Cuando la ofensa se convierte en crimen

Una abogada argentina podría enfrentar sanciones penales e incluso prisión en Brasil por realizar un gesto considerado racista durante una discusión en la vía pública. El caso ha generado un fuerte debate: algunos defienden la firmeza de la ley brasileña contra el racismo, mientras otros cuestionan la severidad de la respuesta. Pero más allá del episodio concreto, el caso plantea una pregunta mucho más profunda: ¿debe el Estado castigar gestos o palabras por el simple hecho de que resulten ofensivos?

Responder esa pregunta exige recordar un principio fundamental de toda sociedad que aspire a ser libre: las palabras (o gestos, en este caso) no son violencia. La libertad de expresión no significa el derecho a decir únicamente aquello que los demás consideran correcto, educado o aceptable. Significa precisamente lo contrario: el derecho a expresar ideas, opiniones o incluso insultos que otros puedan considerar ofensivos, desagradables o moralmente reprobables.

Si la libertad de expresión solo protegiera lo que nadie cuestiona, dejaría de ser libertad. La razón es simple: “La mente humana funciona mediante el intercambio de ideas”. Cuando el Estado comienza a controlar lo que se puede decir, inevitablemente termina influyendo también en lo que se puede pensar. Por esta razón, las sociedades libres han sido históricamente extremadamente cautelosas al permitir que el gobierno castigue expresiones.

Expresión versus coerción

El punto central en este debate es la distinción entre expresión (palabras, gestos) y coerción (o uso de la fuerza). Las palabras, los gestos o los insultos pueden ser desagradables, crueles o moralmente despreciables. Pero no constituyen en sí mismos una violación de derechos.

Un derecho se viola cuando alguien utiliza o amenaza con utilizar fuerza física contra otra persona: “cuando ataca su vida, su libertad o su propiedad”. O cuando obliga a alguien a actuar de una manera en la que no habría actuado si hubiera sido libre de elegir. Ese es el principio sobre el que se construye una sociedad libre. El gobierno existe para proteger a los ciudadanos de la violencia, del fraude o de la coerción, no para protegerlos de ideas ofensivas o de emociones negativas.

Por eso la pregunta clave en este caso es simple: ¿qué derecho concreto fue violado por el gesto de la abogada? ¿Se impidió a alguien actuar libremente? ¿Se dañó su propiedad? ¿Se atacó su integridad física? Si la respuesta es no, entonces no estamos ante una violación de derechos. Y si no hay violación de derechos, el Estado no debería intervenir en absoluto.

El verdadero peligro

Si el Estado obtiene el poder de castigar aquello que alguien considera ofensivo, inevitablemente surge una pregunta decisiva: ¿quién define qué es ofensivo? ¿La persona ofendida, la opinión pública o el gobierno? En el caso que abrió este debate, el gesto de la abogada fue interpretado como racista. Pero, desde el punto de vista legal, el racismo no es esencialmente distinto de muchas otras expresiones que también pueden resultar ofensivas.

En la vida cotidiana abundan ejemplos: Un comentario como “tenías que ser rubia” o “tenías que ser mujer”. Una expresión como “fuera los gringos”. Una burla a alguien que tartamudea o cojea. Un insulto dirigido a la orientación sexual o a las creencias religiosas de alguien.

Todas estas expresiones podrían ser calificadas como sexistas, xenófobas, homofóbicas o discriminatorias, y podrían resultar profundamente ofensivas para quien las recibe. Algunas pueden ser groseras, injustas o moralmente despreciables. Pero, ¿deberíamos castigar penalmente a quienes las pronuncian?

Cuando la ley abandona el terreno de la violación de derechos para entrar en el terreno de las ofensas, el límite se vuelve inevitablemente arbitrario, y comienza a desdibujarse la frontera entre proteger derechos y controlar ideas. La historia muestra que esa arbitrariedad tarde o temprano suele extenderse hacia otros ámbitos. Lo que comienza como una ley para sancionar ciertas expresiones consideradas discriminatorias puede terminar aplicándose a opiniones incómodas, críticas políticas o cuestionamientos al poder.

En regímenes autoritarios este proceso es evidente. En Cuba, criticar al régimen puede considerarse propaganda enemiga y llevar a prisión. En Corea del Norte, una palabra contra el líder puede convertirse en delito. En muchos sistemas políticos donde el Estado controla el discurso público, la ley castiga “ofender al Estado”, “ofender a la nación” u “ofender al líder”.

Nada de esto significa que los gestos ofensivos deban ser celebrados o aprobados moralmente. Las personas son libres de condenar socialmente conductas que consideran despreciables. Pueden criticarlas, repudiarlas o aislar socialmente a quienes las realizan. Pero la condena social y el castigo penal son cosas muy distintas.

Las leyes no existen para regular la moral privada ni para imponer respeto entre las personas. Existen para proteger derechos. Las malas ideas se combaten con mejores argumentos, con debate público, con educación y con crítica social. Nunca con prisión.

La cuestión fundamental

No debería ser el gesto de la abogada —si fue grosero, ofensivo o moralmente criticable— el foco principal de este debate. La cuestión verdaderamente importante es si una sociedad debe permitir que el Estado encarcele a personas por palabras o gestos. Las leyes, por el simple hecho de ser legales, no son necesariamente justas ni morales, y una ley injusta con poder coercitivo sobre las personas es mucho más peligrosa que un gesto o una palabra ofensiva.

Una sociedad libre no se define por la corrección moral de todos sus ciudadanos, sino por los límites que impone al poder del Estado. Cuando el Estado se convierte en árbitro de lo que puede decirse, “la libertad deja de depender de principios y pasa a depender del criterio de quienes tienen el poder”. La historia muestra que ese camino rara vez termina en finales felices.

Y por eso la pregunta que abrió este debate sigue siendo fundamental: ¿debe el Estado tener el poder de encarcelar a alguien por palabras o gestos ofensivos? La respuesta debería ser clara y contundente. En el mundo civilizado: no.