Los derechos digitales y la reforma constitucional en Santa Fe

En la actualidad estamos transitando la Cuarta Revolución Industrial, la irrupción de la tecnología ha producido un cambio de paradigmas en nuestras vidas que el hombre jamás imaginó y no hay vuelta atrás. La conectividad nos transporta a mundos impensados. El crecimiento imparable de Internet y la aparición de nuevas tecnologías disruptivas que multiplican la capacidad de comunicación y de información, hace que hoy en día lo digital nos invada en todos los frentes. En cierto modo los ciudadanos estamos en la categoría de internet-dependientes.

Y frente a este cambio social, urge la necesidad de proteger los derechos humanos dentro del ecosistema digital. Nadie puede desconocer la existencia de una nueva categoría, la de los derechos digitales.

En este marco, la provincia de Santa Fe se encuentra ante una oportunidad histórica. En diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 14384 de Necesidad de la Reforma de la Constitución Provincial facultando a modificar 42 artículos de alta relevancia para la construcción de un nuevo marco institucional redactando el presente y anticipándose a los desafíos del futuro.

Dentro de la sección Octava al punto d.1.3 “se habilita la discusión en el sentido de incorporar principios en materia de derechos y deberes digitales, ciudadanía digital y gobierno abierto y, de igual forma, contemplar las disposiciones que reconozcan la importancia de la seguridad digital y promuevan medidas contra el cibercrimen”.

Los derechos digitales constituyen la traducción contemporánea de los derechos humanos al entorno virtual. Esto implica asegurar que principios como la privacidad, la libertad de expresión, el acceso equitativo a Internet o la no discriminación sean respetados y valorados con reconocimiento constitucional como pilar en tiempos de algoritmocracia. En otras la palabras, se trata de adaptar los derechos existentes a los desafíos tecnológicos, asegurando su cumplimiento. Ello impacta en el fortalecimiento de la democracia en momentos de transformación digital.

¿Qué derechos están en juego?

Santa Fe ha comenzado a trazar su propio camino en este sentido. El reconocimiento constitucional de estos derechos se vuelve una cuestión de justicia, equidad y desarrollo social. Si bien no existe un listado cerrado ni unívoco, los ejes de debate giran en torno a principios fundamentales que, adaptados al entorno digital, deberían quedar plasmados con jerarquía constitucional. A saber:

• Acceso universal y equitativo a Internet, como condición básica de inclusión social y herramienta para el ejercicio pleno de otros derechos.
• Protección de datos personales, limitando su uso indebido por parte de corporaciones o entidades estatales.
• Acceso a la información pública por parte de los ciudadanos
• Derecho a la desconexión y al anonimato digital, esenciales frente al avance de la hiperconectividad.
• Neutralidad de la red, garantizando el acceso libre y no discriminatorio a contenidos, servicios y plataformas.
• Protección de niñas niños y adolescentes –NNA- en el entorno digital
• Ciberseguridad y derecho a la protección frente a ciberdelitos
• Igualdad algorítmica y no discriminación en entornos automatizados eliminando brechas de acceso al entorno digital
• Identidad digital y herencia digital, con normas claras sobre qué ocurre con los datos y perfiles tras la muerte de una persona.
• Neuroderechos, nueva categoría de derechos humanos que protege la autonomía mental frente a neurotecnologías invasivas e Inteligencia Artificial.
• Educación digital y alfabetización tecnológica, como política estructural para garantizar una ciudadanía crítica que conoce el uso responsable de la tecnología y sus consecuencias.
• Transparencia algorítmica y ética en el desarrollo de IA, estableciendo auditorías, mecanismos de control y límites a su uso en sectores sensibles como salud, seguridad o justicia.
• Gobernanza ética de la Inteligencia Artificial con base sólida en el respeto por los valores humanos que aseguren la transparencia, responsabilidad y la equidad en los sistemas de I.A.

Un marco global que avanza y exige respuestas locales

A nivel internacional, la tendencia es clara: los derechos digitales han sido recepcionados constitucionalmente en diferentes latitudes: El artículo 18.4 de la Constitución Española fue pionero al establecer que el uso de la informática debe ser limitado para proteger los derechos individuales.

Unión Europea ha dado pasos firmes con su Carta de Derechos Fundamentales y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), mientras que México introdujo el concepto de democracia digital en su Constitución reformada en 2017.

Más recientemente, la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales (2023), propuso un marco legal no vinculante para orientar políticas públicas a través de principios comunes al momento de adoptar o adecuar las legislaciones nacionales. Su objetivo: reducir la brecha digital, promover un entorno ético, seguro y sostenible, y garantizar la inclusión plena en el ecosistema digital.

En este contexto, Santa Fe se encuentra en un momento histórico: convertirse en pionera promoviendo políticas públicas y marcos normativos adecuados que fomenten el desarrollo y uso seguro, confiable, transparente, trazable y equitativo de la Inteligencia Artificial, todo en un marco de seguridad jurídica respetuoso de los derechos digitales. Esta nueva etapa implica un posicionamiento robusto en escenarios globales que impactará en el acceso a financiamiento internacional, la instalación de empresas tecnológicas en el territorio provincial, acuerdos de cooperación y estándares de gobernanza digital.

Reformar con participación: el modelo de la quíntuple hélice

Uno de los elementos más innovadores del proceso santafesino debería ser la propuesta de incorporar el modelo de la quíntuple hélice. Esta perspectiva, se logra convocando los cinco actores clave —Estado, sector privado, academia, sociedad civil y ciudadanía— garantizando de este modo una reforma plural, inclusiva y sustentada en el diálogo democrático.

Un diseño institucional que aspire a ser resiliente frente a las disrupciones digitales debe estar abierto a la innovación social, al conocimiento científico y al control ciudadano.

Asimismo el nuevo modelo debe ser proyectado para terminar con la brecha entre derecho y tecnología: en muchos casos, los marcos normativos quedan obsoletos antes de ser aplicados, debido a la velocidad del cambio tecnológico. Esto exige que los textos constitucionales tengan un diseño lo suficientemente flexible para adaptarse a realidades aún emergentes, como la inteligencia artificial general, la computación cuántica o los mundos inmersivos como el metaverso. Es comenzar a diseñar una constitución mirando al futuro.

La protección efectiva de los derechos digitales en las constituciones modernas requiere un compromiso democrático emergente de los valores fundamentales de la sociedad. La Invencible Santa Fe ya ha dado su primer paso.