La hoja de ruta de ingreso a la OCDE

El proceso de ingreso a la OCDE nos enfrenta a ciertos desafíos que redundarán en definitiva en el cumplimiento de metas de integridad y transparencia. El control gubernamental no es ajeno a dicho proceso sino, por el contrario, tiene un rol fundamental.

Los compromisos asumidos a nivel internacional al adherir la República Argentina a la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (Ley N.º 25.319) y a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley N.º 26.097), nos imponen desafíos en materia de control gubernamental en el proceso de ingreso a la OCDE.

En definitiva, es el interés público lo que está comprometido en las actividades de control, y esto no solo impacta sobre el análisis de metas y objetivos de las actividades del gobierno, sino además en la detección de desvíos.

Pero focalicemos sobre este segundo aspecto que tiene impacto directo sobre la transparencia. Hoy nuestro ordenamiento jurídico solo permite a los servicios de auditoría realizar controles posteriores, salvo contadas excepciones en el marco del cumplimiento de tareas asignadas en la Ley de Bases N.º 27.742. En efecto, los órganos de control deben tomar una intervención previa y excepcional en los casos de: a) renegociación o rescisión de contratos; b) dictamen previo a la celebración de acuerdos transaccionales que surjan de una controversia o reclamo administrativo, judicial y/o arbitral; c) participación en los procesos de privatización total o parcial de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional que hayan sido declaradas “sujeta a privatización”.

Actualmente la detección por parte de las auditorías de los desvíos en los procesos de compras y adquisiciones del Estado se realiza de manera ex post. Es decir, cuando ya ha sido generado el perjuicio.

La tendencia creciente a nivel internacional radica en la adopción de sistemas que permitan un control concomitante y excepcional, así como también la utilización de herramientas como la IA para emitir alertas en casos de ser detectado un desvío. La limitante es no asignar al auditor la calidad de coadministrador.

A modo de ejemplo, la República de Colombia en su reforma constitucional ha implementado este sistema, el cual ha generado un pronunciamiento de su máximo tribunal limitando el ejercicio del control concomitante para evitar que se considere una coadministración por parte de los auditores.

La utilización de las herramientas surgidas producto de la cuarta revolución industrial deviene también esencial a la hora de realizar las tareas propias de la auditoría. Concretamente, el uso de la inteligencia artificial en los procesos de auditoría se convierte en una gran aliada para lograr la tan mentada integridad y transparencia del actuar estatal.

Un ejemplo de ello lo encontramos en la República Federativa de Brasil, que ha implementado un sistema de inteligencia artificial con capacidad de monitorear el cien por ciento de las compras de bienes y servicios gubernamentales.

El sistema Alice (acrónimo de analizador de licitaciones, contratos y avisos) nace como necesidad para realizar un control de los procesos licitatorios de dicho Estado producto del caso conocido como Lava Jato. El sistema de auditoría Alice permite tener control sobre los procesos de compras y adquisiciones gubernamentales en todas las etapas del proceso y sobre su totalidad. Pero este sistema no reemplaza a la auditoría, sino que simplemente emite alertas frente a desvíos que son utilizadas como fuentes de información para realizar auditorías.

Tanto la eventual implementación de un control concomitante y excepcional (plasmado en el proyecto originario de la ley bases) como la introducción de la IA en los procesos de auditoría, resultan esenciales para dar cumplimiento con los compromisos asumidos por el Estado Nacional en el plano internacional. La implementación de medidas eficaces para la disuasión, la prevención y la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos, ciertamente redundará en una mejora de los estándares de integridad y transparencia en la gestión del Estado. Esto a su vez prevendrá y expondrá la corrupción, generando un efecto positivo sobre el clima para la inversión de capitales productivos.