
Quienes nacimos después de 1983 tendemos a vivir la democracia como si fuera el estado natural de las cosas, cuando en realidad es una construcción histórica, conflictiva y frágil. Crecimos creyendo que votar, opinar, protestar o debatir sobre política en público son hechos normales, cuando en realidad son conquistas que obtuvimos porque hubo quienes lucharon por garantizar esos derechos.
Aunque mi generación, nacida a principios de los 90, no vivió el terrorismo de Estado, sí vivió sus consecuencias: la búsqueda de bebés robados, el reclamo por memoria, verdad y justicia, y las secuelas económicas, sociales y culturales de la dictadura cívico-militar. Quizá el resabio más naturalizado de ese período atroz se resume en una frase: “preocupate solo por vos, no opines ni te metas en política”.
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Involucrarse en política, en otras palabras, preocuparse por el Otro, es una acción democrática. Tener memoria no significa anclarse en el pasado. Significa ser consciente de lo que sucedió para reconocer a tiempo todo lo que no queremos que ocurra nunca más. Me refiero al robo de la identidad, la privación ilegítima de la libertad, la tortura, la intolerancia hacia quien piensa distinto y, también, a la imposición de un modelo económico que favorece a una minoría a través de la fuerza.
Quienes nacimos en democracia no elegimos lo que heredamos, pero sí elegimos qué hacer con eso. En tiempos donde el debate público se caracteriza por el insulto y los discursos de odio, defender la democracia implica un compromiso que excede la responsabilidad de votar cada dos años. Consiste fundamentalmente en cuidar la palabra pública, en aceptar el disenso y en comprender que quien piensa distinto no es un enemigo a exterminar.
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Pero, además de estos principios elementales, como sociedad debemos comprender que la única manera de preservar el orden democrático es fortalecerlo. Y eso significa incluir a los excluidos, atender y resolver las demandas de los marginados y, en definitiva, establecer un orden colectivo fundamentado en la igualdad y la justicia social.
A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, recordar lo que sucedió el 24 de marzo de 1976 no es una efeméride. Es producir conciencia democrática. Hoy, como sociedad tenemos el desafío de ponerle un límite a la degradación de la democracia que se expresa en la retórica de la intolerancia y en la indiferencia del “sálvese quien pueda”. Para eso hay que reconocer que nacer en democracia es una herencia histórica, pero vivir en democracia, en cambio, es una decisión colectiva de todos los días.
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