En el complejo escenario que atraviesa la universidad argentina, los diagnósticos suelen desviarse hacia lo accesorio. En el laberinto de desafíos que enfrenta la universidad argentina, el debate recurrente sobre la eficiencia administrativa o la duración de sus carreras a menudo eclipsa un problema fundamental: la crisis salarial del cuerpo docente y no docente. Reducir esta problemática a una mera cuestión de “gestión” o “ideología” es un diagnóstico superficial que ignora la raíz del problema y condena a la educación superior a un deterioro progresivo.

“No podemos hablar de mejoras si nuestros profesores no pueden cubrir la canasta básica”. Esta afirmación, tan sencilla como contundente, debería ser el punto de partida de cualquier discusión seria. Plantear que la autonomía universitaria se usa para “ideologizar” el sistema es, además de una simplificación peligrosa, una negación del verdadero escenario global: hoy un físico argentino compite con sus pares de todo el mundo, y lo hace en base a la calidad de su producción científica y académica, no a su afiliación política.

El problema salarial es más profundo que un número al pie del recibo de sueldo. La estructura salarial es compleja, con una jerarquía de cargos que va desde ayudantes hasta profesores titulares, cada uno con diferentes niveles de dedicación y requisitos de formación. La carrera docente es exigente, requiere formación constante y concursos públicos. Sin embargo, incluso aquellos que demuestran mérito y dedicación se enfrentan a salarios que no reflejan su esfuerzo ni su preparación.

El propio gobierno ha reconocido, al vetar la ley de financiamiento universitario, que en apenas dos años los salarios docentes perdieron más de un 40% de su poder adquisitivo. Ese retroceso no solo golpea la vida cotidiana de los trabajadores universitarios: erosiona la motivación, deteriora la enseñanza y amenaza la calidad de la investigación.

Algunos insisten en que los problemas de la universidad derivan de su ineficiencia o de la politización de sus órganos de gobierno. Pero desde la Reforma de 1918, la universidad argentina es cogobernada por sus claustros con reglas claras de participación. El obstáculo central no es cómo se toman las decisiones, sino la falta de recursos para llevarlas a cabo.

La baja tasa de graduación, la deserción estudiantil o la limitada dedicación docente son problemas reales, que el propio sistema universitario reconoce, pero no se resolverán con soluciones mágicas ni con recetas de mercado. Solo un financiamiento adecuado permitirá sostener becas, mejorar infraestructura, impulsar investigación y garantizar salarios dignos que aseguren dedicación plena a la enseñanza, la extensión y la ciencia.

La Ley de Financiamiento Educativo, aún con sus limitaciones, representa un primer paso para revertir el estado crítico actual y reconoce ajustes por inflación para salir de esta situación. Su veto no es un gesto administrativo: es la confirmación de que el reclamo universitario sigue sin ser escuchado.

Es hora de aprender de los errores del pasado. No podemos repetir las políticas que ya han demostrado ser ineficaces en la educación básica, ni recurrir a los mismos que ya la destruyeron. Hoy más que nunca necesitamos un debate serio y un plan de financiamiento sostenido que priorice la calidad de la educación superior como política de Estado. La pregunta es si el Gobierno asumirá esta responsabilidad antes de que sea demasiado tarde. La crisis universitaria ya está en marcha y la falta de salarios dignos amenaza con convertirse en su estocada final. Ignorar esta realidad sería un error imperdonable, que comprometería el futuro de la educación y el desarrollo del país.