¿Puede la inteligencia artificial ser una persona jurídica?

En el debate contemporáneo sobre inteligencia artificial comenzó a emerger una propuesta que es impulsada por académicos de reconocido prestigio en el derecho societario: la posibilidad de dotar a la IA de personalidad jurídica.

El razonamiento, formulado con rigor técnico, parte de una comparación que parece difícil de refutar. Las sociedades comerciales son personas jurídicas ficticias, carecen de voluntad propia en sentido humano y, sin embargo, el ordenamiento jurídico les reconoce capacidad para actuar, contratar, adquirir derechos y asumir obligaciones. Si aceptamos esa ficción, podríamos preguntarnos, ¿por qué no extenderla a sistemas de inteligencia artificial?

La analogía comienza a tensionarse cuando se analiza la función concreta que cumple la personalidad jurídica dentro del derecho.

Las sociedades no son meras abstracciones normativas. Son estructuras creadas para organizar voluntades humanas, canalizar intereses y permitir la imputación jurídica dentro de un marco estable. Una sociedad anónima o una SRL no decide por sí misma, pero actúa a través de órganos expresamente previstos por la ley. Existe un órgano de gobierno que fija lineamientos, un órgano de administración que ejecuta decisiones y, según el tipo societario, un órgano de fiscalización.

Hay reglas claras sobre representación, sobre facultades para obligar a la sociedad, sobre deberes de diligencia y lealtad de los administradores y sobre los supuestos en los que la responsabilidad puede extenderse.

La persona jurídica no sustituye al sujeto humano ni lo reemplaza. La ficción jurídica ordena la acción humana y la hace jurídicamente legible. Incluso en los regímenes de responsabilidad limitada, el derecho conserva siempre la posibilidad de reconstruir la voluntad humana que dio origen al acto societario. La estructura societaria está pensada para contener, no para desbordar.

La inteligencia artificial, en cambio, no es una organización de voluntades ni una institución. Es una arquitectura técnica basada en redes neuronales artificiales, modelos estadísticos y procesos de aprendizaje automático que operan sobre grandes volúmenes de datos. Puede generar resultados complejos, adaptarse a contextos cambiantes y modificar su comportamiento en función del entrenamiento, pero no lo hace desde una estructura normativa interna, sino a través de dinámicas técnicas que, en ciertos contextos, desbordan la voluntad humana concreta que les dio origen.

El problema aparece cuando se intenta trasladar una forma jurídica diseñada para estructuras estables a una tecnología que no lo es.

La inteligencia artificial no se comporta como una sociedad, no evoluciona como una organización humana y no permanece idéntica a sí misma en el tiempo. Se reentrena, se ajusta, se reconfigura, se integra en nuevos entornos y adquiere capacidades que no estaban presentes en su diseño inicial. No es un ente cerrado, sino una estructura abierta.

Este desajuste se vuelve más evidente cuando se introduce la cuestión de la alineación. Las sociedades, aun siendo personas jurídicas ficticias, están necesariamente alineadas con intereses humanos. Su razón de ser es canalizarlos. La inteligencia artificial, en cambio, puede optimizar objetivos definidos algorítmicamente y producir resultados que no siempre coinciden con los intereses humanos que le dieron origen.

La alineación no es una condición estructural garantizada, sino un problema técnico y ético permanente. Pretender encuadrar esa dinámica dentro de una personalidad jurídica ideal supone asumir una estabilidad que el propio desarrollo tecnológico desmiente.

La proyección hacia el futuro intensifica esta tensión. Hoy se discute si ciertos sistemas podrían desarrollar formas incipientes de introspección funcional. No conciencia humana en sentido filosófico, pero sí capacidades de autoevaluación y adaptación de sus propios procesos internos. A la vez, avanzan los desarrollos en interfaces cerebro-computadora y en sistemas híbridos que conectan procesos neuronales biológicos con arquitecturas computacionales. En estos escenarios, la inteligencia artificial deja de ser un instrumento aislado para convertirse en una estructura dinámica que interactúa, se acopla y se transforma en relación con entornos humanos y tecnológicos.

Frente a este panorama, el intento de dotar a la inteligencia artificial de personalidad jurídica aparece como una respuesta tranquilizadora frente a lo desconocido. Se busca contener en una estructura fija aquello que se expande, muta y se redefine constantemente. No porque el derecho carezca de herramientas, sino porque todavía no terminamos de comprender, o de aceptar, qué tipo de fenómeno tecnológico tenemos delante.

El problema no es que el derecho no pueda regular la inteligencia artificial. El problema es el intento de inmovilizar en una forma estable algo que, por definición, se reconfigura y evoluciona. Convertir a la inteligencia artificial en una persona jurídica ideal no aclara su estatuto ni aporta mayor precisión conceptual. Introduce, en cambio, una rigidez artificial allí donde el fenómeno exige categorías más flexibles y un abordaje que no fuerce analogías pensadas para otra clase de realidades.

El verdadero desafío no consiste en crear nuevas estructuras jurídicas para alojar a la inteligencia artificial, sino en aceptar que estamos frente a una tecnología que desborda las formas clásicas del derecho. Forzar su encuadre en modelos societarios tradicionales no es un avance teórico, sino una señal de que aún intentamos clasificar jurídicamente aquello que todavía estamos aprendiendo a comprender.