La nueva geopolítica del ciberespacio

En los últimos años, el ciberespacio se ha consolidado como un nuevo dominio de confrontación geopolítica y los ciberataques han pasado de ser incidentes aislados a convertirse en una amenaza sistémica con alcance global. Esta forma de conflicto permite afectar infraestructuras, redes financieras o instituciones democráticas sin cruzar el umbral de una guerra convencional. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo ha planteado como una amenaza creciente a la seguridad internacional y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), lo reconoce como un ámbito operativo de defensa.

La digitalización de los sistemas críticos ha creado oportunidades, pero también nuevas vulnerabilidades. El uso de armas cibernéticas puede paralizar una red eléctrica, interrumpir la atención médica o bloquear el funcionamiento de bancos o gobiernos. Algunos Estados o grupos vinculados a ellos han sido acusados de patrocinar actividades para espiar, sabotear o desestabilizar a gobiernos rivales. A través de estos ataques es posible alterar procesos electorales, robar información estratégica o generar incertidumbre económica. Este tipo de guerra híbrida pone en tensión las normas tradicionales del derecho internacional y la diplomacia.

El impacto no se limita a las potencias más relevantes del sistema internacional. América Latina también está expuesta a ataques cibernéticos de terceros Estados o de grupos criminales. Según FortiGuard Labs, Argentina ha recibido, en el primer semestre del 2025, más de 1.600 millones de intentos de ciberataques. El PAMI en el 2023 sufrió la filtración de aproximadamente 1,6 millones de archivos de datos médicos. Entre otros ejemplos, en el 2025 se pusieron a la venta 600 mil estudios clínicos de un proveedor médico. También la Comisión de Valores fue blanco de un incidente que dejó inactiva diversas plataformas y Fabricaciones Militares recibió un ataque ransomware con robo de gigabytes de información sensible.

Frente a estas amenazas, resulta destacable el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad 2025-2027 que articula los esfuerzos entre Nación, Provincias, sector privado y judicial para fortalecer capacidades de prevención, detección e investigación. El Mercosur, por su parte, impulsa la cooperación mediante una Agenda Digital común y la OEA, entre otras actividades, se encuentra desarrollando marcos legales armonizados para proteger la seguridad digital.

A pesar de los esfuerzos de cooperación regional, existen todavía limitaciones en la coordinación operativa como quedó en evidencia en el caso de los ataques cibernéticos a las infraestructuras públicas en Paraguay en 2024. La falta de un sistema regional unificado para la detección temprana y la respuesta conjunta retraso la contención del incidente, afectando servicios esenciales. Estos episodios subrayan la necesidad de establecer protocolos en el Mercosur para la cooperación en tiempo real, a fin de lograr una defensa regional más eficaz frente a las crecientes amenazas cibernéticas.

El World Economic Forum ha advertido que la inestabilidad geopolítica es un multiplicador de riesgo de ciberataques graves. Por lo tanto, es esencial que los Estados apliquen el derecho internacional en el ciberespacio, se comprometan a no atacar infraestructuras civiles y colaboren en la mitigación de incidentes a fin de consolidar reglas para un entorno digital libre y seguro. Un mayor equilibrio entre la diplomacia preventiva y el desarrollo tecnológico podrá contribuir a enfrentar de manera efectiva la creciente complejidad de las amenazas cibernéticas en un mundo hiperconectado.