Sin agua no hay país

Con un operativo de seguridad totalmente desproporcionado para la ocasión, arrancaron las audiencias públicas en la Cámara de Diputados para discutir la modificatoria de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno Nacional. No conformes con presentar una reforma inconstitucional, también decidieron fraguar el mecanismo de participación pública obligatorio para decidir sobre un proyecto ambiental de esta magnitud.

Los peligros asociados al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares son infinitos: estamos hablando de habilitar proyectos extractivistas sobre reservas de agua dulce cuya pérdida es irreversible. No hace falta defender la importancia de los glaciares porque se defienden solos: fuentes de agua potable para millones de personas, insumo clave para la producción, reguladores de variabilidad hídrica y sequías. Un proyecto que además de cargarse los glaciares se lleva puesta toda la normativa legal ambiental: el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General de Ambiente, el Acuerdo de Escazú, por mencionar solo algunas. Los principios básicos de cuidado ambiental y protección de las futuras generaciones.

Por supuesto que una medida de esta magnitud, de esta gravedad para todos los argentinos, tenía que darse de la forma más antidemocrática posible. En las audiencias públicas obligatorias por ley se anotaron 102.000 personas: récord histórico. Un mensaje claro y contundente. Pero se definió con un criterio arbitrario y desconocido que puedan participar solo el 0,3% de los ciudadanos inscriptos, colando a último momento a representantes de las mineras que ni se habían anotado (todos sanjuaninos, provincia de Peluc, el presidente mileísta de la comisión de Recursos Naturales). Con un Congreso vallado, accesos cortados, fuerzas policiales por todas partes, negándose a escuchar las voces de quienes dicen representar. Más casta no se consigue.

El argumento es siempre el mismo: que los ambientalistas somos unos necios (estoy siendo indulgente, en realidad Milei en su última intervención nos dijo idiotas), un obstáculo para la producción y el desarrollo, que si fuera por nosotros no podríamos tocar nada de la naturaleza ni existir ni producir. Pero no vamos a caer en esa trampa: la dicotomía ambiente y producción acá es totalmente falsa. Los glaciares ocupan 8.000 km2, representan menos del 1% del territorio nacional y almacenan el 70% del agua dulce. Son reservas hídricas absolutamente indispensables para la producción y para la vida. Sin ir más lejos, en la Provincia de Buenos Aires, la cuenca del Río Colorado que depende del deshielo de glaciares de la Cordillera, funciona como sistema de riego de 80.000 hectáreas de nuestro árido sur. No somos anti productivistas por defender el agua. Sin agua no hay Argentina productiva posible.

Esta falacia del hombre de paja que quieren instalar es funcional al verdadero motivo por el cual están intentando flexibilizar esta y otras leyes ambientales: porque es una exigencia de Estados Unidos. Scott Bessent en su visita a Argentina pidió acceso preferencial a empresas estadounidenses en la minería del litio, cobre y tierras raras. El acuerdo bilateral con Estados Unidos exige que “los gobiernos provinciales faciliten la inversión de empresas estadounidenses en proyectos de minería” y que Argentina “priorice a Estados Unidos como socio comercial y de inversión para el cobre, el litio y otros minerales críticos”. El RIGI aprobado en 2024 ya había allanado el camino: beneficios extraordinarios, estabilidad normativa y garantías jurídicas para proyectos con foco en sectores extractivos. La Ley de Glaciares era el límite regulatorio que quedaba por remover. Pero no todo tiene precio: el agua no se vende. Porque esos glaciares se pierden y no los podemos recuperar más, aunque en unos años cambie la composición de la cámara y revirtamos la ley.

Destrucción masiva de la economía argentina y de la producción nacional y una entrega sin precedentes de nuestra soberanía y recursos naturales. Una seguidilla de injusticias que solo cierra silenciando las voces de la ciudadanía y con Cristina presa para debilitar el peronismo (advertencia a mediano plazo: no se puede tapar el sol con la mano). Todo tiene que ver con todo, porque al fin y al cabo esta discusión excede a los glaciares y al debate técnico. Es una discusión por el modelo de país que queremos tener. Uno que entregue sus bienes comunes y su soberanía para favorecer intereses foráneos de corto plazo, o uno que nos defienda a nosotros, los argentinos.