La frontera entre crimen organizado, Estados Nacionales y Fuerzas Militares incluso con despliegue continental se perciben difuminadas, en extremo lábiles; bandas criminales transnacionales, ejércitos regulares y ejecuciones sumarias, ponen en jaque la seguridad global, reconfigurando el orden mundial y desafiando al derecho público internacional,

La seguridad global atraviesa una transformación profunda. La línea que separaba a los Estados nacionales, los ejércitos regulares y las organizaciones criminales se ha vuelto difusa, dando lugar a escenarios híbridos donde las reglas tradicionales del derecho internacional parecen cada vez más vulneradas.

La seguridad internacional ya no puede leerse únicamente desde la lógica que imperaba en el siglo XX en pleno desarrollo de la Guerra Fría, basada en la confrontación entre Estados soberanos y ejércitos regulares. Desde los años noventa del siglo pasado, la ONU impulso el concepto de nuevas amenazas, tales como migraciones masivas, pobreza extrema, catástrofes humanitarias, terrorismo, narcotráfico y crimen organizado transnacional. Estas amenazas se distinguen por una característica central, son intermésticas, es decir que se desarrollan tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales, siendo algunas de sus características las de no reconocer soberanías y actuar con extrema flexibilidad. Su poder no deriva de tanques ni bombarderos, sino de redes invisibles, corrupción política, control social y la capacidad de adaptarse a múltiples escenarios y moverse en las sombras de la globalización.

Un analista de la Universidad de Georgetown lo resume diciendo que hoy el principal enemigo de la seguridad global no tiene bandera ni uniforme, sino que se esconde en redes descentralizadas que funcionan como corporaciones multinacionales del delito.

El caso colombiano ilustra la metamorfosis de los conflictos armados. La desmovilización de las FARC y la firma del tratado de paz en el año 2016 no significó la desaparición de la violencia. En muchos territorios, los espacios dejados por la guerrilla fueron ocupados por estructuras criminales como el Clan del Golfo, que heredaron las rutas del narcotráfico y hasta funciones de justicia comunitaria. El gobierno colombiano respondió con una estrategia militar de gran escala, estrategia que ha sido ampliamente cuestionada por distintos actores siendo la crítica recurrente que las Fuerzas Armadas cuando se involucran en funciones propias de los aparatos policiales, generan tensiones constitucionales y aumentan el riesgo potencial de violaciones a los derechos humanos.

Algo similar ocurre en México. La militarización de la lucha contra los carteles ha derivado en graves episodios de violencia, sin reducir significativamente la oferta de drogas hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Además, la corrupción sistémica ha llevado a que incluso diversos generales a lo largo de los últimos quince años se encuentren investigados o encarcelados por nexos con el narcotráfico y en dicho contexto por la comisión de crímenes aberrantes, en algunos casos extremos, contra la humanidad.

El resultado es una mutación de la violencia puesto que, ya no se trata de insurgencias con banderas basadas en distintas ideologías, sino de redes puramente criminales que gestionan territorios, financian campañas políticas y moldean la vida cotidiana de comunidades enteras, afectando directamente la seguridad pública y democrática que todo estado de derecho debe garantizar a sus ciudadanos.

En muchos países, la debilidad institucional ha generado lo que los expertos llaman “Gray Zone / zona gris” o lawless áreas (zona sin ley). Se trata de espacios donde el Estado ha perdido el control y donde el crimen organizado se convierte en una autoridad paralela, suplantando al Estado, ofreciendo justicia, seguridad o incluso asistencia social. En esas zonas, la legalidad se fragmenta y se instalan nuevas formas de gobernanza, bajo control criminal. Ejemplos recientes incluyen el control territorial del Tren de Aragua en Sudamérica o la expansión global de grupos como el PCC (Primer Comando de la Capital) brasileño, el Clan del Golfo en Colombia y mafias extrarregionales como la ’Ndrangheta italiana, o la recientemente detectada Mafia Foggiana que comienza a destacar como socio estratégico y violento del Balkan Cartel (Mafia Albanesa) en el trasiego europeo de la cocaína procedente de Sudamérica. Recordemos que, en Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho han extendido su influencia desde las cárceles hasta los puertos y aeropuertos, gestionando flujos de drogas y activos ilícitos hacia Europa y África. En Venezuela, el Tren de Aragua ha aprovechado la diáspora migratoria para expandirse a países como Perú, Chile y hasta los Estados Unidos de Norteamérica, operando en trata de personas, extorsiones y homicidios.

En estas áreas, el crimen organizado llega incluso a reemplazar funciones estatales, organizando tribunales para resolver disputas, distribuyendo alimentos o medicamentos, y estableciendo reglas de convivencia. Este fenómeno, además de socavar la legitimidad estatal, plantea un dilema ético: ¿qué sucede cuando comunidades enteras dependen del crimen para sobrevivir? La respuesta impacta por su violencia; el Estado no existe.

Los Estados Unidos de Norteamérica han impulsado en los últimos años la designación de ciertos carteles como organizaciones terroristas, entre ellos los carteles Mexicanos y el llamado Cartel de los Soles Venezolano. Esta estrategia responde a la creciente interconexión entre narcotráfico, financiamiento ilícito y acciones violentas de carácter terrorista.

