El Estado debe acompañar a las familias que buscan a sus seres queridos

En los últimos días presenté un proyecto de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas que, estoy convencido, vuelve a poner sobre la mesa un debate urgente: la falta de un sistema estatal eficiente y verdaderamente federal que actúe sin demoras cuando una persona desaparece. Lo hago con una mirada profundamente crítica hacia la respuesta judicial y policial que hoy reciben las familias, y con la convicción de que ellas y las víctimas deben estar en el centro de las políticas públicas. Hoy, en Argentina, son demasiadas las familias que terminan enfrentando solas la búsqueda de sus seres queridos.

El histórico edificio del Ex Banco Italia (Reconquista 100, CABA) fue el lugar elegido para presentar el proyecto, en un encuentro abierto con diputados, especialistas, periodistas y organizaciones civiles. El objetivo fue exponer con seriedad la necesidad de una legislación que ordene, coordine y acelere cada investigación.

Un proyecto nacido del impacto de un caso que me conmovió profundamente

Aunque muchos me conocen por mi rol como dirigente de La Bancaria, siempre dije que un dirigente no puede limitarse a discutir salarios, jubilaciones o condiciones laborales. Cuando uno asume una banca en el Congreso, asume también la obligación de mirar más allá de su agenda sectorial.

Ese compromiso se profundizó cuando conocí en detalle el caso de María Cash, desaparecida en 2011. Su historia —cruzada por falencias en la búsqueda, demoras injustificadas y una descoordinación estatal que resulta inaceptable— fue para mí un golpe de realidad. El camino que recorrió su familia, recurriendo a medios, caminando rutas y pidiendo cooperación internacional, fue la muestra más dura de una falla estructural del Estado.

Recuerdo que, al conocer el caso, me pregunté una y otra vez: “¿Cómo puede ser que en un país con organismos nacionales, provinciales, fuerzas federales y sistemas judiciales múltiples, una familia tenga que convertirse en investigadora?”. Esa pregunta fue el punto de partida para impulsar una respuesta legislativa que evite que otras familias vivan el mismo calvario.

Las principales propuestas de mi proyecto

Mi iniciativa busca darle fuerza legal al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, unificar criterios y establecer protocolos obligatorios en todas las jurisdicciones. Entre los puntos clave destaco:

● Búsqueda inmediata. Ningún organismo podrá retrasar el inicio de una investigación con las absurdas esperas de 24 o 48 horas. Cada minuto es vital y las primeras horas desde la desaparición son cruciales.

● Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Actualizado, interoperable y accesible, para evitar la fragmentación de datos y las demoras que entorpecen el proceso.

● Perspectiva de género y derechos humanos. Obligatoria en todos los casos, con especial atención a niñez, mujeres, diversidades, personas mayores y personas con discapacidad.

● Articulación federal real. Coordinación efectiva entre fuerzas provinciales, federales, Poder Judicial y organismos especializados.

● Capacitación obligatoria. Con perspectiva de género y derechos humanos para evitar estereotipos y analizar los contextos previos a cada desaparición.

● Transparencia y estadísticas públicas. Porque sin datos desagregados no se pueden diseñar políticas públicas preventivas.

Un sistema que llega tarde y que debe cambiar Lo digo con claridad: la ineficiencia judicial tiene consecuencias humanas irreparables. Las demoras, la falta de comunicación entre organismos, los expedientes que pasan de mano en mano, la escasa inversión en tecnología y las decisiones tardías terminan abandonando a quienes más necesitan del Estado. Si la justicia abandona a las familias, el Congreso tiene que actuar. La política no puede mirar para otro lado cuando miles de personas viven con la incertidumbre de no saber qué pasó con sus seres queridos.

Mi proyecto no pretende atacar a la justicia, pero sí obligarla a actuar con la celeridad que cada caso amerita.

Aunque mi trayectoria está asociada a la defensa de las y los trabajadores, este tema me despertó una responsabilidad que no podía eludir. Siempre repito que el Congreso no está para administrar silencios, sino para mejorar la calidad de vida de las personas. La búsqueda de una persona no puede depender de la buena voluntad de un funcionario ni del azar.

El evento del 20 de noviembre será un espacio clave para debatir, visibilizar y avanzar. La desaparición de una persona no es un asunto individual. Es una cuestión de derechos humanos, de acceso a la justicia y de responsabilidad estatal.

Mi objetivo es claro: que en Argentina ninguna familia vuelva a golpear puertas que no se abren y que el Estado actúe con la urgencia que la vida de una persona exige.