El super RIGI es contrario al libre mercado

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el super RIGI que incorporará más incentivos fiscales que el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones. Según detalló en conferencia de prensa, el Impuesto a las Ganancias va a ser menor: el RIGI es del 25% y en el super RIGI del 15%. Además, la amortización sería del 60% en el primer año, 20% en el segundo y 20% en el tercero, a diferencia del plan inicial, donde la amortización es gradual.

Los beneficios para importar insumos y bienes de capital serán más amplios que en el caso del sistema de incentivos original, y también establece límites a impuestos provinciales y tasas municipales, lo cual presenta particularidades dada la distribución de competencias federales establecida en la Constitución.

Finalmente, el nuevo programa se dirige a sectores que generan mayor valor agregado. Esta es la descripción que hizo Caputo en la presentación del super RIGI.

Antecedentes

Ya hay antecedentes en la historia económica argentina de, aproximadamente, mediados del siglo pasado. En ese entonces, se aprobaron leyes para promover la industria petroquímica, lo que permitió el desarrollo de polos industriales en Bahía Blanca hacia 1973 con el tercer gobierno peronista. Los incentivos incluían exenciones de Ganancias e IVA, beneficios aduaneros y ventajas para importar bienes de capital, además de subsidios.

Este tipo de promociones industriales abarcó otros sectores como la siderurgia, el aluminio y el automotriz. Fue una etapa en la que el Estado decidía qué sectores impulsar mediante subsidios, protección e incentivos fiscales.

En las décadas de los setenta y ochenta, se impulsó el régimen de promoción industrial beneficiando a La Rioja, San Juan, Catamarca y San Luis, extensivo luego a Tierra del Fuego. Los mecanismos siempre fueron similares: exenciones impositivas, reducción o eliminación del impuesto a las ganancias, exenciones aduaneras, entre otros.

Se produjeron escándalos de corrupción vinculados a estos regímenes, con diferimientos impositivos convertidos en negocio financiero, producción limitada al ensamblado, etiquetado y empaquetado, y tráfico de promociones, demostrando ineficiencia y corrupción en experiencias pasadas de estímulo a sectores específicos.

Desde la perspectiva de la escuela austríaca de economía, el ensayo de Friedrich von Hayek titulado: El Mercado como Proceso de descubrimiento destaca que lo esencial es identificar demandas insatisfechas y asignar recursos en consecuencia. El crecimiento sostenido se alcanza cuando los empresarios estiman dónde hay una demanda insatisfecha y orientan allí los recursos productivos.

La gran diferencia entre una economía libre y una intervencionista o socialista, es que en la primera es el sistema de precios libres el que orienta la asignación de los recursos productivos. No los incentivos del gobierno de turno. En una economía intervencionista o socialista el funcionario decide dónde hay que asignar los recursos productivos y establece regulaciones e incentivos para dirigir los recursos hacia los sectores que el burócrata cree más conveniente.

Obviamente esta asignación de los recursos productivos nada tiene que ver con una economía eficiente que satisfaga la demanda de los consumidores. Un ejemplo claro fue el de la industria automotriz que durante décadas fue protegida.

En una economía libre, el sistema de precios determina la asignación de los recursos. No así los incentivos del gobierno de turno. En esquemas intervencionistas o socialistas, el funcionario decide la asignación y establece regulaciones e incentivos fiscales según su criterio.

Un caso paradigmático es el de la industria automotriz, protegida durante décadas. En Estados Unidos, el Ford Falcon dejó de producirse en 1970 (había comenzado en 1960), mientras que en Argentina inició su producción en 1962 y se siguió fabricando hasta 1991. Eso significa que la producción continuó en el país cuando 21 años antes ya no se fabricaba en el mercado original debido a la intervención estatal.

Ganadores y perdedores

Volviendo al RIGI, el Gobierno decide, contrariando la lógica del libre mercado, quiénes ganan y quiénes pierden. Para que los recursos se asignen de manera eficiente, deben responder necesariamente a los precios libres, que reflejan valoraciones subjetivas cambiantes entre las personas. Un sistema dirigido no puede captar esa multiplicidad de valoraciones.

Cuando el ministro Caputo determina que hay que producir baterías de litio, laminado de cobre, paneles solares, datacenters o fertilizantes específicos, asume conocer las preferencias cambiantes de los consumidores y otorga a esos sectores beneficios impositivos, cambiarios, aduaneros, entre otros.

El Estado no debe decidir dónde se asignan los recursos productivos, sino crear reglas de juego claras para que los productores compitan libremente y descubran dónde existe demanda insatisfecha. En estos términos, el Gobierno considera ineficiente al mercado y opta por políticas que discriminan entre sectores con medidas impositivas, aduaneras y cambiarias, reforzando una economía de baja competitividad.

Argentina tiene una economía de baja competitividad porque durante décadas sufrimos gobiernos cuyos funcionarios consideraron que ellos sabían mejor que el mercado libre dónde asignar los recursos productivos. A pesar del discurso pro mercado libre, el gobierno de Javier Milei continúa con la criticada práctica estatal de intervenir en la economía.