Durante años se instaló una idea repetida en la gestión pública: cuando faltan recursos, cuando se necesita hacer obras que mejoren la vida de los ciudadanos o llevar adelante nuevos proyectos, no hay otra opción que crear más impuestos o aumentar los que ya existen. Esa idea no solo es falsa, sino también profundamente dañina para el desarrollo económico y social.
La experiencia demuestra que existe otro camino. No por dogma, sino por convicción y por evidencia empírica, cada vez más gobiernos locales están entendiendo que reducir la presión fiscal puede ser una herramienta más eficaz para fortalecer las finanzas públicas que seguir cargando sobre los mismos contribuyentes de siempre.
Es muy necesario avanzar en la eliminación de tributos distorsivos, en la simplificación de tasas y en políticas de alivio fiscal para sectores clave. El principio es simple: los tributos municipales (al menos en la provincia de Buenos Aires) deben ser una contraprestación por servicios reales, no una penalidad por producir, invertir o trabajar.
En Zárate eliminamos más de 50 tributos locales. Se eximió del pago de tasas municipales a jubilados y pensionados, se derogaron gravámenes como la patente de motos, el derecho de habilitación y el derecho de construcción, y se impulsó una política de promoción industrial basada en reglas claras y previsibles.
Los resultados fueron elocuentes: los ingresos municipales crecieron muy por encima de la inflación, producto no de mayores alícuotas, sino de una ampliación de la base de contribuyentes. Es decir, más personas pagando menos, en lugar de pocos pagando cada vez más.
La clave está en entender que la recaudación no depende únicamente del nivel de los impuestos, sino del nivel de actividad económica y del grado de cumplimiento. Cuando se baja la presión impositiva, se reduce la informalidad, mejora la percepción de justicia fiscal y aumenta la disposición a cumplir.
Un dato resulta especialmente ilustrativo: aun otorgando exenciones totales a jubilados, la recaudación por tasas terminó siendo mayor que cuando ese sector sí pagaba. Esto permitió sostener servicios, encarar obras públicas y actualizar salarios sin recurrir a aumentos fiscales.
La protección de los jubilados no es solo una decisión económica, sino también ética. Aliviar la carga sobre quienes ya aportaron durante toda su vida laboral es una forma concreta de justicia intergeneracional.
La misma lógica se aplica al empleo y al desarrollo productivo. Implementamos exenciones para jóvenes emprendedores, con el objetivo de reducir costos iniciales y facilitar el ingreso al mundo laboral. El mensaje es claro: el Estado debe ser un aliado en el momento de empezar, no un obstáculo.
Menos impuestos significa más inversión, más empleo y más dinamismo económico. La reducción de alícuotas en sectores estratégicos y la eliminación de tasas específicas muestran cómo una política fiscal inteligente puede potenciar cadenas productivas completas.
Aumentar impuestos no garantiza recaudar más. Muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Cuando el Estado cobra de manera razonable, previsible y equitativa, recauda mejor. Y, sobre todo, contribuye a construir una economía más dinámica, formal y sustentable en el tiempo.
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