Equilibrio fiscal en tensión: el impacto previsional de la reforma laboral

El proyecto de reforma laboral aprobado en la Cámara de Diputados el jueves pasado y que será discutido en el Senado el viernes, introduce modificaciones sustantivas en el régimen de relaciones laborales y en el esquema de financiamiento de la seguridad social en Argentina.

Entre sus disposiciones más relevantes, se encuentra la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), presentado por el Poder Ejecutivo como un instrumento para financiar indemnizaciones por despido y promover la formalización del empleo. Este diseño plantea interrogantes significativos sobre sus efectos fiscales, previsionales y distributivos, particularmente en relación con la sostenibilidad del sistema jubilatorio y el equilibrio de las cuentas públicas.

La norma establece la derivación obligatoria de una porción de los aportes patronales actualmente destinados al pago de beneficios previsionales —entre 1% y 1,5% de la masa salarial para grandes empresas y entre 2,5% y 3% para pymes— hacia cuentas individuales que cada empresa deberá constituir en una entidad financiera para cubrir eventuales indemnizaciones de su personal. Es decir, el FAL no implica un costo adicional para los empleadores, sino una reasignación de recursos desde el sistema previsional hacia un fondo privado administrado por entidades financieras, bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores.

Aunque formalmente el trabajador seguiría percibiendo su indemnización, el esquema modifica el origen del financiamiento de ese derecho, cubriendo costos empresariales con recursos que hoy financian jubilaciones y pensiones, y reduciendo los recursos del sistema previsional para la seguridad social. Esta transferencia de recursos resulta muy significativa, ya que la reducción de aportes patronales destinados a la ANSES implica una pérdida estimada de recursos de entre 0,30% y el 0,40% del PBI, lo que equivale a la mitad de los recursos que el Estado destina a la Asignación Universal por Hijo.

Las implicancias sociales y distributivas del mecanismo también son relevantes. En los últimos dos años, las jubilaciones experimentaron una significativa pérdida de poder adquisitivo (23% en promedio y 28% para las prestaciones mínimas, según MATE) y el gasto previsional ha sido utilizado frecuentemente como variable de ajuste fiscal, justificando los cambios con el argumento de que el sistema previsional “está quebrado”.

En este marco, el FAL profundiza la fragilidad del sistema y puede generar una dinámica política y económica que habilite nuevas reformas estructurales bajo el argumento de la insustentabilidad futura del régimen jubilatorio. La reducción de recursos puede presentarse posteriormente como evidencia de la necesidad de elevar la edad jubilatoria, reducir prestaciones o avanzar hacia esquemas de mayor privatización del sistema. En este sentido, el FAL no constituye una medida aislada sino que puede operar como un mecanismo que reconfigura el equilibrio del sistema de protección social en el mediano plazo.

Al desfinanciamiento directo de la seguridad social que implica el FAL, se le suman tres vías adicionales previstas en el proyecto.

En primer lugar, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) fija, para las nuevas relaciones laborales que se incorporen bajo ese régimen, alícuotas marcadamente reducidas durante 48 meses. En ese período, los empleadores aportarían apenas 2% para el SIPA, el Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares, y 3% para el INSSJP, de modo que por cuatro años cada vínculo alcanzado contribuye muy por debajo del estándar vigente.

En segundo lugar, el régimen de regularización contempla condonaciones masivas de deudas vinculadas a aportes y contribuciones, con quitas que no pueden ser inferiores al 70%, junto con la extinción de sanciones. En términos fiscales, esto implica resignar recaudación adeudada y debilitar herramientas de cobro, reduciendo recursos que deberían ingresar al sistema.

Por último, el proyecto también opera por la vía de la deslaboralización: al debilitar la presunción de relación laboral en contrataciones instrumentadas mediante facturación o pagos bancarios, y al reforzar el encuadre independiente en el trabajo mediante plataformas, se habilita una expansión de modalidades que sustituyen empleo formal por formas de contratación con menor o nula contribución hacia la seguridad social.

Además, el proyecto incorpora cambios tributarios que resultan llamativos en el marco de una ley orientada al empleo y las relaciones laborales y que implican una reducción adicional y regresiva de ingresos fiscales. En particular, se eliminan impuestos internos sobre seguros (alícuota del 2,5%), bienes suntuarios (20%) y servicios de telefonía celular y satelital, así como sobre determinados vehículos de alta gama, embarcaciones y aeronaves. Estos gravámenes recaen principalmente sobre consumos de mayor capacidad contributiva, por lo que su eliminación beneficia proporcionalmente a los sectores de mayores ingresos y tiende a profundizar la regresividad del sistema tributario, al reducir impuestos sobre consumos de lujo sin medidas compensatorias que fortalezcan la progresividad fiscal.

Esta reducción debilita estructuralmente el financiamiento de la seguridad social y genera presiones adicionales sobre las cuentas públicas. En términos fiscales, la medida introduce una tensión evidente: la disminución de recursos previsionales deberá compensarse mediante otras fuentes. Desde el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), proponemos alternativas para avanzar en el fortalecimiento del financiamiento del sistema previsional mediante fuentes más estables y progresivas, diversificando los recursos del sistema y reduciendo los mecanismos que erosionan su base contributiva.

Esto implica ampliar la formalización laboral sin reducir aportes, mejorar la progresividad tributaria y fortalecer la capacidad estatal de financiamiento de la protección social. Resulta necesario avanzar hacia un sistema de protección social más inclusivo y sostenible que garantice prestaciones suficientes y cobertura previsional universal, reconociendo trayectorias laborales diversas y fortaleciendo los mecanismos de solidaridad intergeneracional.

Estas medidas buscan asegurar la sostenibilidad fiscal sin trasladar los costos del ajuste a los sectores más vulnerables y preservar el carácter redistributivo de la seguridad social.

La discusión sobre el Fondo de Asistencia Laboral pone en evidencia la necesidad de evaluar las reformas laborales no solo por sus efectos sobre el mercado de trabajo, sino también por sus implicancias fiscales y sociales de largo plazo. La sostenibilidad de las cuentas públicas no puede lograrse a costa del debilitamiento de los sistemas de protección social ni del deterioro de los derechos previsionales. Por el contrario, el desafío consiste en construir un esquema fiscal que combine estabilidad macroeconómica, equidad distributiva y garantía efectiva de derechos.