El fuerte aumento de las multas de tránsito en la Argentina tiene una explicación que no siempre aparece en los titulares: el parámetro por el cual se calculan las sanciones no es arbitrario, sino que está establecido en Unidades Fijas (UF). Ese índice se actualiza de acuerdo con el precio de la nafta súper en estaciones de servicio oficiales de YPF.
En la Provincia de Buenos Aires, la UF se ajusta cada dos meses, lo que implica que las multas crecen bimestralmente al ritmo del aumento en los combustibles. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, el ajuste es semestral.
Así, en septiembre la Unidad Fija aumentó en PBA a $1.606 y en CABA a $798,51. El resultado es un esquema en el que una de las infracciones más típicas, como es un exceso de velocidad, puede costar $120.000 en CABA y $240.000 en PBA. La diferencia entre ambas jurisdicciones se debe a que en CABA toman el valor de medio litro de nafta para determinar el valor de la Unidad Fija, mientras que en PBA toman el valor de un litro completo.
El ciudadano que llena el tanque también ve crecer el valor de su infracción, aun cuando su ingreso no se actualice con la misma velocidad. Así, la multa pierde su carácter pedagógico y se transforma en una pena indexada, atada a la volatilidad de los precios.
Un sistema desigual y complejo
Cada jurisdicción define no solo cómo se actualiza la UF, sino también al cuánto tiempo prescriben las multas y cómo se hacen los descargos. En algunos casos prescriben a los dos años, en otros recién a los cinco (como es el caso de CABA y Provincia de Buenos Aires).
Conductas que se repiten, sanciones que recaudan
Los listados oficiales muestran siempre las mismas infracciones en el podio: exceso de velocidad, estacionar en lugares prohibidos, no usar cinturón, cruzar en rojo. Son conductas que responden más a hábitos de conducción y a la falta de controles que a un verdadero desprecio por la norma. Sin embargo, constituyen una de las mayores fuentes de recaudación de muchos municipios.
El verdadero desafío
Como abogados especializados vemos que la política actual se apoya en el “castigo caro” más que en la educación vial. Pero la experiencia demuestra que lo que modifica conductas no es una multa de millones, sino el control efectivo, la prevención sostenida y la transparencia en el uso de lo recaudado.
Mientras tanto, las multas siguen indexadas al precio de la nafta y el ciudadano se pregunta si paga para mejorar la seguridad vial o para tapar agujeros fiscales.
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