El Gobierno nacional anunció un incremento de entre el 29% y el 35% para los aranceles de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Podría parecer, en el plano discursivo, una señal de acompañamiento y voluntad de mejora. Pero la realidad es que el aumento no solo llega tarde, sino que es absolutamente insuficiente. La medida no respeta los parámetros de la Ley de Emergencia en Discapacidad y apenas cubre la mitad del atraso acumulado, que ya supera el 70%.
La dimensión del problema es estructural. Hoy, más de 200.000 personas con discapacidad en la Argentina dependen de un sistema prestacional que está al borde del colapso. Ese sistema que emplea a más de 150.000 trabajadores entre docentes, terapistas, transportistas y profesionales de la salud, funciona con aranceles congelados, pagos demorados entre 60 y 90 días y costos laborales y salariales que aumentan al ritmo de la inflación que, aunque disminuyó notablemente, sigue afectando a la economía de las instituciones.
No se trata de una crisis proyectada, es una crisis que ya está ocurriendo y está dejando daño en el sector. Solo en la provincia de Buenos Aires, 1 de cada 5 instituciones prestadoras cerró sus puertas desde 2023. Detrás de cada cierre hay niños, jóvenes y adultos que pierden terapias, apoyos, escolaridad y transporte.
El Gobierno intenta presentar el aumento como una medida de previsibilidad. Pero hay un dato clave: ese incremento recién se cobraría, con suerte, entre marzo y abril de 2026 debido al esquema de facturación a mes vencido. Para ese entonces, la inflación habrá pulverizado cualquier mejora. La pregunta es obvia: ¿cómo sostenemos estos meses las instituciones que ya están endeudadas para pagar sueldos, aguinaldos - que se pagan ya mismo, en el mes de diciembre-, alquileres o servicios básicos?
La Ley de Emergencia en Discapacidad —votada por los dos tercios requeridos en Diputados y por unanimidad en el Senado— no solo obliga a actualizar aranceles según inflación, también establece una compensación económica que nunca fue pagada. Esa deuda del Estado con el sistema prestacional no es un tecnicismo contable sino presupuesto que habría evitado el cierre de decenas de instituciones, la pérdida de cientos de empleos y la interrupción de tratamientos irremplazables. Y esa responsabilidad es del Estado, que ha generado una crisis que ha trascendido gobiernos, sin respuestas, respeto ni empatía por el sector más vulnerable de nuestra sociedad.
La emergencia en discapacidad no es un tema sectorial ni presupuestario, es una medida de nuestra condición como sociedad. La forma en que tratamos a quienes más apoyos necesitan define el piso moral de nuestras políticas públicas.
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