Tras los atentados del 11 de septiembre del año 2001, quedó en evidencia que células terroristas financiaban sus operaciones a través de actividades propias del crimen organizado, basadas en contrabando, falsificación de documentos o tráfico de armas. La frontera entre terrorismo y narcotráfico, por tanto, se volvió difusa; sin embargo, esta política estadounidense es polémica; para algunos analistas, sirve de justificación para la militarización de la seguridad en América Latina y habilita operaciones unilaterales que ponen en riesgo la soberanía de los Estados. Venezuela, por ejemplo, niega la existencia estructurada del Cartel de los Soles y denuncia que esa narrativa busca legitimar una intervención militar; sin embargo, la evidencia sobre las actividades de este grupo criminal de conexiones probadas con estructuras terroristas chiitas, siguen acumulándose.

La creciente intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico ha generado consecuencias graves. Los informes de organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional alertan sobre abusos en operativos militares, tales como detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

El caso más controvertido del último año ocurrió en el Caribe, cuando la Marina estadounidense hundió una lancha procedente de Venezuela con 11 supuestos narcotraficantes a bordo. Para el Pentágono fue un golpe directo al narcotráfico; para Caracas, un asesinato de ciudadanos. La operación, rodeada de secretismo, reabrió el debate sobre las ejecuciones sumarias ya que, como es bien sabido, el derecho internacional prohíbe el uso letal de la fuerza sin el debido proceso. La Convención de Palermo contra el Crimen Organizado y la Convención de Viena sobre estupefacientes establecen mecanismos de cooperación judicial, no de eliminación física de sospechosos. Expertos en derecho internacional advierten que este tipo de acciones constituyen violaciones a la soberanía y socavan la credibilidad de los tratados multilaterales. Además, lejos de disuadir al crimen organizado, suelen provocar reacciones violentas y aumentar la inestabilidad regional.

La militarización de la seguridad interna no ha reducido el poder de las organizaciones criminales, si no que, en muchos casos ha intensificado la violencia, consiguiendo el efecto contrario. En México, los homicidios aumentaron durante la llamada guerra contra el narco iniciada en 2006; mientras que, en Colombia, el desplazamiento forzado y las economías ilegales siguen en ascenso. El crimen organizado, altamente adaptable, encuentra siempre nuevas rutas y mercados, evolucionando del narcotráfico a la ciberdelincuencia, de la falsificación a la trata de personas. Su capacidad logística y financiera rivaliza con la de multinacionales legales, mientras que los Estados enfrentan burocracias fragmentadas y limitaciones presupuestarias que dificultan la lucha contra estas estructuras delictivas.

La paradoja es clara, hasta aquí los productos de las políticas estatales (más militares, más cárceles, más incautaciones) resultan menos efectivos que los productos generados por las redes criminales (ganancias, expansión y poder político).

El escenario híbrido actual tensiona los cimientos de las democracias puesto que la corrupción, la cooptación de partidos políticos y la infiltración de los poderes judiciales minan la confianza ciudadana. Al mismo tiempo, recurrir a la fuerza militar para involucrarlas en tareas de seguridad interna, dispara la posibilidad de erosionar las garantías básicas a la vez que, abre la puerta a potenciales violaciones sistemáticas de los derechos humanos producto de la letalidad incita a la praxis actuarial de las Fuerzas Armadas, pues en esencia, su ámbito de empeñamiento es la guerra y no el conflicto securitario de carácter ciudadano. En este contexto, el derecho público internacional se ve desafiado; conceptos como soberanía, territorialidad o debido proceso parecen perder vigencia frente a la lógica de la guerra global contra el crimen. Sin embargo, la experiencia muestra que las respuestas unilaterales y militarizadas no han resuelto el problema.

La alternativa, según especialistas, pasa por fortalecer las instituciones estatales, promover la cooperación internacional basada en la confianza y transparencia, a la vez que, desarrollar políticas públicas ancladas en evidencia y no en preconceptos basados en sesgos ideológicos. La sociedad civil –periodistas, académicos, organizaciones sociales– cumplen un rol clave para exigir rendición de cuentas y evitar que, en nombre de la seguridad, se normalicen prácticas contrarias al derecho internacional, sean estas cometidas por el estado o consentidas por él.

El mundo enfrenta un tablero de conflictos híbridos donde actores estatales y no estatales se confunden, donde la violencia se ejerce tanto con fusiles como con algoritmos, y donde los intereses criminales pueden capturar la política nacional. La tecnología ha abierto nuevas formas de gestionar conflictos, llegando a lo que se denomina guerra híbrida. Cuando hablamos de la hibridación de conflictos, nos referimos a la posibilidad del uso de una amplia gama de métodos diferentes para atacar a un enemigo, oponente u adversario, como la difusión de información falsa o el ataque a sistemas informáticos relacionados con infraestructuras críticas, además de, o en lugar de, la acción militar tradicional.

Esta complejización de los ámbitos criminales requiere del correlato político, a los efectos de generar las herramientas y sinergias adecuadas que respalden y auxilien en el marco del derecho, tanto a los organismos actuantes como a las fuerzas de seguridad intervinientes.

En este escenario la gran pregunta es, si las democracias podrán defenderse sin renunciar a los principios que las sostienen. El riesgo es que, al combatir al crimen organizado con métodos que vulneran derechos humanos y tratados internacionales, los Estados terminen debilitando aquello que dicen proteger.