El caso AMIA: el juicio en ausencia

Argentina informó a la comunidad internacional que en los dos atentados sobre Buenos Aires, el de 1992 en la embajada del Estado de Israel y el de 1994 en la mutual judía AMIA, estuvo involucrado un mismo grupo. Se acusa a dos hermanos libaneses, Abdallah y Salman Raouf, asentados en la región desde los ’80 y asistentes a la mezquita del imán iraní Mohsen Rabbani, también sospechado. Y se confirmó ahora que el juicio urgente de esos tres acusados, junto con otros sobre los que ha pesado por años una fallida orden de captura internacional, se concretará en ausencia.

Estos hermanos llegaron a Argentina en 1987, luego de vivir un tiempo en Colombia. Ya en Buenos Aires, con otra identidad, Salman se casó con Silvina Sain, musulmana devota, “fanática” según los informes de los agentes que la seguían, integrante de una familia de la mezquita. La inteligencia determinó que Rabbani la presentó con Salman y fue quien los casó. Karina, hermana de Silvina y también militante del islamismo radicalizado, estaba casada con otro de los hermanos Raouf y habían vivido juntos también en Colombia. En Buenos Aires, había trabajado en la librería de la mezquita y era secretaria del sheij.

El otro hermano acusado, Abdallah, con falso nombre José, fue detenido en noviembre de 1992 tras haber cambiado miles de dólares que los informes de inteligencia vincularon al financiamiento de las actividades de Hezbolá. Y los papeles que le secuestraron confirmaron su contacto con otros sospechosos en la zona de la Triple Frontera. “Apreciaríamos que nos envíen sus comentarios con las siguientes pistas actualizadas sobre José, su hermano y otros asociados, incluyendo Farouk Omairi, Karina Sain y Mohsen Rabbani”, se interesaron los investigadores.

Desde el primer atentado, la Corte Suprema autorizó la participación de los servicios de inteligencia de Israel y Estados Unidos e hizo pie en sus informes reservados: “Tenemos certeza de que el Hezbolá libanés fue el responsable del atentado del 17 de marzo de 1992. La organización Jihad Islámica reivindicó el atentado declarando que fue una represalia por un ataque israelí en que murió el líder del Hezbolá, Abbas al-Musawi”, concluyó la CIA. “La célula operativa estaba compuesta por varios agentes libaneses, expertos que ingresaron a la Argentina en los días previos, con el fin de llevarlo a la práctica, y por esos operativos libaneses de Hezbolá que vivían en Argentina y en la Triple Frontera desde un largo período antes, con el objetivo de establecer la infraestructura logística”, concluyó el Mossad.

En febrero de 1992 en el Líbano, Musawi había asistido en Jibchit a una conmemoración religiosa. La vigilancia israelí monitoreaba el encuentro en tiempo real a través de los drones con cámaras que comenzaba a utilizar y tomó la decisión de ejecutarlo atacando la caravana de vehículos en su regreso. La operación Noche terminó con la muerte de Musawi, su mujer y su hijo, además de otra docena de personas. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y el asesinato produjo indignación en la franja sur del Líbano. Se esperaba entonces una reacción, se advertía que el panorama resultaba de extrema tensión y se temía el agravamiento de la situación.

Desde Israel, el delegado de la inteligencia argentina informó que la cólera social comenzaba a desplazar la zona del conflicto, que podían suceder “grandes actos terroristas” en otros países y que los objetivos podrían ser comunidades judías de la diáspora o aviones israelíes. La SIDE fue alertada: “era posible prever una escalada terrorista, de parte de los principales grupos, tanto en los territorios ocupados por el Estado de Israel como en el Líbano, y en aquellas ciudades que cuentan con una importante colectividad judía: Milán, Londres, París, Buenos Aires, Montevideo”.

El atentado a la embajada de Israel en Argentina fue un mes después, el 17 de marzo de 1992, y la Jihad Islámica reivindicó el ataque, en respuesta a la muerte de Musawi, en una solicitada en el periódico libanés An Nahar. Cinco días más tarde, difundió en Beirut un video con un nuevo comunicado. Y ese mismo día, en la Casa Rosada, la inteligencia occidental hizo llegar su advertencia: “Este atentado ubica a la Argentina como un blanco y si no se logra determinar quiénes fueron los responsables seguirá siendo un blanco. El Hezbolá vio aquí elementos fundamentales: una comunidad judía grande, una repercusión internacional enorme y, además, el antecedente de la participación en la guerra del Golfo”.

Una situación similar se repitió dos años después, antes del atentado a la AMIA. La atención estaba puesta en esa minoría chiita congregada alrededor de la mezquita de Rabbani. Se desclasificó numerosa documentación secreta sobre las tareas de infiltración, vigilancia y seguimiento que comenzaron a realizarse de manera intensiva en este periodo. Y ante las alertas recibidas sobre la posibilidad de un nuevo ataque, el interés por la realización de esas tareas también fue compartido por los servicios de inteligencia israelíes.

Ya en marzo de 1994, se había reclamado intensificar el control sobre los miembros de Hezbolá en la región, luego de la masacre de Hebrón, en la que fueron asesinados 29 musulmanes reunidos en rezo en la mezquita Ibrahimi, en la Tumba de los Patriarcas. Y una situación similar se repitió unos meses después, con la información recibida sobre el secuestro en el Líbano del dirigente integrista Mustafá Dirani y nuevas alertas acerca de que “el frente se ha extendido a todo el mundo” y que “los combatientes musulmanes han probado que sus manos pueden llegar a la Argentina”.

