esa deuda. Para sus artículos 19-21, la concepción jurídicamente relevante está vinculada al embarazo o implantación. Pero el embrión extracorpóreo no implantado, según disposición transitoria de la Ley 26.994, art. 9, debía ser sujeto de protección acorde a una ley especial que sigue pendiente. Esa omisión deja que el mercado, los fallos discrecionales o la presión individual decidan caso por caso aquello que debería ser deliberación pública.
La jurisprudencia confirma esta zona gris. En L., E. H. y otros c/OSEP (2017), la Corte Suprema rechazó la cobertura integral de una fecundación in vitro con DGP porque no estaba expresamente incluida como prestación obligatoria. El caso muestra que garantizar reproducción asistida no implica reconocer un derecho exigible a seleccionar embriones según criterios genéticos.
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En Artavia Murillo vs. Costa Rica (2012), la CIDH sostuvo que el embrión no puede ser considerado persona plena antes de la implantación y que la protección prenatal es gradual e incremental. El fallo rechazó la prohibición de la fecundación in vitro, pero no avaló seleccionar embriones por cualquier criterio.
En Costa y Pavan vs. Italia (2012), el TEDH protegió el acceso al DGP de una pareja portadora de fibrosis quística, pero no para preferencias o mejoras. En Parrillo vs. Italia (2015), resuelve que los embriones no son bienes sobre los que pueda ejercerse un derecho de propiedad, limitando la autonomía reproductiva a la procreación y permitiendo al Estado prohibir su donación para investigación.
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El denominador común jurídico aquí es que el embrión extracorpóreo no es persona plena pero tampoco un objeto.
En Reino Unido, la Human Fertilisation and Embryology Authority (2023), prohíbe seleccionar embriones mediante puntajes poligénicos por falta de evidencia suficiente, su carácter engañoso y riesgos sociales como la eugenesia encubierta.
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Estados Unidos, en cambio, presenta un escenario más fragmentado y abierto al mercado, donde se ofrecen análisis embrionarios para estimar inteligencia, estatura, riesgo de obesidad, salud mental u otros rasgos complejos, con costos muy elevados. Allí aparece el rostro más inquietante de la nueva eugenesia. La desigualdad ya no empezaría en la cuna, sino en el laboratorio.
Rasgos como inteligencia, conducta, salud mental, obesidad o longevidad no dependen de un gen aislado, sino de interacciones entre predisposición genética, ambiente, educación, azar, historia familiar y contexto social. Convertir esas probabilidades en criterios de selección embrionaria reduce la vida humana a predicción estadística.
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La medicina reproductiva nació para asistir a quienes no podían concebir y evitar sufrimientos graves. Pero el mercado biotecnológico transforma vulnerabilidad en oportunidad de negocio y deseo en servicio disponible. Por eso, evitar una enfermedad genética grave es medicina preventiva legítima, pero seleccionar embriones por rendimiento, estética, temperamento o ventaja cognitiva introduce otra lógica, la del hijo como promesa de optimización.
Cuando eso ocurre, el hijo deja ser alguien que irrumpe con una existencia propia irreductible al deseo, al cálculo, al proyecto parental o al diseño biotecnológico, deviniendo en quien deberá cumplir una expectativa previa, mercancía biológica y activo genético.
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Desde la Ética del Límite, el problema no reside en qué puede hacer la biotecnología reproductiva, sino qué debe abstenerse de hacer. No todo deseo reproductivo es derecho, no toda capacidad técnica es moralmente legítima ni toda apelación a la autonomía justifica cualquier práctica. Allí donde todo deseo se convierte en derecho, toda técnica en prestación disponible y toda vida en objeto de cálculo, la libertad deja de ser responsabilidad y se transforma en dominio.
Lo común entre la vieja y la nueva eugenesia es su ilimitación. La primera transgredía el límite desde el poder estatal, la segunda lo hace invocando autonomía, técnica y mercado.
Aquí el límite protege tres distinciones decisivas: terapia y mejora, hijo y producto, autonomía y bienes comunes. Evitar una enfermedad genética no es seleccionar por inteligencia, estatura o temperamento. Cada decisión privada de selección embrionaria, cuando se masifica, transforma la cultura compartida sobre vulnerabilidad, normalidad y dignidad. Así, prevenir sufrimiento es legítimo, pero una cultura obsesionada con eliminar todo riesgo puede insinuar que ciertos seres no deberían haber nacido.
Así, la cuestión no es sólo si el embrión extracorpóreo posee personalidad jurídica plena, sino si una comunidad política aceptará que la vida humana inicial sea sometida a criterios de rendimiento o deseabilidad. La ausencia de tal estatuto jurídico pleno no equivale a disponibilidad absoluta. Allí donde el derecho todavía no define con claridad, la bioética debe fijar límites antes de que el mercado los sustituya por precios, promesas y contratos.
Argentina necesita una ley especial sobre embriones no implantados y DGP. Debería evitar tanto la prohibición absoluta, que desconoce el sufrimiento de familias atravesadas por enfermedades genéticas, como la liberalización total, que entrega la selección embrionaria al mercado.
Una regulación razonable debería permitir, bajo control estricto, el DGP destinado a evitar enfermedades graves; restringir la selección por rasgos no patológicos; prohibir la publicidad engañosa; proteger datos genéticos embrionarios; crear registros nacionales y exigir evaluación interdisciplinaria.
La bioética no es enemiga de la medicina reproductiva, evita que sea gobernada por deseo o rentabilidad. Porque expandir las posibilidades de cuidado no convierte toda posibilidad en autorización ni toda vulnerabilidad en ocasión de diseño.
La nueva eugenesia no comienza con declaraciones de superioridad racial o programas de saneamiento poblacional, sino con la amable frase “solo queremos darle lo mejor a nuestro hijo”, confundiendo ese cuidado con diseñar al hijo que promete ser mejor.
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