El 21 de mayo de 1994, Dirani se encontraba en su casa de Kasarnaba, en la región libanesa del valle de la Bekaa. En la madrugada, un comando irrumpió en su domicilio y terminó secuestrado en Israel. Dirani encabezaba un movimiento, Resistencia de los Creyentes, uno de los brazos ejecutores de Hezbolá según la inteligencia israelí. La información proveniente de Israel anunciaba que habían puesto en alerta a las misiones diplomáticas en el exterior y la inteligencia argentina recibió el aviso: “La venganza llegará y será espectacular”. La SIDE asentó en sus informes de ese mismo día que eran “factibles” las represalias en la región, “en el corto plazo”.

Unos días después, el 2 de junio de 1994, otro cable envió nuevas advertencias por un ataque israelí a un campamento de combatientes en el Líbano: “La batalla contra Israel se habría abierto a todos los frentes” se alertó, y “las declaraciones de dirigentes islámicos hacen prever acciones en el futuro próximo”. “Algo grande” iba a ocurrir e Israel no iba a poder determinar el momento ni el lugar de la represalia. “Ahora es nuestro turno y Hezbolá tiene muchos hombres como Muhammad Nur Al Din”, señalado como el conductor suicida que destruyó la embajada en 1992. “Tal declaración sugiere firmemente que el Hezbolá incluso está considerando utilizar un coche bomba en venganza del ataque aéreo israelí”, concluyó el parte recibido.

“Esperen a julio. Cuando pase no van a tener dudas sobre a qué nos estamos refiriendo”, se alertó en base a “una alta fuente” de Hezbolá, sobre la ofensiva que se preveía. Y en la región, la inteligencia chilena y la uruguaya reconocieron haber sido advertidas también por los israelíes sobre un posible atentado contra sus embajadas o una institución judía. Fue así que unos días después, la SIDE intervino los teléfonos de la embajada de Irán en Buenos Aires y de su Consejería Cultural, a cargo de Rabbani desde marzo. El Mossad había ordenado el monitoreo y la inteligencia argentina derivaba la grabación de las conversaciones en farsi directamente a los israelíes porque, por entonces, no contaba con traductores. Esas cintas jamás serían recuperadas.

En “30 Días” reseñé el raid desplegado por los acusados del atentado a la AMIA, detallando qué se informa que hicieron esos días y qué hacían las agencias estatales que los tenían como objetivo, a propósito de los hallazgos en los archivos desclasificados y la numerosa documentación sobre esas tareas que comenzaron a realizarse de manera intensiva.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para prevenir el segundo atentado, teniendo en cuenta el de dos años antes, y siendo que la SIDE tenía conocimiento de la posibilidad de un nuevo ataque del mismo grupo que era objeto de sus medidas de vigilancia: “El Estado conocía de una situación de riesgo real e inmediata sobre los sitios identificados con la comunidad judía y no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo. De esta forma, el Estado violó su obligación de prevención y por tanto es responsable de la violación a los derechos a la vida y a la integridad personal en perjuicio de las víctimas del atentado”.

Pero además la Corte Interamericana condenó a la Argentina por no haber cumplido con su deber de investigar ni el propio atentado, ni su posterior encubrimiento, en el que intervinieron las mismas agencias de gobierno: “El Estado utilizó su propia capacidad e institucionalidad para desviar la investigación. De esta forma, se combinaron problemas estructurales, una falta de voluntad política y un actuar doloso de agentes estatales para obstaculizar la investigación, lo que impide, casi 30 años después del atentado, conocer la verdad de los hechos y sancionar a sus responsables”.

Un reciente informe de la UFI AMIA encargada de la revisión de la documentación desclasificada, ha develado que ya unos días después de ese atentado, la SIDE contaba con suficiente información sobre la actividad desplegada por los libaneses que ahora serán juzgados, la identificación concreta de Salman Raouf que ocultó, el rol desplegado hasta su salida del país el mismo día del ataque y dónde se encontraba ya unos días después. Esa precisa información cargada con detalle en su base de datos y a la que asignaron un código de “alta valorización”, “probablemente verdadera” y “proveniente de una fuente completamente confiable”, no fue nunca aportada en sede judicial.

En “30 Días. La trama del atentado a la AMIA” (Editorial Planeta), reseñé también las operaciones de la inteligencia con destino a presentar acusaciones falsas contra un grupo de funcionarios iraníes a quienes se endilgó haber participado en el ataque. Y esa actividad ilegal se complementó con el armado de acusaciones falsas también sobre otros libaneses distintos de los sospechosos, e incluso contra algunos ciudadanos argentinos que estuvieron por años detenidos sin haber tenido ninguna participación en los hechos. Todo en el marco de la acreditación, por cualquier medio y sin límites legales, de una “versión unificada” que los gobiernos de Argentina e Israel coordinaron para presentar a la opinión pública ya al otro día después del ataque, según también documenté.

Ahora, tres décadas después, Argentina se dispone a juzgar a los acusados. “Es importante subrayar, sin que lo siguiente anticipe un criterio, que la declaración de apertura del juicio en ausencia, no implica una convalidación automática de todo lo actuado hasta aquí”, aclaró el juez federal Daniel Rafecas, encargado del caso: “El juicio en ausencia, por más limitado que sea, aún así sigue siendo una herramienta que permite, al menos intentar conocer la verdad, reconstruir lo ocurrido y, sobre todo, darles a quienes representan a las víctimas, un lugar para expresarse públicamente en ese proceso”. “Un juicio no garantiza certezas, pero sí abre una posibilidad. La posibilidad de que el fiscal intente probar lo que sostiene. La posibilidad de que se escuchen todas las voces. La posibilidad de que los hechos, por fin, salgan a la luz”.

La tragedia de los dos atentados terroristas suicidas en Buenos Aires lleva ya más de 30 años y la Argentina está obligada a remover los obstáculos que los mantienen aún en la impunidad total.